Rol del Estado frente al estallido social

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Rol del Estado frente al estallido social

Introducción:

Este documento abordara el rol del estado frente al estallido social, pero en esta ocasión ahondaremos en las razones de crisis por las que se inició el estallido social de octubre de 2019 en nuestro estado, el presente informe buscara ahondar en la interacción de los bajos niveles de confianza institucional y la prolongación de la crisis social, justificando que las solicitudes y descontento que se evidenciaron en esa situación venían arrastrándose por largos años y que responden a una crisis de confianza en las instituciones. Por ello, buscaremos contestar en primera instancia que es la confianza institucional, en segundo sitio que es la corrupción y qué interacción tiene con la confianza institucional y como tercer sitio, indagar la interacción entre la carencia de confianza institucional y la igualdad política. Este trabajo se compone de 4 razones de crisis e indagar la relación entre la falta de confianza institucional y la estabilidad política. Primero abordaremos una crisis de participación, si bien la presencia de los chilenos a las urnas venía decayendo a un ritmo constante gracias a los requisitos de inscripción voluntaria en los registros electorales y voto obligatorio- la colaboración se desplomó para las elecciones de 2012, año en que entró en vigor el sistema electoral de inscripción automática y voto voluntario. Esta reforma produjo un efecto que no fueron resultados muy positivos ya que hubo un declive bastante importante de la colaboración electoral.  En segunda una crisis de representación. Los Mandatarios electos vienen reduciendo sus apoyos si se estima el total de votos conseguidos por cada uno en funcionalidad poblacional en edad de votar, a medida que su gobierno va avanza la aprobación hacia ese candidato elegido su aprobación baja considerablemente. En tercer lugar, hay una crisis de confianza en las instituciones de orden público y de orden social. Me refiero, prácticamente, a Carabineros y con la Congregación Católica a esto le agregamos la sensación negativa sobre la diferencia entre ricos y pobres. Por último, agregamos que hay una crisis de la probidad pública y privada, a consecuencia de los escándalos de corrupción que vincularon a políticos con empresarios en el marco del financiamiento irregular de campañas, sumándose casos de corrupción en Carabineros, Fuerzas Armadas, y casos de colusión empresarial en zonas susceptibles como la ingesta de alimentos, los medicamentos, y por último no olvidar la colusión del Confort.

El 18 de octubre del año 2019 Los movimientos sociales se generaron por un descontento que existe de parte de la ciudadanía chilena hacia la constitución de 1980 elaborada por la dictadura militar encabezada por el General Augusto Pinochet, el estado chileno ha hecho oídos sordos durante décadas a las problemáticas sociales. Las personas marchan por tener derecho una a la educación gratuita y de calidad, salud de calidad, por la desigualdad económica, la ciudadanía esta cansadas de la mala gestión de sus fondos de pensiones.

Sebastián Piñera quien era el presidente electo en el momento del estallido social, declaro esta de excepción y estado de sitio a lo largo de todo el país, con la excusa de frenar los saqueos a los supermercados y mantener el orden social. Saco a los militares con rifles a defender a los privados.

El exministro del interior Andrés Chadwick Piñera solo duro 10 días después del estallido social, “El otrora secretario de Estado fue acusado de haber omitido acciones para evitar violaciones de los Derechos Humanos y haber infringido la Constitución y las leyes transgrediendo derechos durante el estado de excepción desde el 18 de octubre. Los parlamentarios aprobaron los dos capítulos del libelo”. (Bonanic Cristóbal, 2019)

Luego de la renuncia del ex ministro del interior Andrés Chadwick asumió el nuevo ministro Gonzalo Blumel, quien le toco impulsar el acuerdo por la paz y la nueva constitución. 

Bajo el eslogan Chile despertó, millones de individuos en todo el territorio salieron a las calles a expresar su inconformidad y desacuerdo con el trato que, a lo largo de décadas, los gobiernos de la concertación y la derecha, por medio de sus políticas y programas, han quebrantado a las clases sociales más débiles, económicamente hablando; o sea, la clase media, la asalariada. (Jiménez Cesar, 2020).  No es un secreto el grado de diferencia que existe en Chile, una de las naciones con peor repartición del ingreso en el mundo, es aquí cuando las políticas públicas toman el rol de

El 18 de octubre del año 2019 se vivió en Chile uno de los momentos más críticos que se pueden vivir dentro de un país en democracia. Un estallido social que se generó principalmente “una serie de demandas y peticiones ciudadanas que durante mucho tiempo estuvieron presentes en la palestra publica, pero que no fueron atendidas con la urgencia y dedicación necesaria por parte de los distintos actores políticos” (cámara de diputados, 2020) las manifestaciones dejaron muchos daños estructurales a diferentes órganos del estado en donde fue quemado el congreso, bancos, micros, comisarias, y supuestamente las estaciones del metro dijeron que fueron incendiadas por manifestantes encapuchados, de lo cual todos sabemos que no es cierto debido a que existen videos en donde se ve claramente como un personal de Carabineros de Chile le prende fuego a uno de los vagones del metro.

“De las 136 estaciones del metro de Santiago, 118 sufrieron daños y, dentro de ese grupo 32 fueron incendiadas según el diario. Según Humans Right watch, 18 personas murieron durante los primeros días de manifestaciones y la Fiscalía investiga otras 8 muertes adicionales. De acuerdo las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (IDNH), las jornadas de protestas dejaron hasta el día 6 de diciembre de 2019, se notificaron 352 personas con daño ocular debido al lanzamiento de escopetazos con perdigones de goma, a lo que se suman denuncias de abuso por parte de las autoridades policiales”. (Morales Mauricio, 2020).

El ahora presidente Gabriel Boric tuvo que añadir algunos proyectos a su agenda de gobierno relacionadas con hacer cambios en la constitución, desigualdad, medio ambiente, modernización del Estado y prevención de abusos, y muchos más proyectos que van en respuesta de las manifestaciones que se realizaron en el segundo periodo presidencial del expresidente Sebastián Piñera.

La política pública va enlazada con la relación entre estado, justicia constitucional, constitución y derechos primordiales los cuales podemos encontrar en los nuevos proyectos de ley y reformas constitucionales, como la Nueva Constitución que fue dada gracias a las demandas del pueblo en el estallido social. Boric en su programa de gobierno dice que las crisis sanitaria, económica, social y climática han revelado la necesidad de tener una visión feminista en todos los puntos de las políticas públicas, pues han acentuado la fragilidad de la vida y la diferencia. Es por esto que cualquier régimen que se caracterice como antineoliberal y que apueste por conducir el territorio en el próximo lapso, debería tener en cuenta el feminismo como una visión transversal en todo entorno, y un mínimo para la obra democrática y para la desconcentración del poder económico y político. En su programa de gobierno también destaca la siguiente reformar el estado para mejorar los servicios inclinarse a un Estado capaz de desarrollar políticas públicas pensada de manera integral, de la mano con las y los burócratas públicos, que incorpore a la ciudadanía, y que inclinarse a la Digitalización de sus procesos aspirado a la autodeterminación de la información, para que así los individuos decidan quiénes procesan sus datos, bajo qué situaciones y con qué objetivos. De esta forma, buscamos hacer ocupaciones alrededor de las próximas materias:

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