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El desarrollo de las sociedades en las últimas décadas plantea cambios en todas las esferas de la vida; la economía, como ciencia social, ha acudido a explicar muchos de estos procesos y sobre todo a plantear alternativas para mejorar las decisiones, de modo que los recursos utilizados sean de mayor beneficio y bienestar para la población.

Es cierto también que a pesar de este desarrollo muchos problemas, como el hambre, la indigencia, la falta de empleo, etc., no han sido resueltos, y es que ello no sólo corresponde a una adecuada política económica.

Entre las herramientas de las políticas económicas se encuentra la privatización que, en los moldes de los hacedores de política económica, es el traslado de activos públicos al sector privado y con ella la dirección, control, gestión y riesgo a cargo de los agentes privados.

La crisis por la que atraviesan las grandes instituciones de seguridad social, la disminución del gasto público en salud, las reformas a los sistemas de pensiones de los trabajadores, son fenómenos que obedecen a esta privatización

No sólo se niega la existencia del proceso privatizador, sino que la propaganda, orientada a programas incompletos y de bajo costo como el Seguro Popular, oculta que la situación de crisis en la que se encuentran instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) forma parte de este proceso de desmantelamiento y desprestigio.

El problema en nuestro país, es el modelo económico implementado, que en el marco de las políticas liberales aplicadas, han dejado un escaso margen para la integración y el desarrollo. Por esto, no se han integrado los sectores productivos para la generación de mayor empleo y producto.

En México el proceso privatizador se ha llevado a cabo de manera indirecta con la privatización de algunos servicios parciales como limpieza y lavandería, mediante la subrogación de la atención médica de segundo y tercer nivel a hospitales privados (la cual ha aumentado desde 1980), el fomento a la iniciativa privada para construir hospitales a través de seguros médicos privados, y la privatización de algunos rubros de la seguridad social.

Las reformas y programas que fomentan la participación del sector privado en los servicios clínicos y del seguro social, permiten el establecimiento de un sistema público-privado en el que el sector público asume la responsabilidad de dar servicios clínicos esenciales que representan un bajo costo, mientras que el privado produce servicios de los niveles secundario y terciario, de alto costo y difícil acceso.

Los institutos nacionales de salud atraviesan por graves problemas como la falta de presupuesto, la mala administración de los recursos, corrupción, sobresaturación, equipos obsoletos, carencia de medicamento e insumos y abandono de la investigación. El deterioro cada vez mayor de las instituciones encargadas de la salud, se traduce en la incapacidad para otorgar servicios de calidad a la población, y obedece a un proceso de desmantelamiento que es parte de la privatización.

Esto puede observarse en aspectos como la sobresaturación de los servicios, tales como tiempos de espera prolongados en consulta externa debido a la gran demanda, especialmente en unidades institucionales como lo son el IMSS y el ISSSTE.

La falta de camas en las áreas de hospitalización, provoca un congestionamiento de las áreas de urgencias, propiciando a su vez, un mayor número de procedimientos sin el internamiento adecuado del paciente; muchas instituciones públicas de salud no surten todos los medicamentos recetados, por lo que los usuarios tienen que comprarlos en farmacias privadas. Tampoco hay inversión que haga crecer las unidades médicas, lo que se busca es reducir los gastos, que se enfocan cada vez más en la atención de primer nivel que es la menos costosa.

El país presenta un enorme rezago en materia de salud con un gasto público insuficiente que pasó de 2.6% en el año 2000, a 3% en 2004, cifra que está por debajo del nivel de varios países latinoamericanos. Aunque la participación del gasto público en salud con respecto al gasto total en ese rubro aumentó de 40% en 1990 a 45% en 2002, México continúa muy por debajo del promedio de 72% de la Organización para la Cooperación

y Desarrollo Económicos (OCDE).

Cabe aclarar que cuando se afirma que la crisis por la que atraviesan las instituciones encargadas de los servicios de salud se debe a la falta de recursos para hacer frente a los cambios epidemiológicos y demográficos por los que atraviesa la población, en realidad el problema no es la inexistencia de dichos recursos, sino su distribución; el Estado neoliberal se encarga de reducirlos en ciertos aspectos –como el gasto público– mientras los asigna a sectores reducidos de la sociedad.

El impacto de la crisis y las

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