La Antropología y sus caracteristicas

Dada la condición de una cultura humana antropocéntrica, la protección ambiental ha sido orientada, durante un largo tiempo, solo a ver la naturaleza como proveedora de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas; lo cual ha permitido el establecimiento de criterios técnicos que han contribuido con el uso, manejo y preservación de los recursos naturales en función de tales fines. Simultáneamente con esta premisa, también se hizo necesario ver el ambiente como un bien jurídico reconocido y tutelado por leyes, dándole peso específico dentro de la escala definitoria de los derechos humanos y categorizándolocomo derecho de tercera generación. El objetivo de esta contribución es reflexionar acerca del significado e importancia de algunas leyes para la protección ambiental en Venezuela, en cuyo desarrollo normativo se ha legislado de manera proteccionista y coercitiva. Esta reflexión se realizóa partir de una revisión documentalen función del aporte normativo para la protección ambiental y su vinculación conel desarrollo de una mejor calidad de vida de las comunidades Seconcluye que es necesariorealizar una permanente investigación para evaluar los efectos que generan las leyes promulgadas, dirigida a adecuar la normativa en función de los cambios ambientales, sin incurrir en excesivas y constantes modificaciones a las mismas. Pa

Partiendo de la premisa según la cual la permanencia del ser humano sobre la Tierra ha sido sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales en función de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, recreación y servicios básicos, es obvio observar la imposición de una cultura antropocéntrica en la relación Sociedad - Naturalezaen el devenir histórico de la humanidad. En este sentido, se le ha dado mayor importancia sólo a lo que socialmente e individualmente le es útil, como por ejemplo, en el caso de Venezuela, al aprovechamiento de los hidrocarburos, pues es lo que hasta nuestros días representa el recurso natural hacia donde se ha realizado la mayor inversión por parte del Estado venezolano, en comparación con el uso el uso eficiente del suelo, la adecuada conservación del agua, la preservación de la flora y la fauna, el cuidado del aire, el aprovechamiento de la energía solar y el uso racional de los minerales. Sin embargo, como lo afirma Juste (1999), la existencia de problemas derivados de la agresión a los paisajes, de la degradación de y de cuencas  hidrográficas

ecosistemas estratégicos, la pérdida de biodiversidad y el deterioro del ambiente en general, junto con la anarquía en la ocupación del territorio y los conflictos por el uso de la tierra y la localización de actividades y asentamientos humanos, preocupa a las naciones del mundo. Pero al conocer información de esta naturaleza, pareciera que tal preocupación ha sido dirigida mayoritariamente a la conservación de la naturaleza como simple proveedora de bienes y servicios en función de la satisfacción de las necesidades humanas. Martínez 1993, señala “refiriéndose particularmente a Venezuela, que el derecho ambiental sustenta su normativa jurídica en la concepción ecológica del ecosistema, generando su protección jurídica de modo específico, al ordenar la preservación, conservación y cr

En la Venezuela del siglo XXI, el Estado Social de Derecho y de Justicia reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente adecuado y su correspondiente tutela efectiva a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela, 1999). Por ello, la materia ambiental adquiere rango constitucional al reconocerle categoría de derechos humanos, ampliando los mecanismos de acceso a la justicia, rompiendo el esquema tradicional de legitimidad o el necesario interés directo o personal para ser actores en los procesos judiciales, ya que la tutela constitucional de los derechos ambientales atribuye capacidad procesal legítima y activa a cualquier persona en una universalidad, en sectores determinado o a un ente colectivo ya que se trata de la afectación de un bien común o de interés genérico, haciendo uso de ese compendio legislativo existente en la Venezuela actual. La Con

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se instituye como norma suprema en materia ambiental, al considerar como un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. De igual forma, establece el derecho individual que tiene toda persona y de manera colectiva a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, tal como se refieren en los artículos 127, 128 y 129 constitucionales, normativa que encierra contenidos programáticos que han sido desarrollados a través de la promulgación de todo un conjunto normativo de leyes y decretos-leyes con el primordial interés de poder adecuar la actividad tanto de los órganos de la administración pública como a los particulares en la consolidación de la calidad de vida de las personas y de evitar y mitigar los daños ambientales. Ahora bien, esta creación normativa representa un aporte reflexivo sobre el significado e importancia de ordenamiento jurídico en materia de protección ambiental para Venezuela, ya que en él se reconoce la importancia del aprovechamiento de los recursos naturales renovables el cual debe hacerse sólo en igual o menor proporción a su tasa de recuperación natural, respetando la capacidad máxima y los ritmos de la naturaleza, para asimilar los efectos causados por el ser humano. Con base a lo anterior, se realizó esta reflexión analítica del estamento jurídico ambiental en Venezuela, solo en función del aporte del orden normativo para la protección del ambiente que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas y de cómo evitar, controlar o mitigar el deterioro ambiental por la intervención antropocéntrica en función de la búsqueda de nuevos espacios territoriales, el desarrollo económico y tecnológico de este siglo.En Venezuela, es reconocida a en el ámbito latinoamericano como país pionero y ejemplo en temas de normativa legal, conservación de áreas de importancia ecológica y programas de gestión de recursos naturales, no obstante, no escapa a la problemática ambiental, aun cuando es signataria de más de treinta convenios que en forma de leyes aprobatorias, obligan al estado venezolano a actuar efectivamente en la conservación de las condiciones ambientales y en la defensa del patrimonio ambiental común. Es por ello, que hemos avanzadoen los procesos de concertación y promoción de la participación, de la resolución de conflictos, la divulgación, la concienciación y educación de la población en diferentes ambientes y muy especialmente en la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución Nacional, el aumento de la participación de las comunidades locales, en el desarrollo de programas de conservación y en la incorporación de nuevas leyes ambientales (Palmero, 2013).De allí que, la legislación se ha encargado de desarrollar los diversos programas a través de la elaboración, sanción y promulgación de diversos cuerpos normativos en materia ambiental, hecho éste que lleva afirmar, que existeun conjunto de leyes ambientales orientadas hacia la búsqueda y consolidación de niveles de calidad de vida en las personas así como la mitigación de los deterioros o daños ambientales, tal como se ha dejado establecido en párrafos anteriores, cuya interpretación legislativa debe hacerse en atención al principio consagrado en el Artículo 4 del Código Civil (Venezuela, 1982), conforme al cual a la ley debe atribuírsele el sentido

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