Salud Ocupacional

La legislación Colombiana en Salud Ocupacional, También establece y orienta la participación de los trabajadores en todos los aspectos que atañen a su salud y seguridad en el trabajo, y una figura para su representación autónoma por medio del Comité Paritario de Salud Ocupacional conocido como COPASO, el cual es un canal de comunicación entre los empleadores y los trabajadores que va en función de mejorar o mantener condiciones óptimas de trabajo y de salud, también este organismo es el encargado de dar cumplimiento a la ejecución de las actividades del Programa de Salud Ocupacional de la compañía, este Comité está conformado por representantes de los trabajadores y representantes del empleador, en iguales condiciones representativas, la representación de los trabajadores en la participación en salud ocupacional se fundamenta en un principio, en la resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la conformación del comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, en el cual se presenta el número de participantes de parte de los trabajadores y de parte del empleador, dependiendo el total de trabajadores de la empresa, luego con el decreto ley 1295 de 1994, este comité se convierte en Comité Paritario de Salud Ocupacional, el cual seguirá rigiéndose por la resolución 2013 de 1986.

Los trabajadores en Colombia tanto en la empresa pública como privada, cuentan con herramientas jurídicas muy importantes para defender sus derechos, comenzando con la Constitución política, en la cual se establece el trabajo como un derecho fundamental de todo ciudadano Colombiano, luego la ley 100, que regula el Sistema General de Seguridad Social Integral, que comprende todo lo relacionado con afiliación al Seguridad Social, Salud, Pensiones y riesgos profesionales, también se cuenta con el Código Sustantivo del Trabajo que garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores, el decreto ley 1295 de 1994, que reglamenta el programa de Salud Ocupacional y la participación de los trabajadores en el COPASO, la ley 1010 de 2006, que “define, previene, corrige y sanciona las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública”.

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