Contexto Politico, Juridico E Instrumenta

Política para el desarrollo rural e integral

La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, toma como punto de partida la

Significativa importancia que tiene el ámbito de lo rural, tanto por sus problemáticas y rezagos como por sus potencialidades y papel económico, en la búsqueda del desarrollo humano de las poblaciones que lo habitan, especialmente en estos momentos de crisis financiera global con su alto impacto socioeconómico, productivo y ambiental que provoca mayores niveles de desempleo a nivel nacional, que inciden en el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Un incremento sustancial de la inversión pública dirigida a fortalecer las capacidades productivas de los sujetos de la presente política contribuiría a revertir dicha situación.

Otro elemento de suma importancia tomado en cuenta en la elaboración de la Política

Nacional de Desarrollo Rural Integral es el reconocimiento y promoción de la multiculturalidad del país dentro de un esfuerzo de búsqueda de la unidad nacional en medio de la rica diversidad cultural predominante.

Se parte de una premisa fundamental que surge de la inobjetable realidad nacional: el desarrollo rural determina, en gran medida, el desarrollo nacional; por lo que al Estado le corresponde un papel central en el impulso de los cambios necesarios para alcanzar ese objetivo.

La búsqueda del bien común nace del mandato Constitucional que lo coloca como el objetivo primordial del Estado, así como del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

También es importante reiterar que en los temas agrario y de desarrollo rural es donde existen los principales déficit en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, lo cual ha sido reconocido por actores nacionales e internacionales diversos.

Es en el contexto descrito que se formula la presente Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, como producto, como ya se expresó anteriormente, de un proceso participativo, entre el gobierno y diversas organizaciones sociales. Esta participación, tiene la virtud de tomar en cuenta las propuestas y puntos de vista de sectores históricamente excluidos en Guatemala, que fueron planteados por organizaciones indígenas, campesinas, sindicalistas, cooperativistas, de pequeños productores rurales, ambientalistas, académicas y de la iglesia.

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