Venezuela Y Praxis Politica

Resulta indiscutible que el término de la filosofía marxista para referirse al conjunto de conocimientos o fenómenos de la producción sobre los que se basa la estructura social, viene en auxilio para ensayar una síntesis de lo expuesto en múltiples notas.

Una degeneración del concepto de Estado[i] donde por sobre y en detrimento del bien público –los intereses comunes pautados en el cuerpo de normas de la sociedad venezolana–, en nombre y la práctica del voluntarismo, se imponen los intereses particulares de las individualidades y grupos que operan al interior de la maquinaria de ese Estado, a lo cual se incorporan unas expresiones materiales del crimen y de la criminalidad que operan dentro de una dinámica económica de “ventajas comparativas”, y que activan y mantienen una estructura de producción de bienes y servicios ilícitos al estilo de la más eficiente gerencia empresarial en una estructura funcional integrada de Estado. Crimen y criminalidad, que se alimenta y retro-alimenta del hacer –y dejar de hacer– ilícito del funcionariado.

Indiscutiblemente conforma una praxis que bien poco y nada tiene que ver con la organización y funcionamiento de un Estado en el sentido estricto de la idea que es propia al vocablo. Un Estado que antes que representación y garantía del orden público –por la sostenida conducta de sus funcionarios– viene a constituirse definitivamente en el promotor, propiciador y soporte del desorden público y vulnera severamente la vida y el hacer del ciudadano común, el de a pié. Roto el contrato social, no existe posibilidad alguna para el administrado de convivir pacíficamente, su seguridad, la de su familia y bienes, pasa a ser un problema de dinámica binaria: plata o plomo.

Y la sociedad en su conjunto, en proceso de disolución, absolutamente inerme ante el crimen y la criminalidad cuya praxis en esta situación analizada, es la expresión de Estado[ii].

¿Puede algún experto en política o cualquiera otra rama del saber afín, diferenciar en qué punto, dónde, cuándo es posible separar netamente el hacer y efecto del crimen y la criminalidad con el hacer y efecto de eso que eufemísticamente aceptamos se denomina corrupción?;

¿Cuándo las consuetudinarias matanzas de ciudadanos ejecutadas por funcionarios policiales, son el efecto de la acción de la “corrupción” y cuándo del crimen y la criminalidad?;

¿Viene o no a configurar la acción e inacción del Estado ante estos crímenes en masa, una política de Estado?;

¿Cuándo, de qué forma, en qué momento, bajo cuáles criterios y cómo diferenciar en estos cientos de asesinatos en serie, cuándo se trata de una política de Estado y cuándo lo es, también, del crimen y la criminalidad?;

¿Cuándo y cómo es posible hacer una diferencia neta entre los intereses privados de unos funcionarios del Estado y los de los otros, los operadores del crimen y la criminalidad?;

¿Estamos o no ante la presencia y la acción de un Estado renegado?

Indiscutiblemente: “… La lucha contra la impunidad [resulta] entonces vital para el establecimiento [y la consolidación] de sociedades realmente democráticas… La verdad debe ser esclarecida y socializada como elemento que ayuda a crear memoria histórica y que revindique valores humanistas… los procesos judiciales tienen [entonces] una función de pedagogía política…”[iii].

El Estado

El Estado ha sido y seguirá siendo siempre una creación intangible, inmaterial; es una idea que radicalmente proscribe el instinto como forma de existencia y de preservación de la vida en una comunidad de individuos y que distingue a los seres humanos como superiores dentro del género animal; pero, que sólo es posible captar, entender y llevar a la práctica por sus propios beneficiarios, los ciudadanos, seres, además de humanos, racionales.

La idea y concepto tiene un fundamento evidentemente utilitario, el de poner fin a las luchas del hombre con el hombre y promover una coexistencia humana pacífica y ordenada: “… La sociedad humana existe como consecuencia de un orden que es impuesto por el Estado… adquiere, así, el carácter de una institución fundamentalmente convencional que es creada para imponer el orden y que puede ser disuelta no bien los individuos estimen que ya no presta la utilidad que ha motivado su creación…”[iv].

Viene a ser el Estado la idea occidental sobre la cual se construye primero el andamiaje y luego el sólido edificio del gentilicio y de gobierno de una comunidad de ciudadanos instalada en un territorio –colectivo que, consciente, consistente y voluntariamente, ha superado ya con creces la forma de vida de las cavernas, de la organización tribal y de la feudal–, con miras y con el objeto de alcanzar, en lo interno a ella y a su territorio, un estadio superior de vida en sociedad y alrededor de un aceptado y dinamizado fin común; fuera de ella y su territorio, a la paridad con otras sociedades, gobiernos y Estados.

La soberanía

Para esa idea y concepto el fin de la Guerra de los Treinta Años con la caída del Imperio Romano Germánico y la firma del Tratado de Westfalia (24 de octubre de 1648), significó el principio de lo que hoy es reconocido y aceptado como concepto y función del Estado moderno y soberano. Tres años después de esa fecha, Tomas Hobbes en su texto “Leviatan”, aportaría la asunción teórica de que la soberanía residía en el pueblo y éste, desarrollando de común acuerdo un contrato modelo, desplaza la anarquía que impone el estado natural de las cosas; un contrato voluntario del pueblo a cambio del cual recibe seguridad y orden por parte de esa idea, de ese ente creado, del Estado, quien asume por tanto y a los efectos internos y externos de la sociedad, el monopolio de la violencia.

Ese planteamiento teórico político unido a los de muchos otros autores, entre ellos, Juan Jacobo Rousseau con su Contrato Social, a los de Max Webber luego reafirmando la tesis de Hobbes, y mucho más reciente, ya en el terreno menos teórico y más pragmático, John Foster Dulles –quien en plena cúspide de la Guerra Fría[v] sintetizara algunos de los términos de ese contrato–, nos permiten abordar desde el ángulo del planteamiento ya adelantado a todo lo largo del trabajo, las más trascendentes características de ese Estado moderno occidental.

Son éstas: a) unas leyes que reflejan el juicio moral de la comunidad; b) una maquinaria política que revisa la pertinencia de las leyes en la medida en que las necesidades de la sociedad lo impongan; c) un cuerpo ejecutivo suficientemente capacitado para administrar la ley; d) una maquinaria

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