Durkhiem La evolución del sector agrario e industrial en los últimos dos decenios estuvo caracterizado por las reformas implementadas en el régimen de convertibilidad.

1)Los denominados procesos de modernización y crisis del estado presentes en la Argentina desde la década del 90 determinaron la configuración de nuevas relaciones sociales así como nuevas formas de control social, se puede observar que a lo largo de este periodo se consolida el proceso de transferencia por parte del Estado hacia las provincias y municipios de ciertas responsabilidades así como formas de regulación, encontrándonos con  un desmonte de una seria de instituciones gestionados por la jurisdicción nacional.

Este proceso descentralizador tuvo consecuencias directas sobre las estructuras económicas de las provincias, generando la desestructuración de los diferentes sistemas nacionales que regulaban el funcionamiento de las economías regionales, podemos observar entonces que se genera una redefinición de la idea de ciudadanía, donde está ya no se entiende únicamente relacionada a nivel nacional, sino que ahora remite a hacia un nivel de respuesta de tipo provincial. El llamado anteriormente ajuste estructural determino nuevas formas  respecto a la administración pública, donde las provincias y muchas veces municipios debieron responder a los grandes sistemas de gestión tradicionalmente de carácter nacional, la salud educación, y seguridad quedando la Nación como diseñadora estratégica y financiadora de los diferentes programas. Debido al carácter financista del Estado Nacional respecto a las provincias y sus respectivos municipios debe entender las limitaciones de este modelo federal como así también las respuestas frente a las crisis.

El anteriormente citado proceso de transferencia de capacidades hacia las provincias y municipios, tuvo una significatividad bastante importante en el estallido social de 2001, puede observarse tal como lo denomina Horacio Cao la consolidación de un proceso donde “la mayoría de las provincias y municipios rediseñaron su gestión de gobierno alrededor de tres prioridades: el pago de sueldos a empleados públicos, mantenimiento de los servicios básicos (salud, educación y  seguridad) y refuerzo del sistema de asistencia social” (Cao,  Horacio,  (2008) La  administración  pública  argentina.). A través de esta cita es entendible como dos de los procesos más característicos de esta época: la desmantelacion de las empresas públicas y las transferencias de servicios a las provincias, generaron la obligatoriedad de aumentar el nivel de respuesta provincial antes las necesidades básicas.  

La modernización de los 90’ significo también y como antes se dijo la reorganización de los sistemas de asistencia pública garantes de los derechos básicos de la población.  En cuanto a la educación, con la aplicación de la ley federal de educación se generó un aumento sustancial de la matrícula y los establecimientos a gestionar por parte de las provincias, este proceso no estuvo acompañado de la correspondiente planificación ni financiamiento necesitado lo cual a largo plazo género un claro deteriore del sistema educativo, vale aclarar que tal como sucedió a nivel nacional la financiación continuo siendo de carácter nacional derogando así las formas de gestión. Por otra parte tal como lo describe Horacio Cao “En el sistema educativo se repiten varios de los elementos citados en el análisis del ámbito educativo: financiamiento casi exclusivamente estatal, y un complejo entramado de actores organizacionales y una amplia presencia territorial” (Cao,  Horacio,  (2008) La  administración  pública  argentina)

 A nivel municipal podemos observar un considerable nivel de heterogeneidad, donde al igual que las provincias muchos gobiernos podrían encuadrarse dentro de un denominado patrimonialismo, donde la transferencia  de poder hacia estos sectores por parte del Estado configuro una distribución dentro de la misma donde priorizan los objetivos personales. Cabe decir también que debido a la incapacidad nacional y provincial de satisfacer las necesidades de la población el proceso de ajuste estructural termino dando a los municipios un carácter protector sobre la ciudadanía viéndose reflejado el mismo en la reelección de muchos de los intendentes bajo el estallido social.

El concepto de ciudadanía no se vio únicamente modifica por la transformación y de legación de los espacios históricamente administrados por el Estado Nacional, si no que la modernización revistió un marco dentro del cual se buscó la ampliación e individualización de los derechos de las personas. Tal como lo expone Sidicaro “En 1994 la reforma constitucional pactada permitió a todas las entidades electorales encontrar beneficios, a la vez que las actualizaciones incorporadas al texto de la Constitución mejoraron los derechos de la ciudadanía” (Sidicaro, Ricardo (2003) Consideraciones sociológicas sobre la transición a la democracia argentina (1983- 2013).  La autonomía otorgada a las provincias y municipios, junto con los procesos de profesionalización y privatización de las empresas publicas conllevaron a un marcado proceso de fragmentación social dentro del cual se configuraron nuevas formas de protesta social así como un consecuente cambio en las políticas de control social. La formación de nuevos métodos de protesta social junto con la irrupción del capitalismo global en la argentina propicio la generación de nuevas formas de control social, en correlato a la apartamiento del Estado en la vida política de la ciudadanía, nos encontramos así con un donde el Estado deja de lado su papel regulador de las relaciones contractuales y a la privatización de los seguros de accidentes de trabajo y sistema previsional.

Otro aspecto clave dentro del andamiaje desarrollado en los 90 respecto a la perdida de representación ciudadana refiere a la política asistencial que sufrió un doble proceso: el de descentralización y focalización. La cuestión de la pobreza en esta época estuvo marcada por una representación diferente a la imaginada por los procesos industrializadores en la Argentina, la misma se entendió como un problema social, pero distintas a los procesos de creciente desempleo, los sistemas de protección social y el nivel de los salarios los cuales estaban únicamente determinados por el factor económico de la oferta y la demanda. Nos encontramos con una tensión inherente a un concepto jurídico reconocedor de los derechos de los ciudadanos y otro concepto económico estructurador de la desigualdad dentro de la población. En concordancia de lo antes expuesto se entiende que “la profundización de la pobreza y la indigencia por la aplicación de las políticas heterodoxas de cuño neoliberal implicó no sólo la transformación de la lógica de funcionamiento del Estado en materia económica sino, y particularmente, en las dimensiones política y social” (Pautassi, 2010: 28).

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