Maestro De Educacion Primara

Violencia en Guatemala: el problema de fondo es la Debilidad del Estado

23 Comments 29 marzo 2009

Por Carlos A. Mendoza, CABI

Los problemas de violencia e inseguridad ciudadana que enfrenta hoy Guatemala no se pueden entender con un marco de referencia meramente coyuntural. Es decir, no podemos explicar lo que pasa recurriendo a supuestos “planes de desestabilización” diseñados por el crimen organizado. Si es cierto que existen dichos planes, se trataría de otro síntoma de un problema de carácter más institucional y, por lo tanto, que se ubica en un plano temporal de mayor extensión. Tampoco podemos explicar la tragedia de sangre y dolor que viven hoy todos los guatemaltecos simplemente culpando de omisión a este gobierno o al anterior. No es algo que se resuelva fácilmente con “inteligencia” o con “mano dura”. Adicionalmente a las carencias institucionales de fondo, hay restricciones de tipo estructural que impiden hacer los cambios necesarios en la matriz institucional del país de manera más acelerada.

Yo siempre he criticado, en mis ensayos sobre los linchamientos, los planteamientos que tratan de explicar todas nuestras desgracias, como la violencia contemporánea, con el argumento del conflicto armado interno. Particularmente, me parece poco convincente la hipótesis de la pedagogía del terror y de la “cultura de la violencia”. Soy de los que piensa que el ser humano es violento por naturaleza y lo que debemos hacer es domarlo, restringirlo. De tal forma que la violencia no hay necesidad de enseñarla o aprenderla, es un instinto animal. Venimos programados para la lucha por la supervivencia. Por ello las instituciones son necesarias. Estas “reglas del juego” que nosotros mismos hemos creado, ya sea de manera espontánea o deliberada, son restricciones al comportamiento que nos permiten vivir en sociedad, cooperar unos con otros en lugar de competir hasta la muerte por los recursos escasos.

Sin embargo, sí pienso que el conflicto armado nos dejó una grave secuela. Ambos bandos debilitaron al Estado. Por un lado, los guerrilleros querían acabar con el Estado oligárquico-autoritario creado por la alianza entre militares y agro-exportadores a finales del siglo XIX. Claro que ellos querían imponer un nuevo Estado, también autoritario y de partido único, supuestamente dirigido por el proletariado. En ese esfuerzo armado e ideológico, la izquierda radical y ortodoxa no sólo debilitó a su enemigo de clase, también desgastó al Estado mismo. Además de atacar su componente “oligárquico” destruyó mucho de su esencia como Estado, por ejemplo, definiendo muchas veces como objetivo militar a las autoridades locales y considerando al principal agente estatal, el Ejército, como el enemigo a vencer. Por el otro lado, los militares y la oligarquía defendieron su tipo ideal de Estado, el que garantizaba el status quo, y lo hicieron contradiciendo dos pilares fundamentales de su legitimidad: el Estado de Derecho y la democracia. La represión estatal, de carácter contrainsurgente, violó todos los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, y uso proporcional de la fuerza, entre otros. Bajo la excusa de estar peleando una “guerra sucia” contra un enemigo interno organizado de forma irregular, el Ejército se volvió en un agente de terror entre la población rural, en zonas predominantemente indígenas, reforzando de esta manera la desconfianza centenaria de los pueblos indígenas hacia un Estado que sólo los buscaba para cobrarles impuestos y extraer sus riquezas por otros medios, ya sea el despojo o el trabajo forzado, legalmente sancionados.

Este reciente y prolongado episodio de violencia política, no sólo motivado por ideologías sino por importantes intereses en juego, nos costó demasiado en términos de vidas y recursos, pero también en términos de institucionalidad. El Estado salió debilitado. Le había costado tanto, literalmente siglos, penetrar su territorio y, cuando avanzó, los hizo aterrorizando a sus ciudadanos, en lugar de protegerlos. De esta forma ejerció poder coercitivo pero sin legitimidad ante los ojos de la población.

Luego, con los Acuerdos de Paz se obligó al

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