Reflexion De Las Politicas De Vivienda En Colombia

UNIVERSIDAD DE IBAGUE

PROGRAMA DE ARQUITECTURA

URBANISMO VI

PLANTEAMIENTO GENERAL:

REFLEXION DE LAS POLITICAS DE VIVIENDA EN COLOMBIA

PRESENTA:

JAVIER ORTIZ

6120111012

Ibagué, Colombia, Septiembre 2014

Título: REFLEXION DE LAS POLITICAS DE VIVIENDA EN COLOMBIA

Introducción

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” Es así, como el acceso a una vivienda adecuada es un derecho fundamental para cualquier ser humano, sin embargo este derecho puede ser subjetivo si se tiene en cuenta que las condiciones para considerar una vivienda digna dependerán en gran parte de la cultura, porque lo que en un contexto puede ser imprescindible, en otro puede no serlo, es decir, lo que constituya una vivienda o un hogar seguro, asequible y habitable, está condicionado a lo que se perciba como aceptable en determinado ámbito, de esta manera, existe una pirámide de necesidades básicas y absolutas para todo ser humano: salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros, Sin embargo, la vivienda ocupa un lugar importante dentro de las preocupaciones de nuestra población ya que constituye un bien básico que facilita el intercambio social, la educación, el desarrollo familiar devuelve la dignidad a su dueño, permite defenderse ante rigores climáticos, protege la salud y es un bien de inversión durable y transable.

Por lo anterior, en el artículo se revisará cómo ha sido satisfecha la necesidad de vivienda en tres países: Colombia, Canadá y Chile, haciendo un mayor énfasis en la evolución de las políticas de vivienda en Colombia, análisis que se desarrollará durante la reflexión del articulo, al tiempo que se reconocen los avances en la garantía de este derecho.

Con el fin de resalta las obligaciones concretas que no pueden posponerse de manera indefinida, así por ejemplo, el deber de impulsar políticas progresivas en materia de vivienda, el deber de adoptar medidas de protección frente a abusos provenientes de otros particulares o de poderes privados, el deber de garantizar a los usuarios derechos de información y participación en los planes y programas públicos de vivienda. Si éstas obligaciones fueran asumidas por el Estado como corresponde, significarían una transformación radical en los actuales modos de producción y distribución de los recursos para garantizar el derecho a la vivienda; fundamentalmente, porque implicaría vigilar de manera permanente al Estado con el objeto de asegurar que, dentro del máximo de recursos humanos, tecnológicos, estructurales y financieros a su alcance, actúe con transparencia removiendo privilegios y otorgando prioridad a los casos más urgentes y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entendiendo que la garantía del derecho a la vivienda no es exclusivo del Estado, se concluye el artículo con una propuesta que integra el papel que debería asumir la empresa, la academia y las cajas de compensación familiar y los principales elementos para el desarrollo de una política de vivienda integral en Colombia.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN COLOMBIA

En Colombia desde el año 1932 se comienza a hablar de facilitar el acceso a la vivienda de las familias colombianas a través de la creación del Banco Central Hipotecario (BCH) y posteriormente en 1939 la entidad denominada el Instituto de Crédito Territorial (ICT), cuya función principal fue la asignación de subsidios de Vivienda para dar fácil acceso a la adquisición, la construcción y el mejoramiento de vivienda.

Durante cuatro décadas la política de vivienda estuvo a cargo de las dos instituciones, pero en 1972 el presidente Misael Pastrana Borrero buscó la creación de dos herramientas que transformarían la política de vivienda: las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV’s) y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).

A partir de la ley 3 de 1991 en Colombia, con la creación del sistema nacional de vivienda de interés social en el mandato del presidente Cesar Gaviria, se evidencia una atención directa sobre las familias con menores ingresos para facilitar el acceso a la vivienda, utilizando como herramientas de gestión las cajas de compensación familiar, entidades que actualmente se encuentran operando y administrando los subsidios de vivienda como un medio para contribuir a la protección social de la comunidad.

La participación de las cajas de compensación en el sistema de vivienda en Colombia, sin duda alguna ha contribuido notoriamente a que más colombianos tengan la garantía de este derecho, de acuerdo con el informe de Gestión de la asociación de Cajas de Compensación Familiar: “Entre los años 1991 al 2012, con la intervención del Sistema de Compensación cerca de 723.131 familias recibieron subsidio de vivienda, de las cuales más de 509.850 beneficiarias han logrado el sueño de tener casa propia” (ASOCAJAS, 2013) cifras alentadoras si se tiene en cuenta que las cajas de compensación han demostrado una gestión clara y organizada sobre la asignación de los subsidios de vivienda, apoyando a sus afiliados en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, velando por la Constitución Política de Colombia que afirma: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.

El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Situación que se refleja en el crecimiento del país; y más aún si se tiene en cuenta que el sistema de vivienda impacta directamente otros aspectos de la economía nacional tales como la construcción y la generación de empleo directo e indirecto desde el ámbito administrativo hasta el operativo.

Referentes de políticas de vivienda:

CONTEXTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN CANADÁ

En contra de lo que suele pensarse, la desigual distribución de los recursos habitacionales no es un fenómeno exclusivo de los países en vía de desarrollo, la existencia de mejores índices en ciertas áreas macroeconómicas en los países más prósperos, no equivale necesariamente a un buen desempeño en cuestión de derechos sociales, en este sentido,

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