USO LEGÍTIMO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR LA FUERZA PÚBLICA
Enviado por Maria Caceres • 1 de Septiembre de 2019 • Informe • 1.493 Palabras (6 Páginas) • 264 Visitas
USO LEGÍTIMO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR LA FUERZA PÚBLICA
Es muy común ver que los funcionarios utilizan las armas de fuego con el fin de hacer cumplir la ley, pero no sabemos si es correcto hacer uso de estas en cualquier situación. Algunas veces podemos notar que las autoridades realizan actividades en las que llegan a abusar de su poder, ya sea golpeando o intimidando con las armas. Por esto es necesario saber en qué situaciones pueden hacer uso de estas.
La policía y las fuerzas militares son los funcionarios que están encargados de velar y hacer todo por las personas, para que estas se sientan seguras y estén en un ambiente agradable en donde no teman. La ley nos dice que las armas son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la Fuerza Pública, las cuales serán utilizadas con el único objetivo de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público […]” Esto se encuentra tipificado en el artículo 8 del decreto 2535 de 1993.
La fuerza pública solo puede obtener el permiso del porte de las armas de fuego si es para defender el estado o mantener el orden de la sociedad, pero es necesario recalcar que no en todas las situaciones que maneje la fuerza pública se podrá hacer el uso de estas, la autoridad debe tener presente que ante cualquier situación deben primar los derechos humanos y se debe hacer lo posible para que estos no sean vulnerados. También es importante saber que los funcionarios no pueden portar o utilizar cualquier tipo de arma de fuego, deben tener ciertas características para que su porte y uso sea legal.
Todos sabemos que la mayoría de veces cuando los funcionarios recurren a la fuerza es para protegerse a sí mismos y a terceros, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Pero lo a todos nos genera duda es si esa fuerza utilizada debe cumplir con los requisitos de la legítima defensa del derecho penal, a saber, utilizar un medio necesario o racional para repeler el ataque antijurídico, o si en realidad las autoridades deben utilizar proporcionalmente la fuerza a la luz de los estándares requeridos por el derecho público. Este artículo propone que a raíz de las obligaciones de derechos humanos a las que el Estado argentino se ha sometido, el funcionario policial debe utilizar proporcionalmente la fuerza. Consecuentemente, éste deberá ser el criterio prevalente al analizar el actuar policial.
El uso de la fuerza o de armas de fuego para hacer cumplir la ley es, obviamente, una medida extrema. Esta afirmación se desprende de la naturaleza del derecho a la vida como derecho humano fundamental. Desde luego, en un conflicto armado la situación es muy distinta. Conviene, por ende, explicar los principios que subyacen al uso de la fuerza, sobre todo porque algunos de ellos, como los de necesidad y proporcionalidad, se aplican tanto a tareas de mantenimiento del orden como a conflictos armados, pero con significados completamente diferentes.
El uso de las armas de fuego para mantener el orden según el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (CC) y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no son tratados, pero estos ofrecen una mayor orientación sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego. El CC establece normas para las prácticas relativas a la aplicación de la ley que guardan coherencia con las disposiciones sobre las libertades y los derechos humanos fundamentales.
Se deben seguir unos principios esenciales los cuales rigen el uso de la fuerza y las armas de fuego son: legalidad, precaución, la necesidad, la proporcionalidad.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden recurrir a la fuerza únicamente cuando todos los demás medios para lograr el objetivo legítimo resulten ineficaces y el uso de la fuerza pueda justificarse en relación con la importancia del objetivo legítimo que se desea alcanzar. Debe ser necesario y también tener una proporcionalidad.
Así mismo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener moderación al emplear las armas de fuego y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.
Sólo se podrán utilizar las armas y la fuerza necesaria para lograr un objetivo legítimo. El uso de armas de fuego para lograr objetivos legítimos de cumplimiento de la ley es considera una medida extrema y sólo cuando ya se hayan agotado las demás fuentes. Por esto se deben regir por los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las autoridades que deseen portar o tener armas de fuego, deben cumplir una serie de requisitos como lo es la fotocopia de la cédula de ciudadanía y el certificado judicial del representante legal debidamente autenticadas entre otros, y también deben tener en cuenta el decálogo de seguridad de las armas de fuego para su uso. El gobierno no hará entrega de estas sin ningún reglamento y se debe tener conocimiento de este. Algunas veces las autoridades deciden ignorar estos requisitos y hacer entrega de las armas, pero no son conscientes en el momento de las consecuencias que esto puede acarrear y también es de nuestro conocimiento que en muchos de los casos actúan sin tener experiencia ya sea mínima o básica de las armas, lo cual nos lleva a obtener resultados de daños y perjuicios a la comunidad que se encuentra cerca a estos hechos.
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