Regionalización En Colombia

LA REGIONALIZACIÓN EN COLOMBIA

La constitución de regiones en Colombia aparece con el nacimiento de la República. Durante la época en que el país estu¬vo bajo el dominio colonial de España no hubo las mejores condiciones para la creación de una región. Sin embargo, las rivalidades entre las diferentes provincias de lo que en aquel entonces se denominaba el Virreinato de la Nueva Granada coincidieron con la lucha por la independencia nacional. Tal es el caso de Cartagena, en donde se inició un movimiento de autonomía política frente a Santafé de Bogotá desde 1809, es decir, dos años antes de su independencia de España.

Como lo destaca el historiador Alfonso Múnera, las raíces de la lu¬cha de Cartagena obedecen a que esta provincia, al igual que la de Santa Marta, fue autónoma a lo largo de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII. Asimismo, la férrea oposición de la provincia de Santafé para permitir que Cartagena fuese un puerto libre al comercio internacional, con la posibilidad de comprar mercancías del Caribe y no de la zona andina de Colombia, generó fricciones constantes entre la capital y la Costa. Posteriormente, con la derrota del proyecto de autonomía de Cartagena, el país se andinizó al adquirir el centro todo el poder, dejando de paso a la Costa pocas posibilidades de maniobra.

Luego de transcurrido un período de constantes enfrentamientos civiles, como lo fue el siglo XIX, en el cual los liberales y conservadores libraron la Guerra de los Mil Días (1899-1902), el nuevo siglo amanece con el lamentable hecho de la separación de Panamá del territorio co¬lombiano, lo cual condujo al debilitamiento del Estado nacional.

Ante los desequilibrios políticos, económicos y sociales causados por la guerra y el temor al crecimiento de nuevos movimientos separatistas, particularmente en Cauca, Antioquia y la Costa Atlántica, el gobierno del general Rafael Reyes (1904-1909) concibió el plan de dividir los departa¬mentos existentes en ese momento, a fin de debilitarlos y poder así sortear mejor la situación ante regiones más pequeñas y fáciles de manejar.

Para llevar a cabo su propósito, la administración de Reyes constitu¬yó una Comisión de División Territorial bajo la responsabilidad de los ministros de Gobierno. Después de tres años de estudio, la Comisión presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional Constituyente, en julio de 1998. Entre los argumentos que se exponían en la ponencia presentada por los representantes del gobierno, para justificar la nueva división territorial estaban, entre otros, “los graves peligros para la paz pública y para una buena administración”, el sostener la división territo¬rial existente. Asimismo, se argumentaba también que era prioritario el concederles mayor autonomía a los municipios y aproximar más las ac¬ciones del ejecutivo hacia las necesidades de las localidades.[iii]

Finalmente, se expidió la ley que fraccionó al país en 34 departamentos, más el territorio del Meta y el Distrito Capital. De lo anterior se infiere que las antiguas disputas entre las regiones continuaron incluso después de la Constitución Política de 1886, cuando Colombia se constituyó como un Es¬tado unitario con un sistema centralista, ante lo cual después se hizo necesa¬ria la citada reforma de 1908 a fin de mantener la unidad de dicho ente.

Para el caso de la Costa Atlántica, la historia nos muestra cómo, pese a los propósitos estatales de impedir a toda costa la fragmentación del país, también allí surgieron nuevas organizaciones que lucharon por mayor atención del gobierno central a las provincias. En particular, La Liga Costeña, nacida en 1918, representaba los intereses de los departa¬mentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Dicha asociación se propo¬nía evitar el aislamiento económico de la Costa, pues parecía que diversas medidas adoptadas por el gobierno central —desmonte del proteccio¬nismo, que beneficiaba a la industria regional; construcción de los fe¬rrocarriles del Pacifico y Caldas, que al unir las zonas cafeteras con el puerto de Buenaventura, desplazaban la actividad comercial de la Cos¬ta Atlántica hacia el centro y occidente del país; y abolición de la in-demnización que recibían desde 1885, por parte del gobierno central, los departamentos de la Costa por el monopolio de las minas de sal marí¬tima— afectaban ostensiblemente a esta zona de Colombia. A pesar de que la existencia de la Liga Costeña fue bastante efímera, esta experien¬cia, cuyo fracaso atribuyen algunos autores al predominio de las lealta¬des partidistas sobre las regionales, mostró que los intereses regionales no sólo incluían a los culturales o políticos, sino también a los económi¬cos, y que éstos trascendían las fronteras de cada departamento.

El siglo continuaría con constantes luchas políticas y sociales, en búsqueda de más justicia social de parte del Estado y una mayor partici¬pación ciudadana. Ahora bien, no sólo desde las regiones, sino también a través de los movimientos sociales, los movimientos y partidos políticos, los sindicatos, los grupos indígenas, el movimiento obrero y campesino, se ha optado por la protesta como medio para la búsqueda de mejores condiciones y mayores opciones.

Como consecuencia de la incapacidad estructural de un Estado cen¬tralista para el manejo de los conflictos de la provincia y como respuesta a las incesantes protestas ciudadanas, y a la presión de las elites desde las localidades, ha surgido la necesidad de delegar mayores responsabilida¬des a las regiones.

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La descentralización administrativa y los alcances de la Constitución política de 1991 en Colombia

Desde finales de los años sesenta, a partir del establecimiento del situado fiscal en 1968, se cedió a los departamentos un mayor control de recursos sobre los gastos en educación y salud. Un medio para viabilizar estos objetivos fue la cesión paulatina a los municipios de los recaudos por concepto del impuesto a las ventas o impuesto de valor agregado, IVA. Infortunadamente, en la práctica sólo unos pocos municipios resul¬taron beneficiados con estas medidas. Posteriormente, a partir de una serie de leyes promulgadas en 1983 y 1986, se hizo posible que se conce¬diera mayor autonomía a los municipios en el manejo y modernización de sus propios impuestos. Ilustra lo anterior la Ley 12 de 1986, que esta¬blecía una transferencia progresiva del IVA a los municipios proporcio¬nal al tamaño de su población y al esfuerzo fiscal propio. Más adelante, con la Constitución Política de 1991 se dinamizaría ostensiblemente el proceso de descentralización de los recursos. Entre otras medidas de la Carta, se estableció un calendario

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