Redes Sociales

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la E.U

Universidad Bolivariana de Venezuela

Aldea “Los Guaritos” (POMU)

PFG “Gestión Ambiental”

Núcleo Monagas.

Redes Sociales, Planificación y Gestión.

Profesor: Integrantes:

José Gregorio González. _ Alexandra Saavedra

_ María Paisano

_ Griselys Gómez

_ Francis Velásquez.

Mayo - 2015.

Tema III:

Articulación de Redes para la Gestión Ambiental.

3.1. Aspectos Normativos y Legales involucrados en la Gestión Ambiental.

En Venezuela la política ambiental se consolida a partir del año 1976, cuando el Estado venezolano promulga la Ley Orgánica del Ambiente y Ley Orgánica de Administración Central, que inciden directamente sobre toda la actividad pública y privada relacionada con el tratamiento político- administrativo y jurídico del ambiente y los recursos naturales renovables.

Sin embargo, según Gabaldón (2003, citado por Sisco, 2003) señala que, se presentaron discordancias entre la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica de Administración Central, en cuanto que la primera no previó el Ministerio del Ambiente, sino una Oficina Nacional del Ambiente, lo cual conllevó al Ejecutivo a convertir dicha oficina, en un ministerio a través de la segunda ley, con la finalidad de darle más importancia al ambiente, razón por la cual, en este mismo año fue creado el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), como órgano designado por el Ejecutivo Nacional para ejecutar las políticas en materia medio ambiental designadas por éste, ubicando este hecho a Venezuela como el primer país de América Latina en contar con un ministerio especial para el estudio, manejo, preservación del ambiente y la centralización y ejecución de los adelantos logrados en materia legislativa. (CENDES, 2008).

La política desarrollada por el MPPA desde su creación fue la de conservación de la fauna, flora y todos los recursos naturales de Venezuela, identificando y delimitando Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Pero para Huber (1997), el principal curso de acción del MPPA ha sido la provisión de fondos públicos para obras de saneamiento, de igual forma, la gestión ambiental conjunta que incorporó a empresas privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nunca ha recibido recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con sus funciones eficientemente.

Igualmente, el autor señala que la política ambiental venezolana se ha caracterizado por la aplicación de controles directos y que cualquier experiencia en instrumentos económicos es escasa y aislada; como consecuencia, la gestión del ambiente se apoya en el cumplimiento de una extensa y compleja legislación.

Así mismo, enfatiza que la política ambiental en Venezuela registró un cambio considerable en las últimas dos décadas del siglo XX, pasando de intentos conservacionistas al uso racional de los recursos naturales como parte de políticas de desarrollo del gobierno.

No obstante, el marco legal ambiental en Venezuela es considerado muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. Comenzando por:

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999,que establece las directrices generales que garantizan la integridad de todos los aspectos y elementos que constituyen a la nación, dentro de estos dedica todo un capítulo a los derechos ambientales (capitulo IX), el cual mediante los artículos 127, 128 y 129 señala los deberes y derechos de los ciudadanos en la preservación del ambiente, los compromisos del Estado para garantizar la protección tanto del ambiente como de la diversidad biológica y genética, el desarrollo de políticas para la ordenación del territorio que cumplan con el paradigma del desarrollo sustentable y la exigencia de estudios de impacto ambiental para cualquier actividad susceptible de degradar el ambiente.

De igual forma tenemos también, La Ley Orgánica del Ambiente, como la primera ley creada en Venezuela en junio de 1976, que tiene por objeto establecer las disposiciones y desarrollar los principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad del Estado y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta en interés de la humanidad. También establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Por otra parte mencionamos, La Ley Penal del Ambiente, creada en enero de 1992, que complementa a la Ley Orgánica del Ambiente, con el objeto de tipificar como delitos, aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelarías de restitución y de reparación a que haya lugar.

Asimismo, La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, creada en agosto de 1983, con el objetivo principal de establecer las normas que regirán el proceso de ordenación del territorio tomando en consideración la estrategia, económica y social, de desarrollo de la nación a largo plazo.

También destacamos, las recientes pero no menos importantes, Ley Orgánica del Poder Popular y Ley Orgánica de los Consejos Comunales, como representantes directos de la participación del pueblo en las políticas publicas desarrolladas por el Estado, que tienen como objeto desarrollar el poder popular para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan de pleno derecho la soberanía y la democracia participativa, protagónica y corresponsable de forma tal que puedan constituir formas de auto gobierno comunitarias y comunales

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