Eña De La Mision

Reseña Histórica de la Misión Sucre

En las últimas décadas del siglo pasado, el Estado Venezolano fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en materia educativa y específicamente en lo que se refiere al nivel de educación superior. De hecho, la inversión realizada en educación superior en Venezuela desde 1989 hasta 1998, evidenció una tendencia descendente, afectada por la propensión a realizar recortes presupuestarios en todos los sectores del ámbito social y, en especial, como una estrategia para construir la viabilidad del proyecto de privatización de la educación superior.

Esto trajo como consecuencia una amplia deuda social acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió un estancamiento, favoreciendo la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres y beneficiando el ingreso a la educación superior a los sectores con mayores ingresos, a la población de las grandes ciudades y a los estudiantes provenientes de planteles privados, la composición social de los bachilleres que ingresaban a las universidades públicas se conformaban, cada vez más y en mayor medida, por ciudadanos provenientes de los sectores socioeconómicos medios y altos de la población, mientras que pocos de los bachilleres pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la población logran integrarse al sistema de educación superior, los cupos universitarios estaban reservados para una minoría, para una elite que además está en contra de permitir el acceso del pueblo al conocimiento, de que los pobres atraviesen los umbrales de las universidades como estudiantes y como egresados, arguyendo que “la universidad no es para todos, porque no todo el mundo es apto para entrar a la universidad.

Tendencia que contraviene el sentido de promoción social que ha de tener la educación y que facilita el incremento de las brechas de inequidad que existen en nuestro tejido social.

A la par de este fenómeno, la educación superior de gestión oficial disminuyó sensiblemente su participación en favor de la educación de gestión privada. Aunque existía el marco legal que comprometía al Estado a proveer al pueblo soberano de enseñanza, siempre fue más conveniente silenciar, enterrar conciencias y reprimir cualquier pensamiento revolucionario.

El maestro Simón Rodríguez (Samuel Robinsón) decía sobre la educación: “está vinculada a la formación de virtudes sociales; amor a la patria, que es el bien común, y amor al trabajo productivo, entendido como actividad liberadora”.

En el pasado, el país no era un bien común; era propiedad de unos pocos, de los amos del valle que entendieron que la única manera de abusar de un pueblo era dejándolo ciego, excluyéndolo, anulando sus derechos y cerrando posibilidades para que adquieran herramientas para reclamar.

Sin embargo, las herramientas existían. La Constitución de 1961 declaraba en su artículo 55 que el Estado debía proveer los medios para que todos pudieran cumplir el deber de estudiar. En el artículo 78 asumía la responsabilidad de crear y mantener “escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes”.

Según estas elites, muchas personas en Venezuela tenían vocación de pobres, y la gran mayoría era inepta para continuar sus estudios. Además los cargaron de culpa, señalándolos por no haber continuado sus estudios, por haber “desertado”; pero no reconocían que nadie aprende en circunstancias de pobreza, de hambre o de violencia; que la mayoría no deserta, ni abandona voluntariamente el saber.

La educación es un derecho humano y un deber social, obligatorio y gratuito, que a la vez constituye la raíz esencial de la democracia. Está orientada al desarrollo pleno de la personalidad para una existencia digna, que transcurra con una valoración ética del trabajo y con una conciencia de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Pero para llevar este concepto a la realidad fue necesaria la presencia de un gobierno humanista, que no estuviera encabezado por empresarios o mercachifles de patrias; al contrario, que fuera consciente de las diferencias abismales entre las personas que comparten la nacionalidad venezolana y estuviera dispuesto a trabajar en ello.

Desde 1999 el Gobierno bolivariano de Venezuela embazado por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha convertido en garante de un Estado de derecho, de justicia, de equidad y de acceso real a los derechos

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