EL CONCORDATO

CONCORDATO

DEFINICIÒN

Un concordato es un acuerdo entre la Iglesia Católica (Santa Sede) y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés

ANTECEDENTES DEL CONCORDATO

Los conflictos del siglo XIX

Nada de esto era imaginable para la mayoría de los hombres de la Iglesia y de los partidos tradicionales en el siglo pasado, cuando la Iglesia se presentaba opuesta al progreso moderno y muy vinculada a las corrientes tradicionalistas y restauracioncitas que reaccionaban en Europa contra las ideas de la Revolución francesa, expresión de la concepción burguesa del hombre y de la historia. Además, las luchas contra la unidad italiana, el laicismo de los republicanos franceses y el anticlericalismo de los liberales españoles hacen que los papas asuman una actitud intransigente frente a las ideas liberales. La Iglesia se encierra así en una actitud defensiva frente a los valores de la modernidad, sin intentar discernir sus aspectos positivos y negativos.

En Hispanoamérica, el problema empeoraba por la estrecha relación que había existido entre el Estado español y la Iglesia católica durante los tiempos coloniales y la preponderancia de la Iglesia en la sociedad de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Este peso social de la Iglesia representaba problemas para los estados en formación, como el colombiano, que trataba de extender su autoridad sobre una nación en proceso de integración, pero que carecía de recursos fiscales y de personal suficiente para hacer presencia a todo lo largo del país. En cambio, la Iglesia gozaba de mayor legitimidad y autoridad en el conjunto de la población, lo mismo que de mayores recursos económicos y de personal, que le permitían una mayor cobertura del territorio nacional.

Esta situación es la raíz de los conflictos entre Iglesia católica y partido liberal que caracterizaron a la historia colombiana durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. A mediados del siglo XIX, una serie de reformas sociales y económicas intentan dinamizar la sociedad nacional para insertarla en el mercado mundial. Los problemas empeoran con el segundo gobierno del general Mosquera, que expulsa de nuevo a los jesuítas y a varios obispos a la vez que establece la tuición o vigilancia del gobierno sobre la Iglesia, que impone la necesidad del permiso gubernamental para desempeñar oficios eclesiásticos y publicar en el país cualquier documento papal. Por otra parte, la desamortización de los bienes inmuebles de la Iglesia (que se llamaban de manos muertas, por la dificultad de su enajenación, que virtualmente los sustraía del mercado) constituía un severo golpe a las finanzas eclesiásticas. Conviene hacer notar que algunos de los abusos de Mosquera contra el clero católico fueron rechazados por algunos de los prohombres del liberalismo radical, que incluso trataron de mediar para suavizar las medidas de Mosquera. Sin embargo, con los radicales se presentó un conflicto más de fondo, cuando la reforma educativa de 1870 intentó imponer una educación laica, aunque en algunas regiones, como en Cundinamarca, se logró un acuerdo con el arzobispo en materia de educación religiosa. La pugna en torno a esta reforma fue uno de los factores que desencadenaron la guerra civil de 1876, que en algunos lugares tuvo casi carácter de guerra religiosa, lo que empeoró mucho las relaciones del grupo radical con la Iglesia católica.

AMBIENTE HISTÓRICO DEL CONCORDATO

Este ambiente explica mucho del significado y del espíritu defensivo del Concordato de 1887, que, junto con la Constitución de 1886, buscaba poner fin a esta serie de conflictos. Apenas finaliza la guerra de 1876, el nuevo presidente, general Julián Trujillo, del grupo independiente (anti radical), pide al Congreso la derogación de la ley de inspección o tuición de cultos y el indulto de los obispos desterrados. Además, se dan instrucciones al encargado de negocios en Italia, José María Quijano Wallis, para buscar obtener un modus vivendi con la Santa Sede. Sin embargo, este arreglo debía aparecer como de carácter privado y concedido espontáneamente por el Papado, pues la Constitución de 1863 no permitía celebrar concordatos con la Santa Sede. Un convenio de esta especie se logró entre el cardenal Lorenzo Nina, secretario de Estado del Vaticano, y el general Sergio Camargo, nombrado agente confidencial ante la Sede Apostólica. La Convención Nina-Camargo era un arreglo preliminar para restablecer relaciones y prevenir conflictos futuros: el gobierno colombiano se comprometía a derogar la tuición de cultos, indemnizar por los perjuicios económicos, restablecer la renta nominal que compensaba por la desamortización, levantar el destierro a los obispos e indultar a los sacerdotes que hubieran sido condenados. Por su parte, la Santa Sede permitía la posesión pacífica de los que hubieran comprado bienes desamortizados y levantaba las censuras y penas eclesiásticas que había impuesto a todos los implicados en la desamortización.

Pero el Congreso de 1881, dominado por los nuñistas, se negó a ratificar la Convención por motivaciones políticas: no se quería dar ese triunfo político a un radical como Camargo, cuyas alusiones a los motivos personales que el ya presidente Núñez tendría para oponerse a la ratificación del convenio lo llevaron a un enfrentamiento borrascoso con el secretario (ministro) de Educación y Relaciones Exteriores, Ricardo Becerra. En su mensaje al Congreso, Núñez anunció que había resuelto rechazar el Convenio, ya que el gobierno había ido tan lejos como era posible en el camino de la tolerancia y del respeto a la religión, pero consideraba inconstitucional la exigencia de la Santa Sede que pedía la sanción de las leyes canónicas por parte de la República.

Rafael Núñez siempre trató de desmentir la especie según la cual él estaba condicionando todo convenio con la Santa Sede al arreglo de su situación matrimonial, ya que era divorciado y vuelto a casar, según la legislación entonces imperante. Por esta situación, sus relaciones con el delegado de la Santa Sede, Juan Bautista Agnozzi, no fueron nada cordiales. Parece que Agnozzi no se mostró muy dispuesto a tramitar la anulación del primer matrimonio del presidente. Pero, según la propia Soledad Román de Núñez, el proceso fracasó porque la Santa Sede exigía una acusación formal contra la primera esposa de Núñez, Dolores Gallego, a lo que se opusieron tanto el propio Núñez como ella misma

Negociaciones del Concordato

Así, el Concordato de 1887 no será sino la consecuencia lógica de la nueva carta constitucional; en ese sentido, el encargado de las negociaciones, Joaquín Fernando Vélez, recibe instrucciones de puño y letra del presidente Núñez. Según éstas, el convenio debe reflejar fielmente el espíritu

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