Análisis Conflicto Latino Americano

TABLA DE CONTENIDO

ANTECEDENTES DE LA GUERRA………………………………………………..4

PROSPECTIVA ……………………………………………………………………8

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..12

ANTECENDENTES DE CONFLICTOS LATINOAMERICA……………………..18

ANALISIS……………………………………………………………………………19

ANTECEDENTES

Desde la promulgación del código constitucional de 1811, promulgado por el presidente Jorge Tadeo Lozano, el Ejército vio en el poder de las armas un instrumento de la seguridad ciudadana y de las instituciones civiles. No fue, como en otras naciones surgidas del coloniaje ibérico, una fuerza gobernante erigida sobre las bayonetas, sino una sólida plataforma para sustentar un régimen constitucional de libertades y derechos armonizados por la Ley.

El efecto social de la tarea del Ejército es inmenso. Garantizar el libre acceso de la población, en particular de aquella ubicada en áreas alejadas de los centros de producción, a los bienes propios de una economía moderna, a los servicios sociales a los que tiene derecho y a las oportunidades que brinda el turismo, significa una mejor calidad de vida para la población rural y contribuye a valorizar, transformar y modernizar las actividades propias de estas zonas, como es el caso de las agropecuarias y mineras.

El gran reto del país es incrementar su posición como destino deseable para la inversión y hacer sostenible su modelo de desarrollo, de manera que se logren cada vez mayores tasas de crecimiento económico, generación de riqueza, oportunidades de trabajo e inclusión social. Hay que hacer esfuerzos para mejorar la infraestructura, incorporar nuevos desarrollos tecnológicos, ampliar el mercado, incrementar el capital humano y crear nuevas oportunidades para que la población tenga acceso a los beneficios de la economía moderna Seis fueron las constituciones promulgadas en el siglo XIX, a partir de la disolución de la Colombia forjada por el Libertador con los tres segmentos del Virreinato de la Nueva Granada. Como péndulo del reloj de la historia, oscilaron entre extremos federalistas y centralistas o radicales y conservadores.

Los cambios profundos introducidos por cada nueva constitución en el campo político hallaron en el Ejército al centinela insobornable de la legalidad democrática, que aseguraba el cambio pacífico de una a otra ideología, en la concepción del poder y la organización del Estado. Sus comandantes nunca actuaron como jueces para dirimir disputas políticas o incidir en resultados electorales, incluso cuando tales cambios les fueron desfavorables para el cumplimiento de su misión de defensa del suelo patrio y de la institucionalidad.

Siete revoluciones partidistas se sucedieron en los intervalos regidos por cartas constitucionales cambiantes. Ninguna de ellas se fraguó en los cuarteles o el alto mando militar. Solo una de ellas resultó triunfante, no porque el Ejército se dividiera en favor de las dos fuerzas en conflicto, sino por la errada conducción política del gobernante de turno y la habilidad militar del caudillo sublevado. Fue la que condujo el General Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno del presidente Mariano Ospina Rodríguez.

El Ejército había sido reducido a 553 hombres. Pese a la insuficiencia de la cifra, ambos grupos recurrieron a fuerzas colecticias, reclutadas en comarcas de mayoría roja o azul. Fue la última de las contiendas civiles donde generales de la independencia dominaron el panorama bélico del siglo XIX.

Ya en el ámbito de toma de estado lo dio el General José María Obando, ante los graves desórdenes entre comerciantes y artesanos en torno al liberalismo. El General José María Melo, ante los escasos poderes que la constitución de 1853 otorgaba al Jefe del Estado para mantener el orden interno, produjo el golpe de estado, después de fracasar el intento de que el presidente General José María Obando asumiera poderes dictatoriales.

Tres generales, ex presidentes de la Nación, Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López, se levantaron en armas contra el usurpador, pese a que se trataba de un compañero. Lo derrotaron en las propias calles de Bogotá y restituyeron la normatividad institucional, siguiendo el procedimiento señalado en la Constitución. Este hecho no se habría presentado en otro país de Hispanoamérica, donde los vencedores se habrían alzado con el poder.

El segundo caso corrió a cargo del General Mosquera, quién se declaró dictador, cerrando el Congreso, cuando ejercía la presidencia por el partido radical en 1867. Ocupaba la comandancia de la Guardia Nacional por desaparición del Ejército en los Estados Unidos de Colombia, y el legislativo entró en conflicto con él. El General Santos Acosta, apoyado por un grupo de civiles, apresó al dictador y lo reemplazó constitucionalmente en la presidencia, por ser Vicepresidente.

El tercero y último es en el siglo XIX. Lo ejecutó el vicepresidente José Manuel Marroquín, de la corriente nacional, contra el presidente José Manuel Sanclemente, elegido por la corriente histórica del conservatismo dividido. Debido a su edad avanzada y precaria salud, Sanclemente gobernaba desde su Valle del Cauca natal, lo que generaba toda suerte de problemas, incluso documentos de Estado que sus ministros firmaban con sello de caucho con la rúbrica de Sanclemente. Apresado en Villeta, en donde se habían residenciado para estar más cerca a la sede del gobierno, fue reemplazado por Marroquín. Fue un golpe de naturaleza civil, producido dentro de la organización del Estado, y el mando militar se marginó, acatando al Vicepresidente como Jefe del Estado.

Para fortuna del país, en 1904 resultó elegido el presidente General Rafael Reyes, rodeado de prestigio en todas las tendencias. Invitó al gobierno a sus contendores liberales en la revolución del 95, generales Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe. Se rodeó de personajes de ambos partidos, con lo cual logró la concordia nacional.

Reformador y estadística visionario, acometió colosal tarea en todos los frentes con energía y entusiasmo. La más trascendental de sus reformas cubrió al Ejército. Comenzó por fundar la Escuela Militar Moderna, con una misión chilena. En 1909 la extendió a las Escuelas Naval y Superior de Guerra, consiguiendo –a la par con la profesionalización institucional– la apoliticidad, que marcaría

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