ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA POLITICO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SISTEMA POLÍTICO GUATEMALTECO

La estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, sociales y culturales en Guatemala han sido profundamente antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia proclamada en el año 1821, acontecimiento promovido por las elites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de sectores minoritarios y privilegiados. “Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza durante el conflicto armado interno, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres mayoritariamente de descendencia maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia social.”

El aspecto antidemocrático de la tradición política en el país, tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, que generó las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a los que se adhirieron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. Guatemala como unidad política organizada, se fue articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.

La negación estatal de una política social eficaz, exceptuando la época revolucionaria en los años 1944 a 1954, acentúo esta dinámica histórica excluyente. En muchos casos las políticas gubernamentales durante el período que nos ocupa, fomentaron las desigualdades o, como mínimo, su endémica debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como ejemplo, durante los veinte años de mayor crecimiento económico en el país, de 1960 a 1980, el gasto social guatemalteco fue el menor de Centroamérica y la carga tributaria a su vez la más baja.

El Estado fue incapaz de arribar a un consenso social en torno a un proyecto de nación que aglutinara al conjunto de la población. Renunció a su papel de mediador entre los intereses sociales y económicos divergentes, abriendo un vacío que facilitó la confrontación directa entre los sectores afectados. Las sucesivas Constituciones de la República y las garantías de los derechos humanos y cívicos contenidas en ellas, se convirtieron en instrumentos formales, violados por diversas instancias del mismo.

El poder legislativo y los partidos políticos conservadores y anticomunistas que en él participaron, también contribuyeron a la creciente polarización y exclusión, dictando normas legales que legitimaron los regímenes de excepción y supresión de los derechos civiles y políticos, así como impidieron procesos de cambio. Se produjo una ausencia efectiva de mecanismos institucionales apropiados para canalizar las inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los distintos grupos de población. La falta de cauces para orientar constructivamente el disenso a través de fórmulas de mediación propias de los sistemas democráticos, consolidó aún más una cultura política confrontativa e intolerante y provocó una retroalimentación casi ininterrumpida de inestabilidad que impregnó todo el orden social.

Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social provocó protestas y luego inestabilidad política, que permanentemente solo tuvo dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió crecientemente a la violencia política como expresión directa de la estructura social y el terror para mantener el control social. El sistema judicial del país, por su ineficiencia deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley. Por omisión o acción, el poder judicial alentó el agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia patria. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura estatal, convirtiéndose tanto en un medio, cobijando y protegiendo las actuaciones represivas del régimen así como las de particulares afines a sus propósitos; y como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales.

Situándonos históricamente, luego del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, segundo de la revolución de octubre de 1944, como se la conoce, en el primero, fue Presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo , se dio un apresurado proceso de cierre de espacios políticos, inspirado en un anticomunismo fundamentalista que condenó un movimiento social amplio y diverso, consolidando mediante las leyes el carácter restrictivo y excluyente del juego político, tal es el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto Ley número 387 emanado del Jefe de Estado en Consejo de Ministros, el 23 de octubre de 1965, ordenamiento legal que reguló la actividad política nacional, hasta el 23 de marzo de 1982, que en el segundo párrafo de su Artículo 20, contemplaba la prohibición para “… la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales, atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala”

Estas restricciones a la participación política, fueron pactadas por diversos sectores de poder fáctico del país y activadas por las fuerzas civiles y políticas de esa época. Este proceso constituye en sí mismo una de las evidencias más contundentes de las estrechas relaciones entre el poder militar, la elite económica y los partidos surgidos en el año 1954.

A partir de 1963, además de las restricciones legales, la creciente represión estatal contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor decisivo en el cierre de las opciones políticas en Guatemala.

La coincidencia de fenómenos como la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustanciales que pudieran haber reducido los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron profundamente el origen del conflicto armado interno.

Enfrentamiento armado, que aparentemente protagonizaron el ejército nacional y el movimiento insurgente, de tendencia marxista-leninista, que se vino conformando, dentro de una espiral de violencia, a partir del año 1962, con la fundación del primer grupo guerrillero, que se hizo llamar Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, MR-13, al que

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