Edipuerta

Intimamente ligado al problema legal dentro de los procesos de informalización de la economía, se encuentra el de los tributos. Contrariamente a lo que ha sido la tendencia generalizada en nuestro país, las modernas corrientes de la economía parecieran apuntar a que no es necesario aumentar la recaudación de impuestos para poder asegurar los recursos que permitan la aplicación de la Ley. Para ello, pareciera ser el primer paso la simplificación del sistema legal. Aumentar los impuestos resultaría ingenuo, si lo que se persigue es erradicar la economía informal, ya que el incumplimiento de las leyes tributarias y la evasión fiscal no son las causas del problema sino sus consecuencias, siendo que la informalización de la economía proviene, justamente, de esa misma complejidad del sistema jurídico nacional, tal y como lo hemos señalado con antelación. Es necesario detener el círculo vicioso que se produce mediante las formas indirectas de subir los impuestos, representadas éstas por el alza de los precios y el aumento de la inflación, lo que no contribuye a salir de los problemas económicos ni mucho menos a facilitar la aplicación de la Ley, sino que, por el contrario, dificulta los intentos organizados de salir de la crisis que aqueja nuestro país. Aspectos Socioeconómicos:

La informatización de la economía en Venezuela es uno de los síntomas de los tantos problemas económicos que han minado la capacidad de respuesta y superación del venezolano común en los últimos veinticinco años. Es, por tanto, el resultado de un proceso de descomposición generalizado que alcanza todos los ámbitos del quehacer nacional.

Como ya lo hemos apuntado, los aspectos jurídicos y el tributario no inciden en el problema planteado de maneras aisladas, sino que conforman un engranaje de relaciones que atañe también al aspecto socioeconómico de la realidad venezolana.

La “formalidad” impone sobre la sociedad unas cargas tan onerosas que resulta imposible sufragarlas, haciéndolas inoperantes e infuncionales y deslegitimando las distintas leyes que regulan la actividad económica del país. Esto hace que a la gente que desea trabajar legalmente se le imposibilite costear las exigencias de la legalidad, viéndose obligados a actuar al margen de la misma.

Este fenómeno se ha presentado en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, todas caracterizadas por sistemas de seguridad social deficientes, por garantías y derechos constitucionales que se agotan en el texto fundamental y con una molestosa obligación subrepticia de pagar infinidad de dádivas a aquellos que gestionan los trámites supuestamente necesarios para legalizar y formalizar las actividades que desarrollan, causando un encarecimiento injustificado de estos elementales procedimientos. De esta manera, la gente se ve obligada a desviar su productividad y trabajar al margen de la Ley, agrupando las actividades en sectores económicos que permitan garantizar los ingresos mínimos

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