ACUERDOS DE PAZ

ACUERDOS DE PAZ

En el año 1986 Vinicio Cerezo, el primer presidente civil de Guatemala en 20 años, tomó el poder. Este retorno al dominio civil inició una década de discusiones pero no habían cambios significativos para la mayoría de la sociedad.

A pesar de que la elección presidencial en 1996 perjudicó la confianza del público en el proceso electoral (63% de votantes registrados se quedaron en casa aquel día), el cambio en el gobierno sí resultó en un cambio en las discusiones en que se centraban en las posibilidades de un mejoramiento social.

El nuevo presidente, Álvaro Arzú y su partido, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), se reunió con los líderes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) con el objetivo de lograr un acuerdo que acabara una guerra civil sangrienta de 36 años que había tomado 200,000 vidas y que resultó en la desaparición de más 50,000 (la mayoría de las desapariciones se le adjudicaron al gobierno y sus aliados paramilitares.

Los Acuerdos de Paz fueron firmados el día 29 de diciembre de 1996 por el gobierno y la URNG y acabó la guerra oficialmente, dando una posibilidad de esperanza al país de Guatemala y construyendo una vía hacia la democracia.

Los propósitos principales de los acuerdos eran: investigar violaciones de derechos humanos cometidos anteriormente a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, supervisado por MINUGUA (Misión de Investigación de las Naciones Unidas en Guatemala) reconocer la identidad de las personas indígenas eliminar la discriminación y promover el desarrollo socioeconómico para todos los guatemaltecos

Aunque los objetivos de los Acuerdos eran innegablemente ambiciosos, el progreso de los objetivos durante la presidencia de Arzú era extremamente lento. Uno de los mayores retrasos era el fracaso de la población en mayo de 1999 de aprobar una propuesta de enmendar la constitución y permitir más derechos a los mayas. La presencia era poca (más o menos 18%) y la mayoría de la comunidad indígena simplemente no votó. Eso subrayó la animosidad intensa sentido por la mayoría de los mayas por un sistema político que los han explotado por siglos.

Aunque Arzú rebajó el número de las Fuerzas Armadas, su influencia y posición como el poder real del país no cambió durante su administración. Los oficiales militares tenían la culpa de la mayoría de las atrocidades durante el conflicto armado pero ellos lograron evadir un proceso – Arzú simplemente no se atrevía a tocarlos. Entonces, en abril de 1998 dos días después de haber publicado una investigación esperada de las masacres durante el conflicto armado, el obispo Juan Geradi fue golpeado y matado en su garaje en la Ciudad de Guatemala, un evento que se asombró a la nación. Aunque los guatemaltecos estaban acostumbrados a niveles horrorosos de violencia política, la mayoría pensaba que los días de desaparecimientos y brigadas de muerte habían terminado. Un periódico escribió: Se suponía que eso no iba a acontecer otra vez . Ya no más.

A pesar de este asesinato, los niveles de violencia política sí disminuyó durante los años de Arzú. Sin embargo había un aumento en el ritmo de delitos, con más y más incidencias de robos, atracos y asesinatos relacionados con drogas y pandillas. A pesar de su pequeña población, en 1997 Guatemala tuvo el cuarto lugar de más secuestros con más de un mil personas desaparecidas. Una nueva fuerza de policía, la PNC (la Policía Nacional Civil), fue reformada por expertos de España, Chile, los Estados Unidos, pero rápidamente ganó una reputación de corrupta e inepta, tan mal como la de su predecesora.

Según un informe reciente de MINUGUA, la misión establecida por las Naciones Unidas para asegurar que en Guatemala se cumple con los Acuerdos de Paz, los compromisos claves de los Acuerdos con respecto a las Fuerzas Armadas no han sido seguidos. (MINUGUA, Cuarto Informe de la Verificación de Seguimiento con los Acuerdos de Paz, 12/1999.)

Ahora que la mayoría de los compromisos de los Acuerdos no han sido cumplidos, muchos están preguntándose si el proceso se ha estancado o ha empeorado. La sociedad continúa sintiendo los efectos de la presencia militar, de la pobreza, las amenazas de sus derechos humanos, y disturbios sociales. Por ejemplo, si bien hay una prohibición en la formación de la militaría (IMET) para Guatemala desde 1990, hay temor que esta decisión pueda cambiarse fácilmente en el clima político de hoy, una decisión que afectaría la seguridad de la sociedad guatemalteca.

Los Acuerdos de Paz eran, al principio, un gran paso para Guatemala, pero sin alguien para hacerlos cumplir no va a progresar nada.

DERECHOS HUMANOS

El Procurador de los Derechos Humanos es el comisionado del Congreso de la República para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política de la República le asigna, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.

La persona que es electa para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, debe reunir las mismas calidades que se requieren para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Goza de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. Quien es electo como Procurador, no puede desempeñar otros cargos públicos ni fungir en cargos directivos de partidos políticos, de organizaciones sindicales, patronales o laborales. Tampoco puede ejercer la profesión ni fungir como ministro de cualquier religión.

En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos es electo por el Pleno del Congreso para un período improrrogable de cinco años. Necesita como mínimo dos tercios del total de votos, en una sesión especialmente convocada para ese efecto. Es electo de una terna de candidatos propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en un plazo de 30 días contados a partir de la entrega de dicho listado.

Para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con el auxilio de dos Procuradores adjuntos. Estos le pueden sustituir, por orden de nombramiento, en caso de impedimento o de ausencia temporal y ocuparán el cargo en caso quede vacante, en tanto se elige al nuevo titular. Estos Procuradores adjuntos deben reunir las mismas calidades requeridas para el cargo de Procurador y son designados directamente por éste.

Funciones

El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:

1. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos;

2. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas;

3. Investigar toda

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