Los Rios Desembocan

Una nueva norma que entra hoy en vigor les da la posibilidad a las personas naturales de llegar a acuerdos de pago con sus acreedores. El mecanismo solo se podrá usar una vez cada 5 años.

A partir de hoy, declararse insolvente o en quiebra, más que una catástrofe, puede convertirse en el punto de partida para sanear las finanzas personales o del hogar.

Con la entrada en vigor de la llamada Ley de Insolvencia se abre la oportunidad para que los deudores puedan sentarse con sus acreedores a definir acuerdos de pago que les permitan no solo ponerse al día con sus créditos en mora, sino también recobrar su vida financiera.

Aunque el Congreso ya había aprobado una ley para que las personas naturales pudieran declararse en quiebra, tal como lo hacen las empresas cuando tienen dificultades para asumir sus obligaciones crediticias, la Corte Constitucional la tumbó en septiembre del 2011, tras hallar errores en el trámite. El congresista Simón Gaviria, autor de la iniciativa, instó entonces al Gobierno para que la incluyera dentro del nuevo Código General del Proceso, recientemente sancionado por el presidente Santos, que simplifica y acelera las demandas entre particulares.

A este nuevo salvavidas para morosos podrán acogerse quienes incumplan dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días. Para evitar los excesos, establece que solo se podrá hacer uso de la figura una vez cada cinco años.

Banqueros, empresarios y autoridades coinciden en que se trata de una herramienta que traerá beneficios importantes en la medida en que facilitará a las personas el pago de sus obligaciones crediticias en plazos prudentes, y teniendo en cuenta las condiciones económicas del deudor.

NO ES ‘PATENTE DE CORSO’

Sin embargo, han advertido que la ley, bajo ninguna circunstancia, se puede convertir en ‘una patente de corso’ para eludir las responsabilidades y compromisos adquiridos con los acreedores.

En ese sentido, la normativa establece, por ejemplo, que el deudor no podrá haber transferido sus bienes seis meses antes de declararse en insolvencia.

“El mensaje es muy sencillo: es un procedimiento de última instancia para que las personas paguen sus deudas, no solo las financieras.

Es importante que antes de entrar en esos procesos los ciudadanos tengan claro que en caso de no llegar a un acuerdo pueden exponerse a una liquidación de su patrimonio”, explicó el superintendente financiero, Gerardo Hernández.

Para blindar la figura contra los pillos, la ley establece que quienes busquen utilizarla de forma indebida podrán ser sancionados con una pena de hasta de seis años de cárcel.

El presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, asegura que esta normativa abre una inmensa posibilidad para que millones de colombianos se pongan al día con sus deudas vencidas, pues se hizo pensando en ellos, pero

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