Proceso De Accion Popular

PROCESO DE ACCION POPULAR

SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:Es un proceso constitucional que tiene como finalidad que las normas jurídicas de jerarquía inferior a la ley (por ejemplo, un decreto supremo que reglamenta una ley) no contravengan a la Constitución o a la ley. Se presenta a la Sala competente de la Corte Superior del Poder Judicial y ésta, en su sentencia, declara si la norma que ha sido impugnada contradice o no la Constitución o a la ley. Si la Sala comprueba que, efectivamente, la norma impugnada infringe alguna de aquéllas, la declara inconstitucional o, en su caso, ilegal y, por consiguiente, esa norma pierde efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia, lo que equivale a decir que, a partir de ese momento, deja de existir en el ordenamiento jurídico.

César Landa: “La Acción Popular está estrechamente ligada a la acción de inconstitucionalidad de las leyes, en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo, además del legal, pero examinando las normas inferiores a la ley”

1. CONCEPTO

La acción popular es un proceso constitucional que sirve para defender la jerarquía de la Constitución y la ley frente a normas dictadas por la función administrativa. Aparece por primera vez en la legislación peruana es el artículo 133º de la Constitución del año 1933, indicándose que se ejercitaba ante el Poder Judicial contra los reglamentos, resoluciones y decretos de carácter general que infringieran la Constitución y las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad de los ministros. No obstante esta norma no funciono porque no se dictó la norma procesal correspondiente. Recién con la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 14605dispuso que la acción popular se tramitara en vía ordinaria como proceso de puro derecho.

La Constitución vigente, en su artículo 200º establece en su párrafo 5 que son garantías constitucionales, entre otras, la Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

Procesalmente, la Ley Nº28237 aprobó el Código Procesal Constitucional, que entro en vigencia el 1º de Diciembre del año 2004, el mismo que en el Titulo VII, artículos 84º al 97º regula específicamente el proceso de acción popular. Allí se establece normas sobre la legitimación, competencia, formalidades del a demanda, el procedimiento, medidas cautelares y el pronunciamiento de la Sala.

Cuando se interpone una demanda de acción popular, lo que se persigue es la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución y las leyes, antes que la tutela de intereses subjetivos. Se trata pues de un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía: de un lado está la Constitución y/o la ley (como parámetros),

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