Vigencia Del Estado De Derecho Democrático En México

Comenzaría por preguntarme si existe el estado de derecho en México, o bien si existen autoridades dispuestas a hacer cumplir ése estado de derecho.

Las libertades, las garantías individuales y los derechos humanos parecen haberse convertido en el pretexto ideal para bloquear calles, agredir a policías y quedar en la mayoría de los casos en la total impunidad.

¿Esto es la Democracia?, me parece que no, el precio pagado por muchas generaciones de mexicanos para ingresar a esta senda, no puede limitarse a expresiones violentas y a que un grupo de individuos con el rostro cubierto y escondidos en la cobardía del anonimato ataquen a la policía quien nada más ni nada menos es la representación de la autoridad.

Las décadas de autoritarismo durante las cuales gobernó el partido que por cierto fue elegido en 2012 por decisión de un 38.21 % (19, 226,784)1 del total de quienes ejercieron su derecho y obligación ciudadana al voto y dicho sea de paso le han permitido estar de regreso al mando de la presidencia de la república, tuvieron un vuelco total, cuando en el año 2000 Vicente Fox Quezada ganara las elecciones presidenciales de ese año, concluyendo con casi 70 años de abusos y excesos.

A partir de los acontecimientos del año 2000, pareciera haber tomado una nueva forma la intervención en la vida política por parte de los ciudadanos mexicanos, aunque parece que todavía no lo suficiente como para defender las instituciones “ciudadanas” encargadas de cuidar y hacer respetar las decisiones democráticas de los habitantes del país. Las organismos y en concreto el Instituto Federal Electoral al igual que los Institutos Electorales de cada estado, parecen ahora estar a las órdenes de los intereses de los partidos políticos y no de los ciudadanos.

En este sentido, restan muchas cosas por construir y consolidar, no solo hacia el interior de los órganos políticos, u organizaciones relacionadas, sino también por parte de la ciudadanía, quien debe asimilar el hecho de la importancia del involucramiento en la toma de decisiones que dan rumbo a la vida económica y social del país.

Quizás debiéramos comenzar por lo más básico, cambiar nuestra actitud indiferente hacia los hechos de nuestros gobernantes, a la consideración de que las cosas pasan por algo, de que el abuso del poder es algo común, que es algo a lo que debiéramos estar resignados.

El espinoso ingreso al camino de la democracia, ha dado la oportunidad de abrir puertas que nos permiten preguntar y cuestionar sobre las acciones de nuestros gobernantes, quienes gobiernan para las personas que les eligieron pero igualmente y esto es importante de señalar, también deben hacerlos para quienes por discrepancias con sus propuestas o ideales, no los eligieron, para quienes no reciben beneficios de los programas sociales, para quienes son ese contrapeso absolutamente necesario mismo que no permite que el uso del poder se convierta en una completa anarquía.

El derecho de acceso a la información pública debe convertirse en una herramienta que nos permita derribar las enquistadas costumbres de quienes componen los gobiernos, de quienes buscan servirse de la ciudanía y no servir a ella.

Si este derecho se ha conseguido, ¡hay que hacer uso de él!, las leyes federales y locales de acceso a la información pública a pesar de sus cuadrados y protectores lineamientos, crean una obligación a los servidores

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