Analisis Critico De Las Decisiones Judiciales

ANALISIS CRÍTICO DE LAS DECISIONES JUDICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES:

En Venezuela la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la Republica por autoridad de la Ley corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimiento que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

El sistema de justicia esta constituidos por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determina ley, el Ministerio Publico, a la Defensoría Publica, los órgano de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.

Los jueces poseen potestad decisoria, que los faculta para resolver la cuestión sometida a su conocimiento, no solamente para ponerle punto final, sino para tomar decisiones durante el curso del proceso en vista a ese resultado definitivo.

Articulo: 2 del Código Orgánico Procesal Penal:

Articulo: 256 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela: Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Públicos y defensores públicos o defensoras publicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por si ni por interpuesta persona; ni ejercer ninguna otra función publica a excepción de actividades educativas. Los jueces y juezas no podrán asociarse entre si.

Articulo: 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El proceso constituyente fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformalidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrifica la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

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