La Nueva Constitución del Ecuador. Estado, Derechos e Instituciones.

La Nueva Constitución del Ecuador. Estado, Derechos e Instituciones.

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, conocida como la Constitución de Montecristi por ser esta ciudad las sede en donde se estableció la Asamblea Constituyente, en honor al Presidente Eloy Alfaro, nacido en dicha ciudad de la Provincia de Manabí, presenta como una de las principales características, el poder que se le otorga al pueblo para la toma de decisiones importantes relacionadas con la gobernabilidad de la nación, donde el poder político pierde fortaleza y lo gana el poder popular a través del sistema de revocación implementado, el cual puede ejecutarse mediante los órganos de control, cuando se considere que el gobierno no está cumpliendo las funciones establecidas en la Constitución (Echeverría, pág. 17).

(Santamaría, 2011, pág. 11), considera que el valor de  una constitución no está directamente relacionado con su perfección técnico-formal, su redacción o su coherencia, sino más bien se encuentra relacionado con los avances de fondo que la constitución establezca en referencia a los aspectos del pasado, sus cambios y proyecciones para el futuro, los cuales deben ir enfocados al desarrollo de altos niveles de garantía de los derechos ciudadanos y compromisos sociales.

Esta idea es cónsona con los principios básicos que rigen a la Constitución de Montecristi, donde se establecen niveles institucionales que sobreponen la estructura política de la antigua constitución del año 1978. En esta nueva Constitución se reformula la participación y organización del poder, quedando establecido en su título IV, una de las reformas de mayor innovación, donde se fomenta la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía nacional a través de la conformación de un conjunto de instituciones públicas para el desarrollo de cada una de las funciones del estado, las cuales se describen a continuación:

• Función legislativa: ejercida por la Asamblea Nacional, integrada por asambleístas elegidos por periodos de 4 años.

• Función ejecutiva: integrada por la presidencia y vicepresidencia, los ministerios de Estado y demás organismos necesarios para desarrollar las políticas públicas. El presidente ejerce la función ejecutiva como Jefe de Estado y de Gobierno, siendo responsable de la administración pública.

• Función judicial: ejercida por los órganos de Función Judicial y demás órganos establecidos en la Constitución, con base en la potestad de administrar justicia que emana del pueblo.

• Función electoral: conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, regidos por principios de autonomía, transparencia, equidad, identidad de género e independencia.

• Función de transparencia y control social: ejercida por el pueblo a través del mando y la fiscalización del poder público, mediante el ejercicio de su derecho a la participación.

La constitución se convierte en la carta de derecho de los ciudadanos, donde los órganos de control y la Corte Constitucional, vigilan su cumplimiento. Sin embargo, el proceso de implementación, trae consigo una serie de cambios paradigmáticos que dificultan el cumplimiento cabal de cada aspecto. Como todo proceso, requiere de tiempo para alcanzar su punto máximo de cumplimiento. Para (Acosta, 2010, pág. 38), es necesario apropiarse de la constitución con la finalidad de que los futuros acuerdos políticos vayan enmarcados en el aporte al Buen Vivir y en la garantía del cumplimiento de los intereses nacionales en vez de beneficiar intereses particulares o gremiales. Es por este motivo que con la nueva Constitución de Montecristi, la carga política se traslada hacia el Poder Ejecutivo, que es el ente sobre el cual recae toda la responsabilidad de la ejecución política pública del país, permitiendo que los órganos de control y la Corte Constitucional garanticen el cumplimiento de la aplicación del mandato constitucional (Echeverría, pág. 17).

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