Justicia Social Venezolana

Introducción

La justicia es un derecho humano fundamental que el Estado como garante del poder de imperio que le ha sido conferido por los administrados, está en el deber de impartir. Por ello, cada nación desde la óptica del hecho social que le da origen a sus instituciones ha interpretado de distinta forma lo que debe entenderse por la justicia y la manera como la misma debe ser administrada.

En Venezuela, la justicia se concibe como el principio supremo ante el cual están supeditados todos los procesos judiciales, no en vano el ordenamiento jurídico refiere a grosso modo que el proceso constituye el instrumento fundamental para la realización de tan magna garantía. Así las cosas, estando la mayoría de la población de la República Bolivariana de Venezuela en los estratos económicos más vulnerables, es de esperarse que el legislador asuma una actitud tendente a asegurar una reducción progresiva de los importes económicos que los justiciables deben soportar para acceder al sistema formal de administración de justicia. En ese sentido resulta imprescindible efectuar un análisis sobre todos los preceptos que se funden junto a la gratuidad para la efectiva prestación del bien jurídico perseguido por el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela que no es otro que la justicia.

En tal sentido con la aprobación de la referida norma superior, se confía en que la justicia sea un derecho más asequible para los administrados, ya que el Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arancel Judicial (1999) contemplaba las tasas o derechos judiciales que en principio deben sufragar los justiciables por accionar los tribunales de justicia.

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987) si bien se ha constituido como la norma rectora de todos los procedimientos civiles que se desarrollan en las instancias civiles y mercantiles, el mismo es de anterior aplicación a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); de allí surge la disyuntiva de que si sus disposiciones se acoplan perfectamente a las consideraciones que respecto a la justicia se encuentran consagradas sacramentalmente en la aludida norma superior y las novísimas normas procedimentales que conforman el ordenamiento jurídico de la nación venezolana.

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en su Sala Constitucional como máximo intérprete de las normas y de los principios que se encuentran consagrados en el texto de la Constitución, ha examinado exhaustivamente el precepto de la gratuidad de la justicia, con el objeto de determinar el alcance y el enfoque definitivo de cómo debe ser observado el mismo a la hora de ser invocado por algún administrado.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a describir la estructura del cuerpo del trabajo, el cual se distribuyó de la siguiente manera: En el primer capítulo se trata el problema de la investigación. En el segundo capítulo se abarca el marco teórico vinculante. El capítulo tercero, está constituido por el marco metodológico. En el capítulo cuarto, se presentan los resultados obtenidos con sus conclusiones y recomendaciones, y finalmente los materiales de referencia correspondientes.

CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

El Problema

La justicia ha sido definida a través de la historia como la virtud moral que inclina a dar a cada cual lo que le pertenece como propio. El objeto de esta virtud es el derecho objetivo, aquello que se debe a otro por estarle vinculado en fuerza de unos títulos naturales o adquiridos legítimamente. Hay derechos primarios o fundamentales que son exigencia indispensable de la misma naturaleza humana, derivan de la ley natural pero no son primarios, otros en cambio, tienen como razón de existir la voluntad positiva de dios o del hombre en cuanto representante de dios. El hombre debe usarlos, haciendo mención al derecho formal y subjetivo. Así como también debe respetar a estos derechos, cumpliendo con el acto propio de la justicia de dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia en consecuencia es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo, siendo ésta una de las virtudes más elevadas para la obtención de la paz social.

Por otra parte, la justicia legal es entendida como el medio a través del cual el Estado procura el bien común a todos los que habitan en un determinado territorio, mediante la promulgación de leyes justas y sabias, y en la constitución de un poder público capaz de darlas a conocer y de hacerlas cumplir; en tal sentido, la administración o regencia de tan basto principio, emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley, a través de los órganos que conforman el Poder Judicial.

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Ahora bien, en virtud de las nuevas tendencias constitucionales que germinaron en Venezuela a finales del siglo XX, se devienen una serie de cambios o transformaciones en todos los estratos del Poder Judicial venezolano; cambios éstos por demás interesantes, ya que los mismos se fraguan en una sociedad donde más de las dos terceras partes de la población venezolana vive en estado de pobreza, es decir, sin la capacidad económica suficiente para al menos satisfacer sus necesidades básicas; siendo esto así, para ellos el acceso a un abogado y al sistema judicial para hacer valer sus derechos luce como una quimera inmensurable.

Es así como, los principios que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra en su parte dogmática, interfieren y perturban todos los dispositivos legales que conforman el ordenamiento jurídico vigente de Venezuela; en efecto, uno de los principios que más conmoción causa en su acontecer judicial, es el de la gratuidad de la justicia.

Tal premisa surge del revuelo político y

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