Rómulo Betancourt

Rómulo Betancourt (que de octubre de 1945 a marzo de 1948 había presidido la Junta Revolucionaria de Gobierno) llegó a la Presidencia constitucional de la República a escasos días de cumplir 52 años de edad. Venía de ganar por sufragio universal directo y secreto las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958 por la Junta de Gobierno con una votación de 1.284.092 sufragios, un 49,18% de los votos emitidos para presidente.

Durante este período, más que un plan se desarrolló un programa de inversiones. La parte cualitativa profundizó en los problemas derivados de la concentración de actividades en la zona central del país, en los lineamientos para llevar a cabo una reforma agraria y en el diseño de un programa de industrialización que tenía como base los principales polos de desarrollo localizados en distintas regiones. Cuando Rómulo Betancourt asumió la presidencia de la República en 1959 comienza un Gobierno de coalición que emprendería en base al acuerdo logrado entre Acción Democrática, COPEI y URD, a través del Pacto de Punto Fijo suscrito por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, el 31 de octubre de 1958.

El presidente de la República expresó que el país había sido dejado al borde de la bancarrota por la dictadura, situación que su gobierno enfrentaría con austeridad y honradez, anunciando al mismo tiempo la realización de programas reclamados por el desarrollo económico nacional, como los de la Petroquímica y la Siderúrgica, en base a la necesidad de diversificar y “venezonalizar” la producción nacional. Por otra parte, Bentancourt manifestó su intención de hacer una utilización racional del crédito público para atender problemas de primera magnitud como el desempleo, la vivienda, el analfabetismo, la educación y la salud. Llamó la atención sobre las necesidades sociales de la población: “Una política concertada de creación de fuentes permanentes de trabajo, de reforma agraria, de educación, de vivienda, de salud pública, la está exigiendo Venezuela en imperiosa forma, y desatender esas necesidades significaría no sólo criminal renuncia por la sociedad y por el Estado a sus deberes hacia la parte menos favorecida en la distribución de la renta nacional, sino un seguro riesgo de que el país se vea sacudido dentro de plazo más o menos largo por un desbordamiento de masas de pueblos desesperados, similar al turbión de la Guerra Federal”

...