Delimitación de sector público y empresa pública
Enviado por yusdraa • 6 de Septiembre de 2014 • 594 Palabras (3 Páginas) • 200 Visitas
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Enviado por: sergio_el_lobo 04 octubre 2013
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1. Delimitación de sector público y empresa pública.
El sector público está estructurado en tres ámbitos territoriales: estatal, autonómico y local.
sector público estatal: su estructura la establece la propia LOFAGE, distinguiendo:
1. La Administración General del Estado (Ministerios y sus órganos centrales, territoriales o periféricos).
2. Los organismos públicos, que a su vez, se clasifican según el artículo 43.1 de la LOFAGE en:
a. Organismos autónomos.
b. Entidades públicas empresariales.
c. Agencias estatales, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente, por esta ley.
Entidades sin fines de lucro
Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que, a diferencia de las empresas, los ingresos que generan no son repartidos entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social. en consecuencia, los ingresos que obtienen y que solo estén constituidos por cuotas sociales que aportan sus asociados, para el financiamiento de las actividades sociales que realiza, no constituyen renta para los efectos tributarios, como asimismo, todo otro ingreso que una ley determinada tipifique como no constitutivo de renta tributable. Dentro de este grupo de contribuyentes se consideran a las fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, cooperativas y otras instituciones cuyo objeto no es el lucro económico.
La regulación pública
La regulación de la vida económica es una función esencial del sector público, y consiste en establecer las leyes, normas y procedimientos que deben seguir los agentes en su actuación económica. Incluye aspectos tan importantes como la política económica o la legislación y normativa laboral, medioambiental y financiera.
El papel del Estado como regulador de la vida económica es necesario, en primer lugar, porque todas las relaciones humanas precisan de normas y leyes de comportamiento,
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y en segundo lugar por razones económicas que justifican esa intervención pública, que se concretan en los fallos del mercado que
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