Organos Judiciales

EL ÓRGANO JUDICIAL

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo,

Económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la

Constitución.

No existe, ni puede instituirse, ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma

Tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral.

El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución

Encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los

Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores

y la Corte Suprema de Justicia de la República.

El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial

que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones.

Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los

encargados de administrar justicia; de los justiciables, que son aquellos que están

siendo juzgados o quienes están solicitando justicia; y de los auxiliares

jurisdiccionales que son las personas encargadas de brindar apoyo a la labor de los

integrantes de la magistratura.

El Poder Judicial tiene por función mantener el ordenamiento jurídico y resolver

controversias. También interpretar y aplicar las leyes, a través del control y respeto

de la idea de derecho prevaleciente y asume entonces un carácter defensivo. Como

la Constitución define una estructura institucionalizada de poder social, lo habitual es

que los jueces desempeñen una tarea conservadora del orden establecido. Así, en

las sociedades liberales, es frecuente que resulten guardianes de la propiedad

privada y de las demandas de las grandes empresas antes que custodios de los

derechos ciudadanos.

Por lo general los jueces tienen como eje teórico el derecho civil, que custodia el

derecho de propiedad. Pero muchos otros Magistrados no se han quedado en la

tradicional formación jurídica y han pasado las fronteras de la investigación y el

conocimiento de la Filosofía, Administración Pública, Derecho Comercial y Políticas

Internacionales. No es casual ver a Magistrados por estos tiempos: haciendo cursos

o pasantías de especialización en el Perú y en el extranjero.

La historia del Poder Judicial del Perú y en particular la Corte Suprema casi siempre

a pesar de carácter independiente-- actuó en coherencia con el poder político y

económico dominante. Cuando las convicciones de sus miembros no encajaron con

un Poder Ejecutivo decidido, fueron muchas veces reemplazados. Igual suerte

corrieron los jueces probos e incorruptibles por no seguir la corriente del dejar hacer

dejar pasar al gobierno de turno.

El periodo nefasto para el Poder Judicial fue el decenio de 1990, donde comienza

una nueva etapa, regida por criterios diferentes de justicia, que orientaron la acción

del Poder Judicial en el plano económico y político. Se entró de lleno en la etapa de

la administración de justicia como negocio, tanto personal como para beneficio de

los grupos económicos hegemónicos. El Poder Judicial pasó a ser parte activa del

proceso general de desintegración institucional y social en el país con el fujimorato y

su brazo derecho que ponía y sacaba jueces: el corrupto asesor Vladimiro

Montesinos.

Con la dictadura de los años 90 la justicia en el país se convirtió en conservadora y

reaccionaria. La alta jerarquía de la justicia actuaba dentro de los condicionamientos

que fijaba la orientación política vigente. Pero la situación se complica en exceso

cuando esa función consiste en gerenciar jurídicamente el desorden. Ya no es

cuestión de preservar un sistema –viejo o nuevo, conservador o progresista– sino de

conseguir beneficios derivados de una situación de descomposición política. En esos

casos, lo que se procuraba era conservar la posición adquirida y, si fuera posible,

mejorar la influencia y la rentabilidad: es “sálvese quien pueda”, si las cosas van mal,

es “haga negocios quien pueda”, si la situación lo permite.

Para esos fines el Poder Judicial emplea el arma que le pertenece en exclusividad:

sus sentencias. ¿Cómo utiliza la Corte ese poder? Para entenderlo hay que recordar

que desde el punto de vista académico, el nivel de la actual Corte Suprema es

desolador, con alguna excepción. En el plano político la mayoría son apristas o

fujimoristas: fueron designados bajo la influencia de Alan García o bien por el

fujimontesinismo, a quienes facilitaron su “gestión” gracias a la mayoría automática

de que disponían en el organismo judicial.

De todo ello surge que la economía peruana no sólo está a merced de los intereses

de los dueños del país: mineras, bancos, empresas privatizadas, petroleras; de los

gerentes-políticos que convierten en negocio todo lo que tocan; de las exigencias del

sistema financiero internacional, de los gurúes económicos y de los empresarios

evasores, sino también de una Corte Suprema disociada de la justicia y del interés

general a pesar de sus esfuerzo de sus intentos de modernización en sus diferentes

procesos de las últimas décadas.

Esto implica un grave peligro para el futuro. Está claro que no se puede aspirar a

una Corte Suprema de alta capacidad técnica, que haga justicia y defienda el interés

nacional, en medio de una crisis institucional grave y de corrupción que nadie duda

que toca sus puertas cada día. La reestructuración del Poder Judicial es uno de los

requerimientos básicos de la imprescindible reforma del Estado y requisito esencial

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