Sistema Seguridad Social

Sistema de Seguridad Social en Chile.

La historia demuestra que Chile ha sido pionero y visionario en América latina en variadas materias de Seguridad Social y cómo ha evolucionado hasta las reformas de los años 80. El actual modelo chileno de seguridad social ha sido “exportado” o “adoptado” por muchos países de la Región y de otros continentes; incluso en los medios especializados a nivel internacional se habla del “modelo chileno de seguridad social”.

La Seguridad Social en Chile es antigua. En el Siglo XIX se conformaron diversas mutuales por iniciativas de distintos grupos de trabajadores para financiar prestaciones colectivas. En la década de 1920 surge la Seguridad Social moderna con programas estatales financiados con aportes obligatorios provenientes de la productividad del trabajo y de impuestos generales. En esa década surge una de las leyes más importantes, la Nº 4.054 del 8 de septiembre de 1924, la del seguro obrero obligatorio fue la primera en su tipo en América Latina y se inspiró en la legislación alemana de 1883 (von Bismarck). Esta Ley, estableció asistencia médica, otorgaba medicamentos, atención dental, subsidios de enfermedad, atención maternal y un sistema de pensiones, entre otras prestaciones. Con el tiempo han ido surgiendo una amplia gama de programas que cubren los diversos riesgos lográndose así una extensa cobertura individual, algunos fueron en sus inicios promovidos por gremios empresariales, para luego ser elevados a la categoría de seguros sociales universales (p.ej. asignación familiar, prestaciones de salud para empleados). Además, la Constitución Política del Estado garantiza a todas las personas el derecho a la Seguridad Social y que la acción del Estado se dirija a garantizar el acceso a todos los habitantes a las prestaciones básicas uniformes.

La Seguridad Social está sustentada en una serie de principios, en base a los cuales el legislador organiza los beneficios sociales para lograr una cobertura eficaz en la población: “Universalidad”; “Equidad”; “Solidaridad”; “Oportunidad”; “Atención Integral”; “Eficacia y Eficiencia”; “Calidad”; “Integración y complementariedad (subsidiaridad)”; “Atención descentralizada”; “Participación y control social”.

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Historia

Chile, influido por los acontecimientos sociales que en su época convulsionaron a Europa, es uno de los primeros países latinoamericanos en implantar un sistema general y obligatorio de Seguridad Social, circunstancia que lo convierte, también, en el primero en sentir los efectos de los desequilibrios provocados por una estructura inorgánica y dispendiosa de instituciones y beneficios, consecuencia de un modelo de desarrollo que privilegiaba, al menos en lo formal, el avance social antes que el crecimiento económico.

Una mirada retrospectiva sobre las ideas que fueron dando forma a las prestaciones sociales y a sus instituciones gestoras, permite distinguir períodos bien definidos en la evolución de los sistemas de protección social en el país: el primero, en el que se manifiestan programas de ayuda basados en la beneficencia pública, especialmente para la atención médica y hospitalaria de los más pobres y que, por extensión, revestían formas rudimentarias de asistencia social con leve participación del Estado. Más tarde –en la medida que el país se industrializa– surge un segundo período, donde se introducen los seguros sociales puestos en práctica por naciones más avanzadas, en un proceso que se caracterizó por la superposición de estructuras institucionales y legales y su desvinculación de la realidad económica nacional. Posteriormente, consecuencia de la crisis que afectó al sistema de seguridad social, se inicia un período de diagnóstico y de debate sobre las causas que la originaron, reformulándose los programas y racionalizándose su gestión. Finalmente, se llega a la etapa en que el país adopta un modelo propio, sustentado en la libertad de elección y en el esfuerzo de ahorro de las personas, delegando su administración en la empresa privada.

Modernización del sistema

Un modelo renovado de Seguridad Social se empieza a difundir entre los sectores laborales y empresariales, a través del documento denominado, “Estatuto Fundamental de Principios y Bases del Nuevo Sistema de Seguridad Social”. Este documento configura un sistema en que la obligación del Estado de ofrecer una Seguridad Social integral a sus habitantes se vincula con la necesidad de alcanzar altas tasas de crecimiento económico y adecuados niveles de empleo.

El Estatuto describió las contingencias que cubriría el sistema, estableciendo como regímenes básicos los de medicina social, pensiones, asignaciones familiares, subsidios por interrupción temporal del trabajo, indemnizaciones por retiro, crédito social, bienestar social, prestaciones asistenciales y beneficios de adscripción voluntaria. Si bien las proposiciones contenidas en este Estatuto no se transformaron en norma legal, tuvieron el mérito de formar conciencia sobre la necesidad de los cambios que posteriormente se implantarían.

Paralelamente, se introducen sustanciales reformas orientadas a promover el desarrollo de un mercado financiero competitivo y eficiente, compatible con una economía de mercado, lo que más tarde será fundamental para la inversión de los recursos generados por los Fondos de Pensiones.

Por su parte, el Estado reorienta su acción en materia social concentrando sus esfuerzos en los sectores más desprotegidos y delegando en los privados, aquellas actividades que puedan ser ejecutadas eficientemente por estos. La Seguridad Social deja de ser considerada como instrumento para redistribuir ingresos, función que se empieza a cumplir, a través de un sistema tributario que privilegia la inversión por sobre el consumo y que grava proporcionalmente con mayores impuestos a las rentas más altas. El aparato productivo empieza a adoptar sus decisiones en función de un mercado emergente en el que cada vez con mayor intensidad se concentran las decisiones en las personas. En este marco se producen en 1980 las reformas a los regímenes de pensiones y de salud, en cuya estructuración se incluye cambios que habrán de innovar profundamente el enfoque sobre el rol tradicionalmente asignado a la seguridad social.

Así, mediante la publicación del Decreto Ley Nº 3.500, en noviembre de dicho año, nace el nuevo sistema de pensiones basado en un régimen de capitalización individual, que faculta a sociedades privadas para participar en la administración de los Fondos de Pensiones en un esquema de libre competencia. Los fondos deben ser invertidos en las instituciones e instrumentos del mercado de capitales expresamente indicados por ley.

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