Terrorismo

. EL TEMA DE LA PENA

La sociedad política apareja un proyecto de justicia. Se constituye como un sistema para procurarla y alcanzarla. Por eso contrataron entre sí los hombres originales, antes que verse diezmados por la ley de la selva.2 Debieron crear una forma, la mejor que pudieron, de preservar su existencia. Luego se acostumbraron a reconocer derechos y obligaciones -siempre recíprocos- y advirtieron la conveniencia, por el imperio de la razón y el consejo del instinto, de instituir una sociedad que les asegurase la supervivencia en condiciones de moralidad y justicia.3 Esto implica la institución de obligaciones y derechos, y en definitiva la posibilidad y necesidad de garantizar a cada quien su derecho. Luego haría fortuna la fórmula romana de esta decisión,4 hasta resolverse en una costumbre que llegaría a nuestros días.

Esa historia se reproduce cada vez que se funda una república. Los nuevos protagonistas republicanos deben ensayar cierto sistema de justicia; un orden propio, tal vez inspirado en el orden antiguo al que se añaden novedosos ingredientes, característicos de los motivos que condujeron al pueblo en la insurgencia: la seguridad, la libertad, la justicia. Al final, cada Constitución deviene un proyecto de justicia.5 Así las cosas, es natural que la nación, conducida por los padres fundadores -ideólogos, estadistas, generales- establezca el catálogo de los delitos, plegado a los bienes que más estima la nueva república, y disponga la relación de las penas, para el caso de que se vulneren o pongan en peligro esos bienes preciados.

Si se observan los derechos fundamentales del individuo, por una parte, y la composición del sistema penal, por la otra, se advertirá desde luego que aquéllos proponen la defensa de la vida y la libertad de los hombres. En su turno, el sistema penal -con todo el aparato que denominamos "justicia penal"- se dirige a preservar los bienes seleccionados en los derechos fundamentales y a resolver por qué, cómo, por quién y hasta dónde pueden ser reducidos o cancelados. Al primer propósito sirven los "tipos penales", las "figuras delictivas"; y al segundo las consecuencias jurídicas del delito, las sanciones, las penas y medidas. Por ello -y por más que eso- el sistema penal anuncia, con gran eficacia, el carácter autoritario o democrático de una sociedad política.6

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