Trabajo De Investrigacion

I. GENERALIDADES

1.1. Título

NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EJECUCION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE BAGUA EN EL PERIODO 2008-2012

1.2. Autor

BrVALDERRAMA RODRÍGUEZ, Darwin Ismael

BrVARGAS BARRANTES, Maritza Elvira

1.3.Asesor

Mg. Cherre Antón, Carlos Alberto

1.4.Tipo de investigación

Descriptivo - Propositivo

1.5. Localidad

Provincia de Bagua

1.6. Duración del proyecto

De agosto a noviembre del 2013

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. Identificación de la realidad problemática

En Gerencia Sub Regional Bagua se puede apreciar que durante los últimos cinco años la ejecución de los proyectos de inversión no corresponden a los establecidos en el Presupuesto Participativo, lo que se refleja en las cifras construidas a partir de la revisión de las actas correspondientes a las reuniones de presupuesto participativo 2008 al 2012, así como los documentos de ejecución presupuestal de la Gerencia Sub Regional Bagua, en las que se evidencia que sin bien la Gerencia supero sustancialmente el número de obras proyectadas para su ejecución; cuatrocientos treinta seis ejecutadas, frente a ciento diez presupuestadas, lo que equivale a decir que se ejecutaron 396 % más, del total de obras ejecutadas solo el 11 % corresponden a las aprobadas mediante el presupuesto participativo.

El desfase generado entre la ejecución de proyectos y los planteados mediante el Presupuesto Participativo ha generado la no participación de los agentes sociales, lo que con lleva a que el planeamiento se encuentre alejado de la realidad y los mecanismos de fiscalización no se cumplan a cabalidad lo que conlleva a un divorcio entre las instituciones del estado responsables de la ejecución de las obras (Gobiernos Regionales y Municipalidades) y la sociedad en su conjunto, generando una ineficiencia en la ejecución del presupuesto participativo y la participación ciudadana.

2.2. Planteamiento del Problema

La primera experiencia de presupuesto participativo se inició en 1989 en la ciudad de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), tras la victoria del Partido dos trabajadores en las elecciones municipales. Utzig, J. E. (2010) identifica que en un contexto de fuertes desigualdades sociales y recursos limitados, el nuevo gobierno no podía hacer frente a todas las necesidades de la población ni dar respuesta a las expectativas creadas entre la población más desfavorecida. Resultaba imprescindible establecer prioridades de acción y, para hacerlo, contó con la sociedad civil fuertemente organizada, dando voz a los movimientos sociales. A través de un sistema asambleario, se creó una estructura que permitiese a los ciudadanos incidir en las decisiones sobre el gasto municipal.

El objetivo principal del presupuesto participativo, en Porto Alegre, se centró en la justicia social: empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de los más desvalidos, a menudo olvidadas, pasen a primer término mediante la inversión de prioridades. La experiencia continúa en vigor, aunque el cambio de gobierno municipal en 2004 propició modificaciones substanciales en el proceso y sus objetivos.

En el Perú, desde el año 2003 en que se promulgó la Ley Marco del Presupuesto Participativo No. 28056 que recogió experiencias participativas en la formulación de los presupuestos y reconoce la participación de la población en la formulación del presupuesto público de inversiones, han transcurrido siete años a través de los cuales se ha visto experiencias exitosas a nivel regional y local, así como también diversos errores y lecciones aprendidas que han permitido avanzar y perfeccionar el marco normativo de estos procesos.

De otro lado, en la gestión pública, han surgido nuevos enfoques para elaborar el presupuesto público como el presupuesto por resultados. Su vinculación con los procesos participativos en la formulación presupuestal han implicado ajustes en el diseño de las políticas públicas en este campo; así como nuevos retos en la implementación del presupuesto participativo. Ello implica también un cambio de enfoque donde se proponen proyectos usualmente “conocidos” como parques, construcción de caminos, etc. a un cambio por resultados donde se requiere jerarquizar problemas y necesidades a resolver en la localidad, en la región y el país y que deben ser resueltos en base a resultados concretos que transformen nuestra realidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Cabe indicar que en este proceso sigue siendo clave el liderazgo de los presidentes regionales y los alcaldes de acuerdo a su rol.

Históricamente el desarrollo de los pueblos estaba sujeta a las decisiones de los grupos del poder que radicaban en la ciudad de Lima y que través del Poder Ejecutivo y Legislativo decidían el tipo de inversión Pública en los departamentos; sin considerar las verdaderas aspiraciones y necesidades más inmediatas; sin embargo en el proceso de descentralización del Estado y el empoderamiento de la sociedad civil se aprueba la Ley Ley Nº 29298, ley que modifica la Ley 28056 Ley Marco del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO y su Reglamente aprobado por el Decreto supremo Nº 142-2009-EF; con ánimos de reformar el Estado a través de la participación de la Sociedad Civil en la toma de decisiones convirtiéndose en un mecanismo más inmediato, eficiente y viable que permite el cambio progresivo y continuo hacia mejores niveles en la calidad de vida en los habitantes de una localidad. Sin embargo, las evaluaciones realizadas sobre este proceso indican que todavía no existe una coherencia entre las decisiones de la población al priorizar los proyectos de inversión Pública y los planes de Desarrollo a través de los Programas de Inversiones de las entidades que manejan recursos para proyectos de inversión.

El presupuesto participativo como proceso político social de difícil construcción, se ha constituido en un espacio regional, que se desarrolla con el debido soporte técnico, donde las autoridades del Gobierno Regional y los líderes de la sociedad civil, definen de manera concertada la inversión pública y el aporte privado, con el compromiso de promover el desarrollo territorial en el marco de los planes de desarrollo concertado, basado en su respectivo marco legal. El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano

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