Los bombardeos a Afganistán

El atentado del 11 de septiembre provocó que por primera vez en la historia de la ONU el Consejo de Seguridad aplicase el artículo de la legítima defensa. La legítima defensa consiste en las acciones dirigidas a repeler un ataque armado y es un derecho que sólo cabe ejercer de manera estrictamente provisional y de forma proporcional.

Los bombardeos a Afganistán constituyen una operación de venganza y castigo y están fundados en la supuesta asistencia y apoyo prestado por el gobierno talibán a grupos terroristas. Pero de acuerdo con reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad, la asistencia y apoyo prestado por un Estado a bandas armadas o grupos irregulares en la forma de suministro de armas o de "santuario" en su territorio no pueden equipararse a un ataque armado. Este criterio fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia, cuando declaró probada la participación de los EEUU en los actos de terrorismo de los "contras" pero afirmó que su asistencia y apoyo no eran constitutivos de un ataque armado como sostenía Nicaragua.

Sin embargo, no existe ningún elemento que permita justificar, desde la perspectiva del Derecho Internacional vigente, el uso desproporcionado, innecesario y bárbaro de la fuerza, bombardeando ciudades indefensas y aterrorizando a un pueblo entero que, después de haber sufrido la represión -especialmente las mujeres- del régimen talibán, se ve ahora expulsado de sus hogares y es víctima inocente de una situación que no ha contribuido a crear. Los autores de esta violencia indiscriminada se han situado en el mismo desnivel moral que los responsables de otros actos de terrorismo, como los del 11 de septiembre último. La guerra de agresión que sufre el pueblo afgano es una forma descarada de terrorismo de Estado, que viola los principios básicos del orden jurídico mundia

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