Respeto A La Autoridad

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Es la creencia compartida que cada persona tiene sobre la responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en un Estado de derecho. En una sociedad así, se espera que la gran mayoría de las personas conozcan las leyes y sus derechos, estén dispuestos a aceptar y acatar la Ley, rechazar el comportamiento ilegal y apoyar las instituciones del Gobierno. La Policía Nacional debe propender por el respeto y fortalecimiento del Estado de derecho (principio en el que todos los miembros de una sociedad están gobernados por leyes establecidas con la participación ciudadana.

La cultura de la legalidad hace referencia a las ideas, actitudes, expectativas y opiniones que se forman en la persona con relación a la ley. Se constituye como la red de valores y actitudes que determinan el grado de aceptación y subordinación de los individuos a la ley. Así, es la fuente inmediata del cambio legal, en cuanto abarca los pensamientos e ideas que actúan como motivos o incentivos del comportamiento legal, el comportamiento orientado hacia o en contra de las reglas jurídicas, las instituciones del derecho y el uso o no de la ley.

Formación de la cultura de la legalidad es entonces el conjunto de acciones concientes, desarrolladas en las instituciones educativas con vistas a enseñar y aprender el sentido y el alcance del entorno legal y en consecuencia a obedecer y respetar el orden establecido en la sociedad en que se convive. Es por eso que se define como objeto de investigación: el proceso de formación de la cultura de la legalidad.

En el presente trabajo se pretende realizar una caracterización epistemológica de este proceso en particular, de forma tal que puede establecerse un marco teórico referencial para una futura modelación del mismo y en consecuencia estar en condiciones de elaborar instrumentos que permitan gestionar dicho proceso en los diferentes niveles de enseñanza de nuestro país.

La formación de la cultura de la legalidad

La legalidad es un componente indispensable en la vida de toda sociedad democrática. En un Estado de Derecho el imperio de la ley demanda la subordinación a ella de todos los poderes estatales, así como de todos los ciudadanos, para asegurar que se tome en cuenta el interés general y que no se ejerza el poder de forma arbitraria y voluntarista.

En este sentido, la formación ciudadana que debe desarrollarse en los sistemas educativos nacionales no puede prescindir del conocimiento y respeto de las leyes que regulan la convivencia social y política, así como de las instituciones y los mecanismos que la Constitución establece para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.

Por tanto, los ciudadanos, para participar activamente en los asuntos públicos, deben desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los conduzcan a la adhesión voluntaria y racional a aquellos principios éticos que orientan la convivencia social y la participación ciudadana.

Según Peces Barba4 el Derecho es un medio de socialización o de seudoculturización fuerte, basado en el consenso y en la coercitividad a través de las sanciones y penas que puede imponer, pero su utilización exclusiva, sin otras medidas más profundas, es incapaz cuando falla el consenso y sólo queda el uso de la fuerza. Este consenso del cual se hace referencia por este autor debe ser fruto del convencimiento, de la adhesión razonable a los valores principales del sistema legal, desde la idea de dignidad humana hasta las de libertad, igualdad y solidaridad y sus concreciones; como la tolerancia, el rechazo de la violencia y la defensa de la solución pacífica de los conflictos. En la formación recta de las conciencias, que es condición de la comprensión sobre el valor de la obediencia al derecho, la educación se convierte entonces en un instrumento indispensable.

La educación, facilitando la formación y la información, prepara al hombre para participar de forma activa en la sociedad. Es una forma central de socialización, es decir, de inserción de la persona en los valores y en la cultura de una determinada sociedad, dotándola de una preparación adecuada para servir a la sociedad y para realizarse en su profesión. Es por ello que en el ideal educativo también se sitúa como prerrogativa el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Así, la educación tiene, junto a su misión en la formación de cada persona, de su razón y de su sensibilidad, una misión complementaria, pero no menos importante de inserción de la persona en la sociedad y en las instituciones políticas.

En consecuencia, se busca por medio de la formación de la cultura de la legalidad que los ciudadanos se apeguen voluntariamente a la legalidad y se convenzan de su utilidad para vivir junto con otras personas con necesidades y derechos similares, pero compuesta de igual forma de una diversidad digna de respetar; asimismo, que desarrollen una actitud crítica frente al desempeño de sus representantes en la vida pública y sepan emplear los mecanismos que la propia ley les otorga, para hacer cambios que contribuyan al mejoramiento social.

El término cultura de la legalidad suele ser confundido con la denominación de cultura jurídica, siendo ambas categorías elementos diferentes. Cuando se habla de cultura jurídica se hace referencia al conjunto de conocimientos que se derivan de la existencia misma del Derecho como objeto real del conocimiento, y que se relacionan con el contenido técnico-profesional que ha de desarrollarse en una formación especializa del profesional de las Ciencias Jurídicas. Es decir, la cultura jurídica se identifica con el contenido particular, objeto del proceso de enseñanza aprendizaje del jurista, que requiere de estudios más rigurosos y profesionalizantes en relación con las exigencias particulares del ejercicio de la profesión.

Mientras tanto, la cultura de la legalidad es una noción más general, no tan específica del conocimiento de las normas de Derecho y sus instituciones. Trasciende al objeto de estudio del Derecho como profesión, y se extiende a un ámbito más sociológico en cuanto implica el grado de conocimiento general que debe poseer cada ciudadano sobre el sistema legal y su funcionamiento, sin que necesariamente sea un abogado. Este conocimiento resulta relevante en cuanto el Derecho, como ciencia y profesión, es una de las disciplinas que más trascendencia tiene en la vida del hombre. El Derecho es parte de la misma esencia de la naturaleza humana; concierne, incumbe, afecta a todos los campos de la vida; pero además, el Derecho es una herramienta poderosísima de cambio social. Dada su importancia, el Derecho ha de ser

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