Trabajo De CIENCIA POLITICA

TRABAJO ACADÉMICO

Los criterios 3 y 4 se evaluarán en todo el desarrollo del trabajo, con el puntaje correspondiente a 16 puntos.

PRIMERO. ELABORE UNA PRESENTACIÓN EN POWER POINT ACERCA DEL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE LA PALABRA “POLÍTICA”. ADJUNTO ARCHIVO

4 puntos

SEGUNDO. EXPLIQUE CON UN EJEMPLO DE LA REALIDAD PERUANA QUÉ ES UN HECHO POLÍTICO.

4 PUNTOS

La profundización de la crisis económica y social del Perú caracteriza en términos generales la situación de nuestro país en las últimas décadas. Para 1993 la pobreza absoluta alcanzó al 49.5% de la población, es decir casi la mitad de los peruanos "sobrevivían" sin satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo.

Casi dos terceras partes del territorio nacional se encuentran en Estado de Emergencia, es decir, en Estado de Excepción que comprende el control político de una región a cargo de las autoridades militares del Estado, la no vigencia de las principales garantías y derechos civiles y políticos que establecen el Derecho Interno Peruano.

El costo social de este enfrentamiento ha sido elevado, se han registrado por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional alrededor de 5,000 denuncias de detenidos desaparecidos, a ello se suma la práctica de la tortura, ejecución extrajudicial y de tierra arrasada que ha asolado pueblos enteros del país, principalmente de las provincias más pobres del interior del país.

La política represiva del Estado, que no reconoce el Derecho Internacional Humanitario ni los Derechos Humanos Internacionalmente reconocidos, se ha generalizado hacia toda la sociedad civil, principalmente a los dirigentes políticos y sociales de las distintas clases y grupos del país, situación que se agrava, luego del autogolpe de estado en 1992, que se dan un conjunto de normas de represión y juzgamiento de los llamados "delitos de terrorismo" y de "traición a la patria" , y se entrega la facultad de juzgar a los tribunales civiles y militares "sin rostro", anulando la independencia del Poder Judicial, y vulnera sus fueros, al cesar a los miembros de la Corte Suprema y disponer de oficio y por acto del ejecutivo, la reapertura de todos los procesos por delitos políticos, razón por la que muchos peruanos, que ya habían sido juzgados y dejados en libertad, nos vimos obligados a huir de nuestro país.

En la actualidad existen alrededor de 8,000 personas detenidas en los penales de máxima seguridad del país acusados y/o sentenciados por supuesta actividad subversiva, en condiciones infrahumanas que violan toda normatividad al respecto.

La denuncia por detenciones arbitrarias, reconocida por el Estado con la creación de una Comisión Ad Hoc para "indultos de inocentes", es sumamente elevada (en recientes declaraciones del "Defensor del Pueblo" Jorge Santisteban de Noriega señala que el 90% de los detenidos por supuesta implicancia subversiva ha denunciado su caso para que sea visto en esta Comisión Ad Hoc de "indulto a inocentes").

El sometimiento de los casos de los detenidos acusados de subversión ante tribunales militares, la incapacidad de ejercicio debido del derecho de defensa, el uso masivo de testigos anónimos para levantar cargos, la existencia de una ambigua e incoherente legislación sobre la materia, la manipulación descarada de los jueces civiles; son hechos que explican de alguna forma lo anterior.

En estos últimos años el Estado ha alegado en diversos foros internacionales una supuesta reducción del número de casos de violaciones a los derechos humanos, inclusive algunas organizaciones no gubernamentales han hecho eco de dichas afirmaciones; tal situación es infundada ya que en realidad lo que ha ocurrido es que en casi todas las zonas del interior del país es prácticamente imposible registrar en forma cierta denuncias y constatar hechos que son en realidad gravísimas violaciones a los derechos humanos; las organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta área se ubican casi por completo en la capital, los grupos de agentes sociales dedicados a al defensa y denuncia de estos casos han prácticamente desaparecidos del interior del país tanto por haber sido también víctimas de dichas violaciones como por un temor real de persecución.

A ello se suma la impunidad legalizada con la llamada Ley de Amnistía dada en favor exclusivo de los autores de gravísimas violaciones a los derechos humanos (como los implicados en el Caso La Cantuta, el Grupo Operativo Colina). Son hechos que explican el menor número de denuncias, pero no significan que haya disminuido el número de violaciones o crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

La consolidación cada vez más abierta de un sistema de gobierno propio de los regímenes absolutistas, la preponderancia y control de casi todas las Instituciones del Estado (Parlamento, Poder Judicial, Jurado Nacional De elecciones por ejemplo), la negación a la consulta popular garantizada por la Constitución, sobre la pretendida re-relección del Presidente Fujimori e inclusive el control de las instituciones de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, principalmente del Servicio de Inteligencia Nacional; dejan al descubierto la ausencia de garantías y derechos que se consideran esenciales en todo sistema de Gobierno Democrático, pintando al régimen como fascista y dejan en desamparo total a la mayoría ciudadanos que se oponen.

El fenómeno al que nos referiremos en términos generales lo llamamos "migración forzada", entiéndase por este concepto tanto las situaciones de exilio y "auto exilio", que comprenden la definición clásica de Refugio dada por la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1977, así como el concepto señalado en la Declaración de Cartagena de Indias en 1984; a la vez se extiende, a nuestro entender, a los casos de la llamada migración por motivos "económico - sociales" que dado el contexto peruano antes descrito es también forzada.

La dificultad de una categorización adecuada se entiende no solamente por el dinamismo del fenómeno, sino principalmente por razones de políticas que han establecido diversas categorías para diferenciar tratos muchas veces aduciendo razones humanitarias pero que en el fondo esconden subrepticiamente prácticas discriminatorias.

Sin perjuicio de lo anterior, pero teniendo como parámetro de precisión metodológica y con el afán de entender más precisamente la situación de la migración forzada y refugio político peruano hacia Chile, el lugar de destino nos permite distinguir

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