Estrategias Político-criminales Frente A La Delincuencia Organizada

Estrategias político-criminales frente a la delincuencia organizada

Aún cuando desde la perspectiva oficial se ha insistido en que es correcta la estrategia que actualmente se aplica en contra de la delincuencia organizada, que se caracteriza por el uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, incluyendo el de las fuerzas armadas, así como por el constante endurecimiento de las medidas penales o incluso por la reducción de ciertas garantías de quienes participan en la comisión de este tipo de delitos, desde otros ángulos son muchas las voces en el sentido de que dichas estrategias no son las más adecuadas y que, por ello, deben cambiar, o al menos reorientarse, pues es evidente que ellas han mostrado pocos rendimientos.

En efecto, el problema de la delincuencia organizada que vive México lejos de verse contenido se ha agravado, sobre todo en cuanto a la forma cada vez más violenta en que se manifiesta, que no sólo implica la afectación de la salud pública, la seguridad ciudadana o el patrimonio, sino también la de otros bienes jurídicos fundamentales (como la vida y la libertad), además de que pone en riesgo la propia vigencia del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Ello justifica que se ponga en entredicho la funcionalidad de los mecanismos de control y, por ende, la funcionalidad de la política criminal frente a la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones (narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, tráfico de indocumentados, etc.).

Ciertamente, la gravedad de la delincuencia organizada y la falta de funcionalidad del sistema para enfrentarla se muestra por el enorme número de muertes (ejecuciones) de personas, no sólo de miembros de las organizaciones delictivas, o de las propias instituciones policíacas y de las fuerzas armadas que se ocupan de enfrentarlas, sino de mucha gente inocente, así como por otros múltiples efectos colaterales que ello trae consigo; lo que ha hecho que nuestro país se coloque en los últimos tiempos en el sitio de los más violentos, más inseguros y peligrosos del mundo. Esta situación, que no puede ser motivo de orgullo, ha provocado que tanto el sistema de justicia penal como el de seguridad pública hayan perdido credibilidad social.

Si realmente existe la voluntad de enfrentar eficazmente a la delincuencia organizada, habrá que verlo desde sus diversos aspectos, pues se trata de un problema sumamente complejo y multidimensional y, por ello, requiere de soluciones igualmente complejas que atiendan sus múltiples factores; es decir, no bastan las medidas simplistas y meramente coyunturales que de antemano muestran su falta de eficacia. Como se ha dicho, la lucha contra la delincuencia

Organizada se ha limitado hasta ahora preferentemente al uso casi exclusivo de las fuerzas policiales, e incluso de las fuerzas armadas, y de medidas represivas de carácter penal, endureciendo constantemente todo el sistema de justicia penal y de seguridad pública, con las consecuencias conocidas.

Pero, ante los muy escasos o casi nulos resultados, la respuesta parece encontrarse en un callejón sin salida, pues sigue girando en torno a lo mismo; el sistema penal y de seguridad pública sólo es sometido a nuevas reformas, las que únicamente se traducen en mayores endurecimientos de las medidas, habiendo llegado a límites irracionales, apartándose de las exigencias democráticas.

Por ello, es urgente que la política criminal frente a la delincuencia organizada, pero también frente a toda la delincuencia en general, sea sometida a una revisión de fondo y se busquen nuevas y mejores alternativas, que garanticen una efectiva protección de los bienes jurídicos individuales y colectivos frente al delito. En dicho proceso de cambio, habrá que analizar la razón de la falta de funcionalidad de las actuales medidas político-criminales o de la forma de su aplicación, es decir, la razón de sus pocos rendimientos, y determinar las alternativas que posibiliten que el sistema esté en mejores condiciones de cumplir con su misión, tomando en cuenta tanto las recomendaciones de la práctica como las aportaciones de la teoría político-criminal, de la dogmática penal y de la criminología, entre otras disciplinas que se ocupan de la materia.

Para diseñar y poner en práctica una nueva estrategia eficaz frente a la delincuencia organizada en México, debe partirse de las siguientes premisas:

a) Reconocer la gravedad del problema de la delincuencia organizada, a partir del conocimiento del desarrollo del fenómeno en las distintas zonas del país, de sus diversas manifestaciones; de las diferentes organizaciones delictivas que hay y de sus vinculaciones con otras organizaciones delictivas nacionales o de otros países; de sus formas características de actuar; de su infiltración en las distintas esferas del sector público, sobre todo de las fuerzas de seguridad; de las características de sus miembros; del gran sentimiento de inseguridad que ha provocado en la sociedad mexicana, y de las causas que la generan o propician su desarrollo, entre otros aspectos.

b) Partir de la base que la delincuencia organizada es un problema complejo y multifactorial y que es necesario conocer sus diversas causas para determinar las medidas que habrán de adoptarse; es decir, habrá que poner énfasis en los

Factores causales de la criminalidad, que en su mayoría se hallan fuera del ámbito en el que opera la justicia penal y el servicio de seguridad pública; por lo que, habrá que reconocer su relación con los problemas sociales, políticos, económicos, laborales, culturales, etcétera, pero sin desconocer las causas que se dan dentro del propio sistema, como la corrupción y la impunidad.

c) Reconocer que la delincuencia organizada es un problema no sólo local o nacional, sino de carácter transnacional, ya que trasciende las fronteras nacionales y tiene consecuencias muy graves que importan a la comunidad internacional; además, es un fenómeno que se ha agravado por el desarrollo de la globalización en distintos ámbitos de la vida (social, económica, cultural, jurídica) y, por tratarse de un fenómeno que se ha internacionalizado, también ha motivado reacciones político-criminales diversas, que han llevado igualmente a la internacionalización de la política criminal y del derecho penal y que han generado diversos instrumentos internacionales sobre la materia, que también vinculan a México.

d) Reconocer que las estrategias político-criminales hasta ahora aplicadas, o la forma en que han sido aplicadas, han resultado poco o nada funcionales, como lo muestra, por ejemplo: el incremento de la delincuencia organizada en sus manifestaciones más diversas (destacando el narcotráfico, el tráfico de armas y el secuestro de personas); la impunidad de miembros de

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