La federalización centralizadora

La federalización centralizadora

En México el establecimiento de un sistema público de educación data de mediados del siglo XIX, cuando las tendencias liberales de la época de la Reforma se impusieron en la Constitución de 1857, la cual asignó la responsabilidad de la educación -que por entonces se limitaba fundamentalmente al nivel elemental- a los estados libres y soberanos que formaban la federación. En el contexto de la Revolución, y probablemente con el propósito de debilitar a los poderes regionales de los gobernadores, como parte de su propia consolidación como Jefe Máximo, Venustiano Carranza, impulsó desde 1915 la municipalización de varios aspectos de la actividad pública, incluyendo la educación, lo que luego se plasmó en la Constitución de 1917, con consecuencias negativas inmediatas para las escuelas, cuya operación regular no podían asegurar los municipios que, en una amplia mayoría, no contaban con recursos suficientes para ello.

En este marco, la iniciativa de Vasconcelos de transferir la responsabilidad de la educación al nivel federal recibió el apoyo entusiasta del magisterio, lo que llevó a la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Poco tiempo después varios estados de la República, incluyendo a los más grandes y poblados, firmaron convenios con el gobierno federal, según los cuales cada entidad mantenía el control del sistema educativo preexistente y seguía asegurando su sostenimiento, en tanto que la SEP asumía la tarea de ampliar el sistema educativo en las áreas previamente no atendidas, que solían incluir las regiones rurales, y luego cada vez más las nuevas colonias periféricas de las ciudades. De esta forma surgieron los sistemas educativos duales (estatales-federales) de una veintena de las entidades federativas mexicanas.

El proceso se interrumpió durante la agitada década de 1925 a 1935, y se reanudó en la última parte del sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, pero con una concepción centralista más marcada, que hizo que las entidades que firmaron convenios con la federación respecto a sus sistemas educativos en esa segunda etapa lo hicieran en términos diferentes, cediendo a la SEP tanto el control de los elementos preexistentes, como la responsabilidad de las futuras ampliaciones de los servicios educativos. Así surgieron los sistemas casi exclusivamente federales de las entidades federativas mexicanas restantes.

Por más de tres décadas, de 1940 a principios de los años 70, el sistema educativo mexicano funcionó así: con un enorme subsistema federal, en las 32 entidades de la República, y una veintena de subsistemas estatales, obligados también a seguir los planes y programas establecidos por la SEP, desde que las modificaciones a la Constitución hechas en el sexenio cardenista confirieron al Congreso de la Unión la facultad de decidir sobre la educación, por encima de los estados de la federación.

El Periodo De 1973 A 1992

Desde la primera mitad de los años 70, las dimensiones y complejidad del sistema educativo nacional hicieron que se planteara la cuestión de su descentralización. Primero a través de medidas prácticas, para que trámites administrativos que previamente solo podían hacerse en la capital del país en lo sucesivo pudieran efectuarse en varios lugares, y luego, en marzo de 1978, con la creación en cada estado de una Delegación de la SEP, que se transformó después en USED (Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar), el proceso avanzó en la forma de varias etapas de desconcentración.

Al comenzar el sexenio 82-88, Miguel de la Madrid anunció que uno de los ejes de su gestión sería justamente la descentralización de la vida nacional, y ofreció en particular transferir a los estados de la República el manejo de sus sistemas educativos, asegurando que ello sucedería sin afectar los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, el sexenio terminó sin que el ofrecimiento de cumpliera.

A mediados del sexenio 88-94, cuando se temía que pasaría una administración más sin que hubiera avances significativos en cuanto a descentralización, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), entre el gobierno federal, los de los 31 estados de la República, y el SNTE, el 18 de mayo de 1992.

Con base en el ANMEB, para diciembre de 1992 la SEP había transferido a los estados del país el manejo de todos los planteles de preescolar, primaria, secundaria y educación normal que anteriormente eran de control federal, que representaban en conjunto unos 100,000 inmuebles, 100,000 plazas magisteriales y de personal de apoyo, y 10,000,000 de alumnos.

Límites Y Alcances

El ANMEB es, sin duda, el paso más importante que se ha dado hasta ahora en un lento proceso que, a lo largo de casi tres décadas, va revirtiendo el proceso opuesto anterior que, a lo largo del medio siglo que transcurrió de 1921 a la primera mitad de los años 70, concentró el manejo del sistema educativo mexicano en el gobierno federal.

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