Justicia Fiscal y Administrativa en el orden Federal con plena Autonomía

“Impartir Justicia Fiscal y Administrativa en el orden Federal con plena Autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el acceso total a la Justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica de manera pronta, compleja, imparcial y gratutita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social” (Filosofía y Misión del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa).

ANTECEDENTES.

El establecimiento del Contencioso-Administrativo en nuestro País tiene su antecedente en la Ley para el Arreglo de lo Contencioso-adiministrativo del 25 de noviembre de 1853, conocida como Ley Lares, en la que se prohíbe a los Tribunales Judiciales actuar sobre las cuestiones de la Administración por la independencia de sus actos y sus agentes frete al Poder Judicial con lo que se concede al Estado el carácter de Tribuanl Administrativo, para conocer las controversias relativas a obras Públicas, contratos de la Administración, rentas nacionales, policía, agricultura, industria y comercio.

Esto provocó diversas controversias controversias puesto que la idea generalizada era una estricta división de las funciones, por lo que no se podía aceptar que el Ejecutivo realizara una función jurisdiccional en ningún sentido, y con esta idea se elaboró la Constitución de 1857 que en su Artículo 97 atribuyó a los Tribunales de la Federación, dependientes del Poder Judicial, el conocimiento y resolución de todo tipo de controversias, por lo que se pronunciaron diferentes tesis para combatir la existencia de tibunales Administrativos por considerar que vulneraban el principio de la División de Poderes, entre las que resalta Vallarta y Pallares.

Por otra parte la Constitución de 1917 en el texto del artículo 104, tampoco previó la existencia de Tribunales administrativos, por lo que se hicieron dos reformas y adiciones que fueron publicadas  en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de diciembre de 1946 y 25 de octubre de 1976, a fin de darles un sustento constitucional. Este Proceso culminó con las reformas del 10 de agosto de 1987 que adicionaron la fracción XXIX-H al artículo 73 constitucional a fin de orotogar facultades al Congreso de la Unión para “expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

Así llegamos al 27 de agosto de 1936 en que se emitió la LEY DE JUSTICIA FISCAL, fue entonces cuando el primero de enero de 1937 entro en vigor esta ley, que estableció el Tribunal Fiscal de la Federación como un organismo con autonomía para dictar sus fallos por delegación de facultades que la propia ley establece, es decir como un Tribunal Administrativo de Justicia delegada, lo cual originó numerosos controversias acerca de su constitucionalidad, aspecto que soluciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que la garantía de jurisdiccionalidad que se consagra en el artículo 14 constitucional (establece que se bede seguir el juicio que puede consistir en un procedimiento contencioso de carácter jurisdiccional promovido ante autoridad adminstrativa), no implica que el Juicio se tenga que seguir ante un órgano judicial, y que mientras el Poder Judicial tuviere conocimiento de los asuntos contencioso- administrativos a través del amparo la constitución no sería violada, ya que el Tribunal Fiscal de la Federación dentro del marco del Poder Ejecutivo no implica ataque al principio constitucional de separación de poderes, ya que la seguridad del particular se encuentra garantizada al poder interponer el juicio de amparo en contra de resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación.

Este Tribuanl estaba compuesto por 15 Magistrados que podían actuar en pleno o a través de cinco salas; las cuales estaban formadas por tres magistrados cada una. La competencia del Tribunal se amplió al conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…

La ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene su base en el actual Procedimiento previsto en  título VI del Código Fiscal de la Federación.

       El Tribunal se encuentra rodeado de disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos, todos contenidos en la Página oficial del Tribunal, mismos que a continuación menciono:

• MARCO CONSTITUCIONAL:  Artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• LEYES: Ley  Federal del Procedimiento Administrativo
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Ley órganica del Tribuanl Federal de Justicia FFiscal y Administrativa.

• REGLAMENTOS: Reglamento Interior del Tribunal Federal de Juticia Fiscal y Administrativa.

• Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Reglamentos de Debates de la Sala Superior

• Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reglas para el desarrollo de las Sesiones de la Junta de Gobierno y Administración y;

• Lineamientos técnicos y formales para la sustantación del Juicio en Linea.

ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE TRIBUANL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Es un Tribunal Administrativo, ubicado dentro del marco del Poder Ejecutivo sin sujeción a las autoridades que integran ese poder y que actua por Delegación de facultades que la ley le otorga.

Su propósito según en Maestro Delgadillo Guitierrez es “Mantener la División de Poderes y el respeto a la Acción del poder Ejecutivo Federal. Se creó mediante una Ley Federal, con la denominación y reconocimiento de un Tribunal administrativo dotado de pleno autonomía para emitir fallos. Es también un Tribuanl Autonomo, ya que como se expresa en la Ley de Justicia Fiscal, ni el Presidente de la Repubica ni ninguna otra Autoridad Administrativa tendrá intervención alguna en los procedimientos o en las resoluciones del Tribunal”. Se consagra así su autonomía, pues el Ejecutivo piensa que si esa autonomía no se otorga de manera amplia no se puede hablar propiamente de una Justicia administrativa, autonomía que se encuentra implícita en el artículo 1 de su Ley Orgánica.

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