Ardystil

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Pep Espluga

Reconocimiento de responsabilidades empresariales y del Estado en el caso del síndrome Ardystil

El pasado 30 de junio de 2003 se hizo pública la sentencia judicial por el denominado caso del síndrome Ardystil, una de los peores tragedias laborales sucedidas en España y paradigma de cómo puede afectar a la salud la perversa combinación de malas condiciones de trabajo, precariedad laboral y economía sumergida. La esperada sentencia reconoce la clara responsabilidad empresarial en los hechos, así como de las Administraciones públicas que incumplieron su papel de garantes de la seguridad.

Descripción de la problemática

A pesar de que la sentencia judicial se ha dictado en junio de 2003, el caso empezó hace más de una década, a mediados de 1992, cuando diversos trabajadores del sector de la industria de la estampación textil de la comarca del Alcoià (Comunidad Valenciana) sufrieron graves trastornos de salud a causa, en principio, de la contaminación derivada de unas malas condiciones de trabajo, produciéndose la muerte de varios de ellos. Los extraños trastornos de salud fueron englobados bajo el nombre de síndrome Ardystil, en referencia al nombre de una de las empresas en las que más gente enfermó y murió. En concreto, entre febrero y octubre de 1992, hasta 6 trabajadores (5 mujeres y 1 hombre) de las empresas Ardystil y Aeroman murieron por fibrosis pulmonar, mientras que otros 72 resultaron afectados por afecciones pulmonares de diverso grado. Todos los supervivientes han quedado incapacitados para trabajar en ambientes con polvo en suspensión. Se da la circunstancia de que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Las empresas implicadas se dedicaban a la impresión aerográfica de tejidos, y utilizaban unos procedimientos de trabajo consistentes en estampar los tejidos mediante la pulverización de colorantes con pistolas neumàticas. Además, para limpiar las manchas de las telas se usaban otras pistolas eléctricas cargadas con disolventes.

Posición de los agentes sociales

Los distintos agentes sociales coincidieron a la hora de condenar la tragedia, pero discreparon sensiblemente en cuanto a sus causas. A ello contribuyeron las dificultades científicas para identificar un agente causal concreto, ya que las investigaciones partían de la restrictiva hipótesis de que como las muertes se produjeron por fibrosis pulmonar había que centrar los esfuerzos en identificar el agente químico que las produjo.

Los sindicatos, sin negar la intervención de productos químicos en la aparición de la enfermedad, desde un primer momento señalaron como determinante el contexto socioeconómico y las condiciones laborales en las que se habían producido los daños a la salud. Desde su punto de vista, la combinación de precariedad laboral, economía semi-sumergida y deficientes condiciones de trabajo contribuyó decididamente a agudizar y a prolongar el siniestro.

Desde los sectores empresariales, en cambio, se puso el énfasis en la necesidad de encontrar el agente causal estricto (presumiblemente un producto químico) que produjo la enfermedad, como condición básica para poder atribuir responsabilidades. Al mismo tiempo, intentaron en todo momento desvincular los hechos de las condiciones de trabajo y de empleo de las personas afectadas.

Hay que decir que las Administraciones públicas tendieron a compartir esta misma perspectiva, pero el amplio eco que el caso tuvo en la opinión pública española se convirtió en una importante fuente de presión sobre ellas, hasta el punto de que en 1993 el Gobierno, excepcionalmente, decidió la incorporación del síndrome Ardystil como factor de riesgo en la restrictiva lista de actividades y productos que, según la legislación española, dan lugar a enfermedad profesional (de hecho, se trata de la única modificación que se ha hecho en dicha lista desde que fue promulgada en 1978). Por otra parte, las autoridades laborales de la Comunidad Valenciana decidieron cerrar todas las empresas del sector aerográfico textil,

Después de varios años de investigación epidemiológica y toxicológica, sobre todo alrededor de un producto químico (el Acramín, fabricado por Bayer), ni los expertos de la Generalitat Valenciana ni los especialistas del instituto estadounidense consultado (NIOSH), fueron capaces de determinar el factor desencadenante del síndrome. Recientes informes técnicos (Instituto Nacional de Toxicología, INT) sugieren que no puede atribuirse la causa de la enfermedad a uno solo de los productos utilizados para el pintado de las telas, sino a la acción conjunta de los tóxicos presentes en las fórmulas o a la posible aparición de compuestos químicos diferentes a los básicos a partir de su mezcla.

Sentencia judicial

La sentencia judicial ha condenado a 7 de los 10 empresarios procesados, y considera probado que en las 8 empresas implicadas se utilizaban productos químicos peligrosos que se usaban sin las mínimas medidas preventivas ni protecciones personales. La sentencia resalta los nulos conocimientos de los trabajadores y de los empresarios para manipular dichos productos químicos, y considera probado que los graves daños pulmonares están directamente relacionados con la falta de medidas preventivas, así como la exposición continuada a las mezclas de diversos productos químicos. El tribunal argumenta su condena de 6 años de carcel a la

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