Alfonsin Y Los Militares

Alfonsín y los Militares

Las reformas ALFOSINISTAS

La llegada de Alfonsín a la presidencia significó poner en práctica las medidas relacionadas con las fuerzas armadas y los derechos humanos que la UCR señaló de acuerdo a la demanda social.

Las medidas tenían como objetivo el comienzo del proceso de desmilitarización de la armada. Como expone San Martino de Dromi algunas de ellas fueron: eliminación de cargos de comandante en jefe, creando el cargo de Estado Mayor Conjunto de la armada reorganización de los servicios de informaciones, cumpliendo los militares funciones específicas . Además se sumó revisar las acciones realizadas en el atlántico sur y la reducción del presupuesto militar

Por lo tanto, siguiendo esta política se designaron nuevos cargos como el de Ministro de Defensa con Raúl Borras y el jefe de Estado Mayor Conjunto Julio Fernández Torres. Además se reconoció que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares.

Por primera vez se visualizaron civiles ocupando puestos que antes habían pertenecían a los militares solamente. Así comenzó un proceso de sumisión del aparato miliar al Estado, en vistas de reconstruir la democracia, como dice Juan José Sebreli: “Alfonsín tuvo bien claro, ése tal vez haya sido su mayor merito, que era imposible realizar la democracia si no conseguía subordinar las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, desactivarlas como factor de poder político” .

Por otra parte, el presidente había advertido que no podían quedar impunes las violaciones a los derechos humanos, cometidos por la represión ejercida por el terrorismo de Estado. Debido a esto se sancionó los decretos 157 y 158. El primer de ellos se proponía la persecución penal a aquellos individuos que hubieran cometido delitos de asociación ilícita, apología del crimen, instigación pública a cometer delitos y todo tipo de atentados contra el orden público y a la paz interior a partir del 25 de mayo de 1973. Así se declaró la persecución contra Mario Eduardo Firmerich, Fernando Vaca Narvaja entre otros.

El segundo de estos decretos sostenían que los integrantes de las tres juntas militares se someterían a juicio ante el Consejo supremo de la fuerzas armadas, por los delitos de homicidio, privación de la libertad y torturas a detenidos. Ambos decretos fueron aprobados y sancionados por el poder Ejecutivo.

Además, Alfonsín anunció la derogación y la declaración de nulidad de la ley de amnistía Nª 22.924. Esta ley tenía como fin la persecución de algunos militares, no de la institución completa. Por lo tanto la investigación y el castigo fueron elementos necesarios para proteger la ansiada democracia que estaba renaciendo. Los debates en diputados y senadores en su mayoría rechazaron el olvido.

Otra media que trató el Congreso fue la reforma del Código de Justicia Militar, donde la modificación consistió en impedirles a las fuerzas armadas juzgar a sus miembros por delitos contemplados en el código penal. Finalmente la ley de reforma del Código de Justicia Militar fue aprobada con votos de los radicales y de los senadores de los partidos provinciales.

Otro proyecto tratado fue el referente a la obediencia debida, ya que el mismo contemplaría con otro criterio la situación de los militares que solo actuaron en el cumplimiento de órdenes a sus superiores.

El juicio a la Junta

Desde un primer momento el juicio por subversión fue una tarea encomendado al Consejo Supremo de las Fuerza Armadas, este organismo sin dudas demoro su decisión. Sin embargo, la investigación sobre las víctimas del proceso continuó con la entrega por parte de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas), precedida por Ernesto Sábato de un informe que comprometió a 1300 militares de haber secuestrado, torturado y asesinado a seres humanos.

Ante esto, el consejo Supremo comunicó que no dictaría sentencia antes de la fecha fijada y además envió un escrito donde expuso que los decretos y órdenes de operaciones que concentraron el accionar militar contra la subversión eran inobjetables. Sin embargo, en símbolo de solidaridad con sus camaradas Militares y la presión ejercida desde el Gobierno obligaron a que todos los miembros del Consejo Supremo de las fuerzas armadas renunciaran.

Ante esta situación, el 22 de abril de 1985 el Estado inicio el proceso de juicio a la Junta Militar. La tarea fue encomendada a los jueces Jorge Edwin Torlasco, Carlos León Arslanian, Andrés José D´ Alessio, Jorge A. Valerga Araoz, Guillermo Agustín Ledesma Y Ricardo R. GIL Lavedra.

Se dieron cita testigos como Antonio Cafiero, Ítalo Luder y Carlo Ruckauf que concedieron en señalar el ilegal procedimiento militar, además, se expusieron otros testimonios en contra y a favor; como fue caso del dirigente sindical Jorge Triaca. La defensa militar consistió sobre todo en demostrar la existencia de una guerra, en vista de ello no debería ser juzgado el accionar militar.

El 9 de diciembre de 1985 el fiscal Strassera anunció el fallo de la Cámara y sus sentencias. Los militares Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua, a Viola a 17 años a Lambruschini a 8, a Agosti a 4 y absolvieron a Graffigna, Anaya, Lami Dozo y Galtieri.

Por ello, la necesidad de aplicar justicia se hizo realidad como afirma Rouquié, ya que “El gobierno decidió entonces castigar a los cabecillas de mando para dar un ejemplo y tranquilizar la institución culpando a los miembros de las tres primeras juntas y distinguiendo tres niveles de responsabilidad: los instigadores, los simples ejecutantes y los que se excedieron al aplicar las órdenes. Justicia y no venganza, respecto sin debilitamiento del Estado de derecho y de la constitución, tales son las palabras maestras del gobierno radical” . El presidente con rapidez socorrió la demanda social e intento estabilizar la Institución Militar

Por primera vez un País Sudamericano se animaba a enjuiciar a las juntas

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