VELANDO POR UN ORDEN CONSTITUCIONAL

Una vez más nuestro sistema judicial se ve enfrascado en un conflicto de proporciones. Estamos hablando del enfrentamiento entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, al ordenar que ex fiscal Mateo Castañeda Segovia sea designado Fiscal Supremo del Ministerio Publico y anular el nombramiento de las fiscales Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini dada por esta última institución. Eso no sería nada de raro si esta función le correspondiera al Tribunal Constitucional, el caso es que no, según el inciso 1 del artículo 154 de la constitución, la única entidad competente para nombrar, previo concurso públicos de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles es el Consejo Nacional de la Magistratura y no otro órgano. ¿Este acontecimiento seria un “atentado al orden constitucional”? Esta interrogante divide al parlamento, a la población misma, a las demás instituciones privadas y públicas que se encuentran en nuestro país. Hay algunos que denuncia una usurpación de funciones por parte del TC, algunos más radicales que llaman a esto “golpe del estado” y unos que apoyan el rol del TC afirmando que cumple con la aplicación del artículo 59° del Código Procesal Constitucional.

Este conflicto comenzó el 16 de enero del 2012. En esa fecha, el Tribunal Constitucional (TC) estimó la demanda de amparo planteada por el entonces postulante a la Fiscalía Suprema Mateo Castañeda Segovia. Para antes de esa fecha un 19 de mayo del 2011 ya el señor había interpuesto una demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura que se declare la nulidad del acuerdo que resolvió no nombrarlo Fiscal Supremo pese a que ocupo el cuadro de méritos, invocando la afectación de sus derechos al debido proceso.

Finalmente, el pasado 30 de abril, ante la persistente violación de los derechos al cumplimiento efectivo y oportuno de las resoluciones judiciales y a la cosa juzgada, el TC decidió nombrar a Castañeda Segovia como fiscal supremo. Asimismo, anuló los nombramientos de las magistradas Ávalos Rivera y Miraval Gambini, efectuados por el CNM, y como medida de reparación a favor de estas dispuso su reincorporación en plazas presupuestarias que crearía el MEF en coordinación con el Ministerio Público.

Luego del 30 de abril fuimos testigos de una serie de alegatos que están en contra o a favor de la sentencia. De los que dicen que es una “atentado al orden constitucional” encontramos a Samuel Abad Yupanqui, profesor de la Pontífice Universidad Católica del Perú, afirma que se ha incurrido en tres excesos: disponer un nombramiento que no le correspondía, anular la designación de las dos fiscales y ordenar al Ministerio de Economía y Misterio Publico habilitar vacantes presupuestales para re-incorporar a las magistradas Zoraide Avalos y Nora Miraval.

También advierte que el TC desdice y contradice, menciona una candidata del año 2010 que presento un amparo y el mismo organismo dijo que no podía pronunciarse porque dicho concurso había concluido definitivamente. En un portal del internet llamada “LA LEY” citan otro caso de tan solo seis meses atrás presentado por Hinostroza Pariachi, otro postulante que pretendía que se le nombre Fiscal Supremo. La pregunta sería porque la distinción con el Sr. Castañeda, si justo en el último caso los tres magistrados, dos son las mismas personas que sentenciaron el 30 de abril.

Otro exceso a analizar es el ordenar como medida de reparación en coordinación con el titular del pliego Presupuestario del Ministerio Publico y el Ministerio de Economía y Finanzas, habiliten dos vacantes presupuestadas para re-incorporar a las magistradas Zoraide Avalos y Nora Miraval. El MEF nunca participo en el amparo y, en teoría no lo pueden obligar presupuestar dos vacantes

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