Sistema Penal Y Control Social

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Bolivariana de Venezuela

Misión Sucre Aldea Caura

Puerto Ordaz, Estado Bolívar

FASE V: Sistema Penal y Control Social

Facilitador: Participantes:

Prof. Abg. Simón Almundaraín Yudith Esperanza Arenas González

P.F.G: Estudios Jurídicos C.I. Nº 9.359.238

U.C: Delitos y Exclusión Social José Manuel Morales Ramírez

C.I. Nº 4.580.839

Semestre: IX Carmen Cecilia Sucre Sánchez

Turno: Nocturno C.I. Nº 15.317.564

Ciudad Guayana, 20 de noviembre de 2013

FASE V Sistema Penal y Control Social.

I.- Definición y análisis reflexivo del Sistema Penal como forma de control social.

Comencemos por preguntarnos ¿Qué es el control social?

El control social es una serie de mecanismos institucionalizados o no (formales o no formales) que van a regular la vida y la conducta del individuo en sociedad. El control social varía de acuerdo a la estructura de poder que tiene una sociedad determinada y de acuerdo a ciertas variables que, básicamente, vienen desde el poder y la ideología imperante y puesto que van a existir grupos dominantes y dominados, con sectores más o menos alejados a los centros de decisión y conforme a la estructura presente, se controlará socialmente la conducta de los hombres.

Dentro del control social no formal se encuentran los medios masivos de comunicación, el ámbito familiar, los rumores, las modas, la cultura y las costumbres, que hacen y forman a la persona desde que ésta toma conciencia de sus actos.

Paralelamente, tenemos un control social formalizado, representado por las instituciones del Estado que tienen como objetivo el control de la sociedad, estamos hablando de los poderes del estado, ejecutivo, legislativo, judicial y, además, la policía. Igualmente, tenemos al Sistema de Administración de Justicia que tiene como uno de sus componentes al Derecho Penal en sí mismo y a las instituciones encargadas de hacerlo efectivo: tribunales y sistema penitenciario.

El Sistema Penal (policía, jueces, personal penitenciario, etc.), que forma parte del Sistema de Administración de Justicia, es o debería ser una herramienta del Estado para el control social institucionalizado punitivo y es a través del Derecho Penal que el control social se formaliza, vale decir, que las infracciones normativas obligan, no solo a dotarlos de un poder sancionatorio especialmente intenso, sino también de una forma especial de actuación (control social) que constituye la formalización para determinar su misión. Entonces, el Derecho Penal debe proteger, a través del control social formalizado, los intereses humanos fundamentales.

El Sistema Penal es la parte del control social que resulta institucionalizado en forma punitiva y con discurso punitivo. Es el conjunto formado por el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Sistema Penitenciario, que en la práctica abarca desde que se detecta, o supone que se detecta una sospecha de delito, hasta que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo una actividad normalizadora que genera la ley que institucionaliza el procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los casos y condiciones para actuar.

II.- Subsistema de Administración de Justicia Penal

La Administración de Justicia Penal debe entenderse como un sistema conformado por múltiples elementos cuyo objetivo de su interacción es servir para la correcta determinación jurídica final de si se ha verificado o no la condición que legitima al Estado para la imposición de una sanción jurídica-penal.

Uno de los elementos centrales del sistema de Administración de Justicia Penal son las Normas Reguladoras del Trámite Procedimental pero es justo reconocer la presencia de otros elementos que deben coexistir junto a estas normas si se quiere una justicia penal eficiente.

El tema de la eficiencia de la Administración de Justicia Penal es sumamente complejo, pasa por diversos requerimientos. En un principio, incluso desde un plano aparentemente extraprocesal, se debe reparar en las normas jurídicas de Derecho Penal material a cuya aplicación se pretende proveer.

El funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia Penal no es una actividad sencilla, por el contrario es sumamente compleja, son muchos los factores que necesariamente tienen que confluir para lograr una Administración de Justicia Penal eficiente, requiere de un uso racional de la potestad estatal de la creación de prohibiciones penales, su uso indiscriminado resulta perjudicial para la eficiencia que se pretende, pues producirá una sobrecarga en el sistema procesal, con disminución de sus reales posibilidades operativas.

La actual Administración de Justicia Penal en Venezuela resulta inoperante para la realidad que vive el país y ello ha conllevado a la búsqueda de las reformas del instrumento penal.

Ante la situación de crisis por la que atraviesa la Administración de Justicia Penal en Venezuela y en razón de los profundos cambios que de índole político, económico y social han hecho variar todos los aspectos de la vida nacional, como lo son un incremento en el auge delictivo, debido a la aparición de nuevas conductas delictivas y el incremento de la inseguridad ciudadana.

2.1.- Causas de la Crisis de la Administración de Justicia Penal

• Instrumentos Normativos Deficientes

• Falta de Idoneidad de los Funcionarios Penales Estatales

• Falta de Capacidad Jurídica y de Conocimientos Auxiliares

• No existe una Selección Adecuada de los funcionarios

III.- Subsistema de Policía

La Policía es una institución pública, de función indelegable, civil, que opera dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los tratados y principios internacionales sobre protección de los derechos humanos, orientada por los principios de permanencia, eficacia, eficiencia, universalidad, democracia y participación, control de desempeño y evaluación de acuerdo con procesos y estándares definidos y sometida a un proceso de planificación y desarrollo conforme a las necesidades dentro de los ámbitos político territoriales en el ámbito nacional, estadal y municipal.

Carácter público y de función indelegable: La policía se entiende como una instancia de prestación estatal que debe contribuir significativamente a garantizar la seguridad ciudadana

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