Wirikuta

La biodiversidad es cualquier variedad de vida, esta incluye plantas, animales, hongos, microorganismos que coexisten en un espacio determinado (CONABIO, 2022) y de los cuales, los seres humanos hemos aprovechado para satisfacer necesidades desde antes de la creación de la primer cultura registrada. En un mundo con recursos naturales limitados y con una población en crecimiento, surgirán siempre conflictos socio-ambientales por la obtención, desarrollo, uso, explotación y conservación de estos, en casi todos los casos los efectos de estos conflictos son negativos.

Un conflicto de conservación en general es cualquier problema que tenga relación con el medioambiente y este, abarca algunas problemáticas como el intenso uso de suelo, la conservación de la biodiversidad, de la energía, el uso de combustibles fósiles, construcción de infraestructura (como presas), la explotación de minas, el turismo, el manejo de los residuos y de los recursos hídricos (Arrim, 2020). Gran parte de estos conflictos de biodiversidad son generados por la globalización, el capitalismo, el consumismo, por las posiciones políticas y económicas de cada país o región, que quieren explotar todo a su alrededor,  lo cual tiene como consecuencia la inminente contaminación del medio ambiente, crea violencia, desigualdad social, corrupción, marginación, divisiones étnicas, suscita manifestaciones de diversos grupos defensores indígenas que por lo general son los más afectados por las prácticas de extracción de recursos (Gil, 2021; Keating, M. & Brown, O, 2015)

El presente trabajo, muestra una problemática en específico de conflicto de conservación de la biodiversidad que atañe a México: La minería a gran escala. Los datos muestran que México es el primer productor mundial de minerales como la plata, el décimo en cobre, plomo, fluorita, bismuto, entre otros y en los últimos 22 años, se ha incrementado tal actividad (Tetreault, 2015). Desde 1982, el desarrollo nacional se tornó en el otorgamiento de  incentivos y exenciones fiscales (que siguen vigentes), y por la venta de reservas minerales de propiedad pública a muy bajo precio; en 1990 se promulgó una Ley minera que permitió la liberación del sector minero para que empresas extranjeras exploraran y explotaran los minerales del país, además, se ampliaron los plazos de concesiones de 25 a 50 años; junto con la expedición de Ley de Inversión Extranjera de 1996, se agravaron los problemas del acceso, repartimiento y conservación de los minerales porque estos fueron otorgados sin restricciones, con impuestos bajos, sin procedimientos administrativos y sin leyes ambientales aplicables en la práctica para los inversionistas (Delgado y Del Pozo, 2005).

Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el número de concesiones otorgadas a empresas mineras internacionales aumento demasiado, en 2006 se contaba con 390 y para 2011 sumaron un total de 803, entre esto, se entregó más de una cuarta parte del territorio a estas empresas privadas (López & Eslava, 2011). La propia Ley minera atenta en contra de la conservación de la naturaleza y de sus comunidades indígenas, ya que en su artículo sexto establece que “las actividades mineras tendrán preferencia sobre cualquier otro uso o explotación de la tierra” (DOF, 2022), esto se traduce a que el gobierno Federal mexicano, tiene el poder de expropiar tierras de pequeños agricultores, ganaderos y pueblos con sitios sagrados.

México es un país megadiverso, en especies animales, vegetales, en comunidades indígenas, lo que le confiere un alto valor cultural y biológico, pero su política para distribuir los recursos es ineficiente (como en párrafos anteriores se mencionó), aunque ahí no acaba el desorden de legislaciones y política pública; la Dirección General de Minas tiene registradas y administra casi treinta mil concesiones mineras activas, las cuales hacen actos negligentes, omiten trámites administrativos, hay errores en los nombres de las empresas, existe impago de tasas y existe falta de registro ante el Ministerio de Hacienda (Tetreault, 2005).

Otro punto a tocar es que, mientras que en otros países de Latinoamérica se les obliga a las empresas mineras pagar un porcentaje de sus ganancias al Estado, en México solo se les exige pagar cinco pesos por hectárea durante los dos primeros años de exploración o extracción de minerales (SE, 2012). Hay más omisiones ante organismos tan importantes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988; última reforma 2022), esta establece que las empresas mineras deben presentar un estudio de impacto ambiental antes de realizar cualquier actividad, para después ser aprobada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo cual es muy omitido o hecho a medias.

La minería a cielo abierto destruye por completo los espacios naturales que almacenan minerales, dejando escombros, emitiendo tóxicos a la atmosfera, incluso la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, 2011) afirma que la minería es la responsable del 63% de todas estas emisiones al suelo y agua (solamente del continente americano) ya que se ocupan compuestos químicos para la extracción de minerales en el proceso de lixiviación. Hay una inminente pérdida de la vida silvestre, nativa y endémica, priva a las comunidades de usar la tierra fértil y de agua porque tal actividad ocupa demasiada agua, los explosivos usados generan contaminación sonora y provocan daños estructurales a edificios aledaños.

De todas las formas posibles, el medio ambiente de México está siendo dañado, con ello la salud de los ecosistemas, de las personas, reduce las formas de sustento de las comunidades que habitan en zonas rurales cuyos medios de vida están amenazados por tales proyectos que ocupan tecnologías altamente eficientes y destructivas, lo cual genera escenarios de resistencia como pasa en San Luis Potosí (y en muchos otros estados de la República Mexicana), con el caso de Wirikuta.

Wirikuta es un desierto sumamente rico en especies vegetales endémicas, conserva el 70% de sus aves y el 60% de sus mamíferos (SEGAM, 2019), es tierra sagrada del pueblo indígena Wixarika o Huichol, en donde la leyenda del pueblo dice que nació el sol y por lo mismo camina cada año 500 kilómetros para llegar ahí y recoger jíkuri o peyote, realizan rituales ante sus dioses (Campos, 2018). Wirikuta es el claro ejemplo de que se puede lograr mantener los recursos naturales y a la vez sobrevivir de ellos. En 1994 fue declarado Sitio de Patrimonio Cultural e Histórico y Área de Conservación ecológica, en 2001 fue decretado como Sitio Sagrado Nacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2003)

...