SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE

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SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE

Exposición

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Saul portillo Núñez[pic 3]

Jesús Miguel Cruz

Alejandra Esquivel

Laura Janet García Martínez

Estefanía Valdez

Monserrath Fernàndez Sànchez

Resumen

El siglo XIX, se caracterizó por una ausencia estatal en el ámbito social, conforme a los principios liberales según los cuales nadie más que el propio individuo es el llamado a decidir en sus temas. Se agregan los recelos de la elite, que consideraba al asistencialismo una amenaza a los hábitos de los trabajadores,  y  fuente  de  expansión  de  ideas  subversivas.  Se      pensaba, además, ya en lo económico, que el actuar social estatal, iría de la mano con mayores impuestos para las clases acomodadas.

A fines de dicho siglo y durante las primeras tres décadas del siglo XX, la vida de la mayoría de la población del país se mantenía sujeta a los vaivenes  de una economía exportadora de productos agrícolas y mineros. Chile tenía un sistema de estratificación social rígido entre los grupos poseedores del poder económico-político y el resto del pueblo

Debido a esta marcada diferencia de clases, y las malas condiciones en la que se encontraban los obreros, comenzaron las primeras demandas laborales, y en respuestas a éstas grupos de artesanos y trabajadores industriales organizaban sus propias “mutuales” (Sociedades de Ayuda Mutua)  creadas para ayudar, con sus propios recursos, a sus miembros y familias en tiempos de enfermedad, accidente, o muerte de sus afiliados

La seguridad social vino a reemplazar la caridad pública, la ayuda parroquial y el ahorro voluntario, sustentada en una serie de principios, en base a los cuales el legislador organiza los beneficios sociales para lograr una cobertura eficaz en la población, aquellos eran: universalidad, equidad, solidaridad, oportunidad,    atención    integral,    eficacia,    eficiencia,    calidad, integración, complementariedad (subsidiaridad), atención descentralizada, participación y control social.

Es trascendental señalar que lo anterior debe encontrarse garantizado en la Constitución Política de un país, para una adecuada consagración y garantía de la misma, no quedando así duda de que corresponda un fin de Estado.

De esta forma, la Carta Fundamental de 1925 garantizaba en su artículo 10 N° 14 “la Protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo  de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales

Es así como podemos señalar que, el Estado de bienestar, en chile tuvo lugar en el siglo XX al instaurarse un grupo de políticas públicas orientadas a elevar los niveles de vida y las condiciones laborales de los trabajadores. Es en este período donde la preocupación por la seguridad social comienza con mayor fuerza, debido a la cantidad de trabajadores organizados y movilizados quienes exigen una mejora en sus condiciones laborales.

El nacimiento del Estado bienestar culminó en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, quien postuló una extensa agenda de leyes laborales y sociales que recogió los planteamientos que las organizaciones de trabajadores habían realizado desde inicios del siglo. El proyecto de Alessandri reunió a la parte más lúcida y consciente de la elite y de los grupos medios emergentes, para quienes el cambio social impulsado desde el Estado era una condición necesaria para frenar la amenaza de la insurrección socialista. En palabras de Alessandri “si la evolución se retrasa, triunfa la revolución.

Sin embargo, tales leyes fueron aprobadas en un contexto de sublevación militar en 1924, después de años de discusión en el Parlamento.

La consolidación de estas leyes ocurrió en el gobierno de Carlos Ibáñez, cuando se dictó la mayoría de los reglamentos que las hicieron operativas, a la vez que se cooptaba a parte del movimiento de trabajadores y se reprimía a los sindicatos de izquierda. Esta estrategia fue exitosa en su objetivo de neutralizar a los sectores más radicalizados del movimiento obrero y la cuestión social no se convirtió en una revolución socialista.

Hay que precisar que Chile fue uno de los primeros países en desarrollar normas de seguridad social, ya desde 1906 y hasta 1924 se dictaron más de quince leyes sociales, incluyendo a la salud previsional.40

Es así como se dicta una de las leyes más importantes de la época, el 8 de septiembre de 1924, la Ley Nº 4054 que crea el Seguro Obrero Obligatorio, basándose en un proyecto presentado en 1921 por el médico y Senador de la época, don Exequiel González Cortés, quien, a su vez, se inspiró en el diseño desarrollado en Alemania por el Canciller Von Bismarck.

Este modelo también fue adoptado por Inglaterra y otros países a fines del Siglo XIX.

Estas primeras leyes orgánicas no tuvieron la receptividad esperada de gran parte de los obreros, quienes inclusive organizaron desfiles por las calles de la capital solicitando la derogación de la ley que les imponía descuentos en sus salarios.

En 1924 se crearon las instituciones que cubrieron los ingresos en casos de accidente, invalidez, enfermedad y vejez de los trabajadores. Esta legislación fue  pionera  en  América  Latina,  convirtiendo  al  sistema  de  seguridad social chileno en el más antiguo de la región.

La seguridad social se organizó en torno a categorías ocupacionales, denominadas Cajas, como la Caja de Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares y la Caja de Empleados Públicos y Periodistas.

2.2.- Previsión Social y Salud.

Dentro de la previsión social podemos incluir la medicina social, entendiéndola como “la rama de la Seguridad Social que se ocupa de las condiciones de salud- incluyendo su componente económico- de los miembros de la colectividad”

La medicina social concede tres clases de prestaciones: de servicio considerando la atención médico y dental otorgados directamente por el profesional correspondiente; de especie, que consisten en los bienes dados a los miembros de la comunidad, que los necesita como consecuencia de un acto médico- social; y por último en dinero que corresponde a los subsidios y pensiones de invalidez

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