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La igualdad de todos los hombres ante la Ley

Una de las más grandes aspiraciones del liberalismo de los siglos XVIII y XIX fue alcanzar y consolidar la igualdad jurídica entre los hombres. Esto había sido también uno de los principales anhelos de los insurgentes. Recordemos cómo Miguel Hidalgo suprimió la odiosa distinción producida por el sistema de castas imperante en la Nueva España. El Plan de Iguala, por su parte, proclamó que sólo el mérito y la virtud serían la medida para clasificar a los hombres. Sin embargo, tras la independencia, dos estamentos habían logrado conservar y aún fortalecer sus privilegios de grupo: el clero y el ejército. Los intentos reformistas emprendidos por Valentín Gómez Farías en 1833 se vieron frustrados por levantamientos armados, patrocinados por la Iglesia y ejecutados por los militares, quienes utilizaron como divisa la expresión “Religión y fueros”.

Tres décadas después de haber logrado nuestra emancipación de España, la Ley sobre administración de justicia y orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, promulgada el 23 de noviembre de 1855 por el presidente Juan Álvarez, consiguió poner fin a esa injusta desigualdad.

Más ampliamente conocida como Ley Juárez —por ser Benito Juárez, en su calidad de ministro de Justicia, a quien le correspondió refrendarla—, el novedoso ordenamiento, además de establecer el orden administrativo de los tribunales de México, restringió los fueros militar y eclesiástico. Antes de la nueva ley, tanto los miembros del ejército como los religiosos, contaban con un tribunal especial, único autorizado para conocer de las causas civiles y criminales en las que se viera involucrado algún individuo perteneciente a alguna de estas corporaciones privilegiadas. De manera práctica significaba, por ejemplo, que si un arrendatario deseaba exigir a un militar o a un sacerdote el pago atrasado de la renta de un inmueble, o emprender cualquier otro litigio de igual naturaleza, no podía hacerlo ante los juzgados comunes, sino ante un tribunal militar o eclesiástico, en donde, por supuesto, el particular tenía todas las desventajas. En realidad la Ley Juárez no desapareció los tribunales eclesiásticos ni los militares; simplemente prohibió que en ellos se juzgaran asuntos civiles o seculares. También se permitió la renunciabilidad

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