Etica y moral violacion de derechos humanos

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CIUDADANÍA Y REFLEXIÓN ÉTICA

(AC-S04) SEMANA 04

TAREA ACADÉMICA 1 - PARTE 1 – ENSAYO

ESTUDIANTE:

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2023

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA NIÑA EMBARAZADA VICTIMA DE VIOLACIÓN, LA INAPLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ABORTO TERAPÉUTICO Y SU PERSECUCIÓN PENAL POR AUTO ABORTO

El Perú ocupa el tercer lugar de incidencias por delitos de violación sexual en el mundo, según estadísticas proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Solo estamos por debajo de Etiopía y Bangladesh. Lo terrible de estas estadísticas, es que un 73% de estas violaciones se producen en niños y adolescentes y gran parte se originan en el entorno familiar”. (Javier Velásquez Quesquén, Congresista).

Un claro ejemplo de lo antes descrito es el caso de una niña indígena y rural víctima de violación a quien denominaremos Camila (seudónimo), quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que se quedó embarazada a los trece.

Nacida en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana, Camila quedó embarazada en el 2017. Fue llevada por un familiar a un hospital de Abancay, donde indico reiterativamente al personal de salud su situación y su decisión de no querer tener un hijo de su padre, esta petición fue reiterada en las visitas médicas posteriores. Claramente su estado de salud mental se fue agravando por los hechos antes mencionados. Frente a esto el personal médico, hizo caso omiso de sus manifestaciones, no informándole de su derecho a solicitar el aborto terapéutico de manera legal y segura. Por el contrario, el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila, la obstetra del centro médico de su comunidad, donde se atendió inicialmente, acudió a su casa junto con un policía para exigir que retome sus controles prenatales, lo que provocó su estigmatización frente a su comunidad y acoso en su familia, en consecuencia, la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo.

Tras tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por auto aborto sin prueba alguna más que sus declaraciones de no querer estar embarazada.  

La fiscal ordenó el examen de la escena del crimen, con la presencia obligatoria de Camila y su padre y citó repetidamente a Camila a declarar. La fiscal también desvió la investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de auto aborto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales.

Frente a este contexto surge las siguientes preguntas controversiales: ¿Fue ético el comportamiento del personal de salud en la atención de Camila? ¿Las autoridades judiciales y el hospital priorizaron el bienestar de Camila?

Desde mi punto de vista, considero que las acciones realizadas por parte del personal de salud carecieron de ética y criterio ya que vulneraron los derechos de Camila y adoptaron una posición indiferente frente a los hechos acontecidos. Asimismo, considero que las autoridades judiciales y el hospital trataron el problema de Camila con indiferencia y frialdad, no priorizando la protección de la menor ni el impacto psicológico al cual fue expuesta por las mismas acciones de las autoridades.

A continuación, fundamentaremos nuestras afirmaciones basadas en los hechos y el enfoque de la ética en las afirmaciones antes mencionadas.

En primer lugar, si bien es cierto que el aborto está penalizado en Perú, existen salvedades, llamadas aborto terapéutico, los cuales están para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. En tal sentido el aborto por violación, en menores de edad, es una acción valida, ya que el aborto por razones de salud es suficiente para eximir responsabilidades de pena judicial a las niñas, ya que una niña embarazada, va a tener graves problemas en su salud.  

La edad de la madre constituye un factor de riesgo obstétrico y de mortalidad materna y neonatal, principalmente en menores de 15 años.

En el 2017, 16% de muertes maternas ocurrió en mujeres menores de 19 años. Este porcentaje se        incrementó en        relación a los años 2016 (14.3%), 2015, (12.0%), 2014 (13.6%) y 2013 (8.9%).

Por otro lado, con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales, este hecho demuestra claramente la indiferencia de las autoridades ya que no tomaron las acciones pertinentes ni siguieron los protocolos, faltando a las normas que rigen en estos casos, no proporcionaron la consejería que amerita este tipo de situaciones.

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