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Independencia / El Plan de Iguala o el triunfo de la estrategia política, por Magdalena Mas

El Plan de Iguala logró la conciliación de intereses entre actores identificados con la primera insurgencia y un grupo hasta ese entonces alineado a la política peninsular. Para explicarnos este singular proyecto, debemos entender las circunstancias en que nació, y cómo los intereses de antiguos contendientes pudieron unirse, aunque por diferentes motivos, tras el objetivo de la independencia.

Aunque las enormes diferencias entre los grupos que en ese momento se aliaron explican los convulsos inicios de México como nación, en 1821 esta alianza apareció como un camino hacia la independencia política que, al igual que el liderazgo de Iturbide, fue aceptado, secundado y conducido al éxito por los más disímbolos actores.

En ese sentido, el Plan de Iguala fue nuevamente una reacción ante los acontecimientos en España, al tiempo que unió a grupos insurgentes que, si bien no eran abatidos, tampoco lograban sumar sus esfuerzos, aislados geográficamente y separados por diferencias entre sus líderes.

Mientras los herederos de la revolución de Hidalgo y Morelos continuaban resistiendo los asedios realistas y de hecho, dominaban algunas áreas de Veracruz, Oaxaca y el actual estado de Guerrero, no parecía que pudieran lograr acuerdos entre ellos. Aislados unos, derrotados otros, algunos más acogidos al perdón y a la política conciliadora que había practicado Juan Ruiz de Apodaca, ya no podía hablarse tanto de una contienda extendida por toda la Nueva España, sino de una guerra de escaramuzas, localizada en territorios amplios pero aislados geográficamente, caracterizada por las diferencias entre sus jefes y con dificultades para resistir el asedio realista. Líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, aunque no se rendían y continuaban causando bajas al ejército virreinal, no parecían amenazar en forma perentoria el orden establecido.

Para los insurgentes, el objetivo era la separación de España. Sin importar los vaivenes políticos de la metrópoli, existía como principio el desconocimiento de su autoridad. Pero estos vaivenes tuvieron un efecto devastador sobre la Nueva España, cuando la metrópoli regresó al orden constitucional. De nuevo, el argumento fue un Fernando VII amenazado, ya no por los franceses como en 1808, sino por los liberales que le habían hecho jurar la Constitución de Cádiz y quienes, en la persona del monarca, amenazaban también los intereses y el orden de la sociedad colonial.

De 1820 a 1823, se dio en España el que conocemos como Trienio liberal, a causa de una revolución encabezada por Rafael de Riego. Sin destronar al monarca, se le hizo aceptar los principios de la Constitución de 1812 que él había abolido. De esta forma, y mientras ya para unos americanos no se podía pensar más que en la separación, los que habían unido su suerte al monarca empezaron a temer por ella.

Proveniente de sectores del ejército y la masonería, por fin una conspiración en España había puesto en vigor las abolidas normas constitucionales. Se contaba entre éstas la libertad de imprenta, prohibida en 1815; la de pensamiento, cancelada con la restauración de la Inquisición y el derecho por igual a la justicia, clausurado con la sustitución del Tribunal de Justicia por los antiguos Consejos estamentales.

Las noticias del levantamiento llegaron a Nueva España en marzo de 1820, siendo interpretadas como otro brote de descontento contra Fernando, que sería seguramente reprimido. Pero pocas semanas después, se conocía la expansión de este levantamiento en toda la península y la jura real de la Constitución de 1812. Como ya había sucedido en la convulsa historia de España y sus colonias durante los últimos años, el virrey Apodaca decidió esperar. La situación se prolongó un par de meses, hasta que el Consulado de Comerciantes de Veracruz presionó al gobernador José Dávila para adherirse oficialmente al orden constitucional. Lo mismo había sucedido en otras ciudades, de manera que el último día de mayo se juraba la constitución en la Ciudad de México. Inmediatamente se disolvió el tribunal de la Inquisición.

En los primeros días de junio se sucedieron los juramentos del ayuntamiento y de otros órganos de gobierno en la capital del virreinato; entre el 9 y el 11 tuvieron lugar la proclamación pública, el Te Deum y las solemnes misas. Cesaron en sus funciones los tribunales especiales y se formaron los nuevos que, conforme a lo establecido por la Constitución, impartirían la justicia.

La noticia de la restauración constitucional fue bien recibida por amplios sectores que, aún leales a Fernando, consideraban conveniente la apertura comercial, política y de pensamiento; entre ellos se contaban grupos del ejército y comerciantes de tendencias liberales.

Para quienes peleaban por la insurgencia, si bien la Constitución no apoyaba directamente su objetivo, en el fondo era un golpe más al absolutismo y, como veremos, un factor que ayudó a catalizar intereses hasta entonces encontrados, incluso con el mismo ejército que los había perseguido durante 10 años. Por otra parte, los grupos de pensamiento liberal y logias masónicas habían aumentado de uno y otro lado del Atlántico, abonando también el terreno para la consolidación de las independencias americanas.

¿Qué hacían mientras tanto los representantes del orden colonial? Mucho se ha hablado sobre la Conspiración de La Profesa, los conciliábulos que allí tuvieron lugar, y el nombramiento de Iturbide como jefe del ejército realista que combatiría a Guerrero. Lo cierto es que en esa casa de ejercicios espirituales ubicada en el templo de La Profesa en el centro de la capital, el canónigo Matías de Monteagudo reunía a una serie de personajes, eclesiásticos y ex inquisidores principalmente, seguramente alarmados por las recientes reformas, como la libertad de prensa publicada el 19 de junio y a cuyo amparo habían comenzado a circular toda suerte de panfletos y publicaciones.

De esta forma, la posible idea de separarse de España y abolir el orden constitucional pudo ser motivo para buscar un personaje que acaudillara al ejército virreinal en pos de este objetivo. La tradición historiográfica liberal sitúa aquí la concepción del Plan de La Profesa, destinado a la separación si continuaba el constitucionalismo en España, pero que propugnaba un gobierno regido por la corona española. La orden

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