Filosofia Del Derecho

LA OBEDIENCIA AL DERECHO

Una de las funciones más características del Derecho es la que consiste en regular las conductas de los hombres que viven en sociedad, con el fin de obtener una convivencia pacífica, donde reine la seguridad, y de lograr, en la medida de lo posible, que la justicia presida las relaciones que se produzcan entre este grupo de personas. Como bien afirma GONZÁLEZ VICÉN todo grupo que quiera transformar la mera coexistencia en verdadera convivencia humana necesita una serie de cánones de conducta, es decir, de normas o esquemas que digan en cada situación cuál ha de ser el comportamiento de los miembros del grupo respecto a los demás. Naturalmente si esta es la función primordial que tiene el Derecho, la finalidad primaria a la que aspira es a ser obedecido, pues sino se obedece al Derecho éste no puede lograr su objetivo, no existiendo convivencia, sino mera coexistencia. Desde este punto de vista resulta obvio que el Derecho debe ser obedecido y que su incumplimiento conlleva pésimas consecuencias al grupo social en el que se produce.

A pesar de que el tema de la obediencia al Derecho ha sido estudiado por un extenso número de filósofos del Derecho, la cuestión no presenta una ubicación sencilla e indiscutida. Si bien es cierto que podemos encontrar posturas enfrentadas, la casi totalidad de los filósofos españoles y extranjeros sitúan la pregunta sobre la obediencia al Derecho en el ámbito de la moralidad, en detrimento del ámbito jurídico e incluso político. A pesar de ello creo, postura en la que coincido con la profesora MARTÍNEZ YÁÑEZ, que el estudio de la obediencia desde uno solo de los ámbitos enunciados supondría una inexactitud ya que nos daría una visión excesivamente limitada e insuficiente de la compleja realidad que configura la obediencia al derecho. Todo esta crítica conlleva la necesidad de abordar el tema que nos ocupa desde una triple y complementaria perspectiva: la obediencia al Derecho como obligación jurídica, como obligación política y como obligación moral.

LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN JURÍDICA

Esta perspectiva es quizá la más decisiva en lo referente a fundamentar la obligación de obedecer el Derecho, no en vano la exposición de este trabajo comienza con ese enfoque. Sin embargo, el enfoque jurídico es, de los tres posibles desde los que se puede analizar la obediencia al Derecho, el más olvidado por la doctrina. En este sentido MARTÍNEZ YÁNEZ considera que la perspectiva jurídica en este campo también aporta respuestas interesantes que han de ser tenidas en cuenta para una adecuada resolución del problema.

Es absolutamente lógico pensar que el Derecho, que nace con la función primordial de satisfacer unos determinados objetivos, ha de articular también los medios necesarios para ser obedecido. El medio principal a través del cual el Derecho pretende ser obedecido es la obligación jurídica de obediencia. En este sentido parece claro que la obligación de obedecer el Derecho se presenta como una correspondencia lógica del propio existir del Derecho, pues, ciertamente, un Derecho que no exigiese obediencia es una contradicción lógica. Después de esta argumentación parece claro que la viabilidad del Derecho y la realización de los objetivos que éste pretende, principalmente los que lleva implícito su función ordenadora, pasan por la existencia de una obligación jurídica a la obediencia al Derecho.

En la doctrina, sin embargo, encontramos posturas contrarias y enfrentadas a la expuesta anteriormente. En esta dirección encontramos fundamentalmente la postura de SINGER para el cual nuestra obligación fundamental de obedecer la ley es una obligación moral y no una obligación legal. No puede ser una obligación legal, porque esto nos llevaría de regreso al infinito: puesto que las obligaciones legales se derivan de leyes, tendría que haber una ley que dijese que debemos obedecer la ley. ¿Qué obligación habría, entonces, de obedecer esa ley? Si fuera una obligación legal, entonces tendría que haber otra ley… etc. Si hay alguna obligación de obedecer la ley, debe ser en última instancia una obligación moral.

Para E. FERNÁNDEZ las razones legales no sirven para explicar la obediencia al Derecho ya que desde el momento en que existe una norma jurídica el ciudadano está legalmente obligado a obedecerla; puede decirse que se da una identificación entre la norma jurídica y la obligación legal de obedecer. Igualmente D.D. RAPHAEL afirma que es una tautología afirmar que estamos legalmente obligados a obedecer la ley porque la ley es la que impone una obligación legal. Las razones para aceptar la obligación legal han de buscarse fuera del sistema de obligación legal.

LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN POLÍTICA

La obligación política como obligación con sustantividad propia e independiente tanto de la obligación jurídica como de la obligación moral, ha sido uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito de la filosofía político-jurídica de los últimos años.

La obligación política, según definición de UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, es una obligación que enlaza al individuo con la comunidad política en cuanto tal, vínculo que patentiza la existencia de una relación política de poder-sujeción, mando-obediencia, y que se configura como un doble y recíproco requerimiento, el del imperado, a obedecer a la autoridad de una comunidad política, y el de ésta a no mandar sino aquellos que puede ser obedecido. Creo que tampoco ofrece ninguna duda que cualquier comunidad o grupo social que quiera perdurar en el tiempo y no destruirse a través de las luchas entre sus miembros ha de respetar el orden político establecido y las normas que emana de dicho poder, que si bien puede no ser el ideal siempre conlleva una situación más positiva, al menos más segura, que si faltase.

Desarrollando esta idea, MARTÍNEZ YÁNEZ afirma que la obligación política se da en todas las sociedades ya que se trata de un rasgo constitutivo de la cultura y de la organización de cualquier comunidad política. Ello significa que el ciudadano tiene siempre obligación de acatar las normas que emanan del poder político, sea por el mantenimiento de las condiciones de orden, seguridad y certeza que la existencia del poder salvaguarda, sea porque a ellos se añade la legitimidad del aparato político conforme la idea de justicia dominante en la sociedad. Esta autora también analiza el peligro que conlleva en esta obligación la postura que la conciencia individual tome acerca de la misma. Acepta que el hombre es un sujeto moral y que, como tal, puede analizar a la luz de su conciencia cualquier acción cuya realización le sea exigida como obligación política. Sin embargo, no acepta que la conciencia individual se encuentre

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