Repensando La Economía Informal Y Social

Los desafíos de las políticas sociales.

La economía social en los movimientos sociales

Pilar Alzina

El propósito fundamental de este trabajo es pensar la problemática de la economía social que implementan los movimientos sociales y cooperativas para resolver sus necesidades materiales de existencia en la Argentina. Se describen algunas de las políticas públicas implementadas por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011) en respuesta a la crisis socioeconómica, con el fin de reflexionar sobre el alcance de las mismas, sus limitaciones y los desafíos que nos compete a los técnicos de programas sociales, la INAES [Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social], los movimientos sociales, ONGs, cooperativas de trabajo y Bancos cooperativos.

En el marco de las políticas de ajuste estructural implementadas por el Consenso de Washington en América Latina, en Argentina el proceso de transición entre el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo de apertura a las reformas estructurales, modernización y reestructuración productiva, ocasionó la reducción de personal en muchas empresas. En este período, el desequilibrio en el mercado de trabajo se manifestó por la preponderancia del sector informal en América Latina y la desocupación pasó a ser el indicador más preocupante del mercado laboral regional (ver cuadro No 1). Desde la década de 1970 al 2000, en América Latina, los procesos de modernización y reestructuración fueron deteriorando el trabajo formal, estable, regulado por leyes y convenios colectivos y transformando las relaciones laborales en precarias, temporales e inseguras (Muñiz Terra, 2009). Según las estadísticas de la CEPAL los altos índices de desocupación en América Latina y en particular en Argentina comienzan a aumentar a partir de la década de 1980.

Por dicha razón también comienzan a crecer los índices de sub-ocupación, informalidad y aumento de la precarización laboral.

En el 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, el 17,8% de la población económicamente activa argentina (personas que tienen entre 18 y 65 años)1 buscaba trabajo de forma persistente2. En esa coyuntura se implementaron diversas políticas públicas con el objetivo de generar ingresos en

la población vulnerable. El énfasis de inclusión social y “transferencia de ingresos condicionada” distingue las políticas desde el 2003 en adelante. De acuerdo a las estadísticas suministradas por el Ministerio de Trabajo, a ontinuación se detalla la evolución anual de cantidad de beneficiarios por

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Si se compara la tasa de desocupación media de la población de la Argentina -detalladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL) - durante el 2000 y el 2004, se observa que la misma representó en el 2000 el 15,1% de la población y en el 2004 el 13,6%, cifra que fue disminuyendo progresivamente hasta el 2010, que alcanzó el 7,7% de la población de ambos sexos3.

Las estadísticas mencionadas en el cuadro No 2 por el Ministerio de Trabajo, referentes a los programas gubernamentales de transferencia de ingresos por plan dan cuenta de la intención del gobierno Kirchnerista de reintegrar al mercado a los trabajadores expulsados por las políticas neoliberales de la década de 1990. A pesar de los fuertes impuestos a los grandes productores del campo, de la existencia de diversas políticas públicas y de los esfuerzos por mejorar el nivel de vida, la distribución del ingreso entre la población más pobre y la más rica no ha sufrido grandes cambios desde el período 1999 y 2010, ha pasado de un 40,7 % en 1999 a un 38,5% en 20104.

Las políticas sociales diseñadas e implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se plantean como objetivo el desarrollo local, regional y nacional a partir de las capacidades territoriales, sociales, humanas, técnicas, institucionales y culturales que están presentes en los movimientos sociales, organizaciones civiles, mutuales, etc. En el análisis que emprendieron diversos

investigadores sobre las formas productivas llevadas a cabo por cooperativas y emprendimientos se presentan diversas problemáticas, entre ellas se encuentran: limitaciones para adecuar los espacios físicos de los emprendimientos a los requerimientos legales; falta de buenas instalaciones de gas, electricidad, transporte; necesidades de capacitación en comercialización y los obstáculos que imponen las normativas vigentes para gestionar y acceder a créditos. La simplificación para el acceso a programas sociales, capacitaciones y financiamientos podrían facilitar los mercados alternativos y

el intercambio de experiencias entre cooperativas (Elgue, 2006; Coraggio, 2009; Alzina, 2012). Otros investigadores señalan la falta de vinculación entre organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales,

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