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ANTECEDENTES NACIONALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Desde la década de los ochenta y los noventa, en diversas localidades del Perú se ejercieron prácticas participativas en planeamiento, ejecución presupuestaria y gestión de proyectos en un contexto de autonomía y creatividad municipal.

Destacan los casos conocidos de Ilo en Moquegua, de San Marcos en Cajamarca, de Limatambo en Cusco, de Villa El Salvador en Lima Metropolitana, de Huanta en Ayacucho, entre otros. En estos ámbitos comenzó el presupuesto participativo por iniciativa y voluntad tanto política como social de las autoridades y organizaciones populares, no por mandato de alguna ley. Paralelamente, en estas décadas a nivel de América Latina, particularmente en algunos Municipios (Prefeituras) y Estados del Brasil, los presupuestos participativos representaron una gran innovación de los mecanismos de gestión de las políticas públicas descentralizadas, en sus diversos niveles de concepción, metodología y ejecución del presupuesto público.

A través de los procesos del Presupuesto Participativo, se descubrieron e implementaron nuevos mecanismos de planificación de las políticas públicas producidas por la interacción y el encuentro de los conocimientos y aportes técnicos con la sabiduría popular de los diversos sectores de la población.

Con la transición democrática -en el año 2001-, el Perú inicia un nuevo proceso de descentralización con la Reforma Constitucional del Capítulo de Descentralización de la Constitución Política de 1993, Ley No. 27680, normando como parte de las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales, el planeamiento concertado y el presupuesto participativo.

De esta manera, el Perú es el único país cuya Constitución Política reconoce el derecho ciudadano a participar en diversos aspectos del presupuesto público a nivel regional y local.

El análisis y valoración de los avances de las experiencias participativas nacionales, aunado al conocimiento de las experiencias internacionales contribuyeron a que el marco normativo de la descentralización incorpore formalmente dos aspectos clave:

• La participación como uno de los componentes fundamentales de las reformas descentralistas.

• Los presupuestos participativos como políticas de Estado permanentes. Posteriormente, las normas constitucionales fueron desarrolladas por La Ley de Bases de Descentralización, la Ley Marco y Reglamento del Presupuesto Participativo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, así como por ordenanzas regionales y locales. Este marco legal se complementa con los Instructivos del Presupuesto Participativo, que son emitidos anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Es evidente que la transición democrática y el proceso de descentralización generaron un escenario favorable para el desarrollo del presupuesto participativo.

La participación adquiere así el carácter de vehículo de empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas a través de su intervención en las decisiones, pero también contribuye al fortalecimiento de la gestión de los gobiernos regionales y locales en una perspectiva de descentralización del Estado. En este sentido, autoridades y ciudadanos comprenden que tanto el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) como el Presupuesto Participativo deben elaborarse en base a objetivos de desarrollo compartidos, entre los gobiernos regionales y locales en coordinación con la sociedad civil.

• La experiencia de los Presupuestos Participativos como parte de la descentralización, introduce mecanismos abiertos para la presencia de la sociedad civil en la toma de decisiones.

A ello se suma

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