Las Plabaras Y Las Cosas

e ha afirmado que la ciencia -en tanto forma exclusiva, y por cierto excluyente, de conocer la realidad, de alcanzar la verdad de las cosas, garantizada por una lógica interna- y el derecho -como trascripción de la situación social más razonable y por ello más justa-, no han tenido, históricamente, vinculación alguna[1]. Sin embargo la actividad científica ha inspirado y ha canalizado posiciones filosóficas y, bajo reglas epistemológicas propias, ha delineado las estructuras sociales y políticas para la expresión del hombre.

La ciencia y el derecho fueron elaborando[2] las estructuras económicas, políticas y culturales, con el estímulo, la tolerancia o el rechazo de su entorno natural y social.

La imagen general social que, hoy, la biogenética evoca y lleva en sí -no sus consecuencias efectivas ni sus desarrollos- crea una variedad de formas imaginarias y naturales que determinan un complejo y ambivalente estereotipo, en este caso, de la manipulación de los genes, la que es vista como el peligro de la transformación del hombre, tal y como se lo conoce hoy. Se alienta un piélago agitado de opiniones y se aspira a poner un freno (¿legal?) a la investigación y al desarrollo tecnológico ante la posibilidad de que tales conocimientos puedan ser utilizados con fines antidemocráticos, lo menos. No es necesario pensar que la naturaleza humana es angelical o demoníaca para darse cuenta de que el peligro que entraña el conocimiento es insignificante comparado con el que entraña la ignorancia[3]. En realidad, las nuevas biotecnologías plantean el incentivo vital para encontrar, preservar, examinar, discutir, comprender y utilizar viejas y nuevas formas de vida. Pero, a su vez posibilitan y obligan, antes que todo, a que el hombre y la sociedad[4] tomen la decisión de desperdiciar o nurturizar las reservas genéticas del planeta y definan los alcances y significados de esas acciones.

Frente a este desafío es en el que el derecho cumple su función social[5] considerando que la ciencia y la tecnología tienen una política subyacente construida a partir de intereses y valores propios. Erigiéndose como ratio reguladora, la norma jurídica tiene necesariamente que hacer explícito lo que en aquellos está implícito, a saber: la dimensión política de la actividad tecno-científica.

La historia de las ideas no ha sido lenta, antes bien dinámica ilustradora. Por ello, una breve síntesis servirá de introducción a la fundamentación de la tesis que se sustentará en este trabajo.

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