Trabajadores bancarios

Al promulgarse la Ley Federal del Trabajo en 1931 con el carácter de reglamentaria del artículo 123 constitucional se estipuló que no todos los trabajadores se encontraban protegidos por tal disposición, y en tal sentido la Ley expresamente excluyó de su normatividad a los trabajadores al servicio del Estado, a la vez que hacía surgir el concepto de trabajadores especiales, con el fin de establecer limitaciones al ejercicio de los derechos laborales de ciertos sectores de trabajadores.

Además de los criterios adoptados por el legislador de 1931, la Ley Federal del Trabajo quedó abierta a la posibilidad de que algunos trabajadores se vieran sujetos a reglamentos especiales al margen de la propia ley.

En 1937, a seis años de promulgada la Ley Federal del Trabajo, su normatividad no se aplicaba a los trabajadores de la banca y era notoria la inquietud que dicha situación generaba. La Asociación de Banqueros de México, temiendo una expresión violenta de las demandas de lo trabajadores, decidió presentar al presidente Cárdenas un proyecto de reglamento para ser puesto en vigor con fundamento en el artículo 237 del Código Laboral.

Los empresarios bancaros fueron los primeros en reconocer que las relaciones laborales con sus trabajadores quedaban encuadradas en la Ley Federal del Trabajo y que, por tal razón, en el momento en que se hiciera exigible este derecho tendrán que reconocerles el derecho de asociación profesional, contratación colectiva y huelga.

Sin embargo, los empresarios no podían aceptar lisa y llanamente el ejercicio de los citados derechos, sin intentar la posibilidad de eludir su responsabilidad patronal; por lo que el principal argumento que esgrimieron se fundaba en a crisis económica por la que atravesaba el país, el hecho de que las operaciones de la banca se realizaban con dinero ajeno y el de que el mercado de crédito existente significaba el 80% de la circulación monetaria.

El 15 de noviembre de 1937 se expide el Reglamento del Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Auxiliares, conforme al Decreto de la misma fecha expedido por el presidente Lázaro Cárdenas, con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, que faculta al Ejecutivo para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observación”.  

Dicho reglamento resultó inconstitucional en todo sentido, desde el acto que le dio origen, toda vez que el Ejecutivo no tiene la facultad para legislar en materia laboral, dicha facultad es exclusiva del Congreso de la Unión, hasta la inconstitucionalidad de su fuente y contenido.

Por lo que al analizar estas circunstancias se denota que la función de dicho Reglamento fue servir como instrumento de control sobre un sector de la clase trabajadora en tanto que niega el derecho de los trabajadores bancarios a la sindicación y, consecuentemente, a la contratación colectiva y al ejercicio de la huelga, por otro lado, ni siquiera las condiciones individuales de trabajo que contempla este  reglamento compensan la pérdida del ejercicio de los derechos colectivos, toda vez que al empresario bancario le es potestativo prescindir de la fuerza de trabajo a su servicio sin que el trabajador despedido pueda optar, en los términos de la fracc. XXII del artículo 123 constitucional, y del art. 47 de la Ley Federal del Trabajo, por la indemnización o reinstalación si su despido fue injustificado, pues la única sanción para tal supuesto es la condena al pago de la indemnización correspondiente.

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